El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sigue la pista al capital venezolano que se ha aportado a la aerolínea Plus Ultra. Para ello, ha encargado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que realice un “estudio exhaustivo” sobre “la evolución de la propiedad del capital social” de la compañía, que permanece bajo el foco en el marco de una investigación sobre una supuesta trama de tráfico de influencias —presuntamente liderada por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero― para conseguir el rescate público de 53 millones de euros tras la pandemia.
La Fiscalía reclamó el informe al ver “particularmente significativa” la entrada de “personas de origen venezolano” en el capital social de la compañía y en sus órganos de gestión en 2017
El instructor de la Audiencia Nacional quiere conocer los cambios accionariales y los “desembolsos concretos y efectivos” en la aerolínea
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama quiere esclarecer la influencia venezolana en la financiación y los cambios accionariales que se han producido en la aerolínea Plus Ultra desde su constitución en 2011. Para ello, ha encargado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que realice un “estudio exhaustivo” sobre “la evolución de la propiedad del capital social” de la compañía que permanece bajo el foco de la causa en la que figura como investigado por presunto tráfico de influencias el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
En una providencia dictada este martes, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el instructor precisa que actúa a petición de la Fiscalía Anticorrupción. La fiscal Elena Lorente defendió que era pertinente reclamar a la UDEF el informe para analizar el “historial registral” completo de Plus Ultra, “desde su constitución hasta la fecha actual”. Así, el ministerio público quiere conocer los cambios accionariales, los “desembolsos concretos y efectivos”, la evolución de la propiedad y “cuantos aspectos relativos a su financiación resulten de interés, atendiendo tanto a las inscripciones registrales como a cuantos documentos permitan determinar los mencionados extremos”.
La Fiscalía incide en que Plus Ultra se constituyó el 25 de agosto de 2011, con Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque como “socios fundadores”. Y recalca que, “posteriormente”, se produjeron “diversos cambios accionariales”. En concreto, subraya como “particularmente significativo” las modificaciones que tuvieron lugar en 2017, cuando “personas de origen venezolano” entran en “el capital social y en los órganos de gestión”. En el escrito, al que también ha tenido acceso este periódico, Anticorrupción sostiene que el “alcance y eventual impacto” del acceso de “capital venezolano” a Plus Ultra en la petición del rescate de 53 millones de euros “debe ser objeto de análisis”.
Está previsto que los días 7 y 8 de septiembre, el juez interrogue a Julio Martínez Sola, presidente de la aerolínea, y a su consejero delegado, Roberto Roselli. Calama dio ese paso después de que ambos enviaran sendos escritos a la Audiencia Nacional para implicar a Zapatero en la obtención de ayudas públicas. Los dos directivos se pronunciaron en la misma línea que expuso el empresario Julio Martínez Martínez, dueño de la consultora Análisis Relevante ―clave en la investigación―, que señaló que el antiguo líder del PSOE “marcaba los pasos a seguir” en las gestiones que conllevaron al rescate de Plus Ultra durante la pandemia.
Al margen, está pendiente que Calama reciba otro informe que encargó a la UDEF sobre los movimientos en 57 cuentas bancarias de Zapatero, sus dos hijas y su secretaria desde enero de 2020, así como de una docena de sociedades investigadas en este procedimiento.
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