El plan del PP para sostener a Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana pese a su gestión de la dana que causó la muerte de 228 personas afronta un hito este viernes. Salomé Pradas, consejera de Interior, Justicia y responsable de la política de Emergencias de la Generalitat Valenciana durante la tragedia, declara hoy en el juzgado de Instrucción Número 3 de Catarroja (Valencia). Pradas, que fue cesada del cargo el pasado noviembre, junto a su número dos y responsable de Emergencias, Emilio Argüeso, son los dos únicos imputados por el momento en la causa. Ambos declaran por primera vez ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra, que ha puesto en la diana la “errónea y tardía alerta” de las riadas que se envió a la población el pasado 29 de octubre. El PP contiene el aliento ante el desarrollo de la instrucción judicial, pero el partido confía en que en esta primera declaración Pradas no tire de la manta. La estrategia de la exconsejera, según fuentes populares, no prevé cuestionar al presidente de la Generalitat en esta fase procesal. El PP espera que la exresponsable de la emergencia trate de “exculparse a sí misma, pero sin incriminar a Mazón”, apuntan fuentes al tanto de su plan, aunque nadie sabe a ciencia cierta cómo puede terminar el interrogatorio en el juzgado.
La exresponsable de Interior de la Generalitat declara este viernes como imputada en el juzgado de Catarroja
El plan del PP para sostener a Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana pese a su gestión de la dana que causó la muerte de 228 personas afronta un hito este viernes. Salomé Pradas, consejera de Interior, Justicia y responsable de la política de Emergencias de la Generalitat Valenciana durante la tragedia, declara hoy en el juzgado de Instrucción Número 3 de Catarroja (Valencia). Pradas, que fue cesada del cargo el pasado noviembre, junto a su número dos y responsable de Emergencias, Emilio Argüeso, son los dos únicos imputados por el momento en la causa. Ambos declaran por primera vez ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra, que ha puesto en la diana la “errónea y tardía alerta” de las riadas que se envió a la población el pasado 29 de octubre. El PP contiene el aliento ante el desarrollo de la instrucción judicial, pero el partido confía en que en esta primera declaración Pradas no tire de la manta. La estrategia de la exconsejera, según fuentes populares, no prevé cuestionar al presidente de la Generalitat en esta fase procesal. El PP espera que la exresponsable de la emergencia trate de “exculparse a sí misma, pero sin incriminar a Mazón”, apuntan fuentes al tanto de su plan, aunque nadie sabe a ciencia cierta cómo puede terminar el interrogatorio en el juzgado.
La estrategia de Pradas, según ha podido saber EL PAÍS, no prevé cuestionar al presidente de la Generalitat Valenciana. Responderá a la jueza, siempre según estas fuentes, que no tenía información previa de lo que estaba sucediendo en el barranco del Poyo y criticará la gestión de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que depende del Ministerio de Transición Ecológica. En principio, Pradas solo contestará a preguntas de su abogado. El PP valenciano confía en que esta declaración no suponga un revés para la causa, sino todo lo contrario, que sea un balón de oxígeno para la Generalitat.
Lo mismo esperan otros sectores del PP informados de las intenciones de la exconsejera, mientras la dirección popular afirma afrontar con “tranquilidad” su declaración. Sin embargo, Pradas, según fuentes populares, se ha aislado en un piso que tiene en Benicàssim y no quiere ver a nadie del partido. Está muy afectada anímicamente por lo sucedido, pero a la vez tiene una larga experiencia política y también es abogada. Antes de llegar al Gobierno de la Generalitat, Pradas fue senadora por Castellón durante cuatro legislaturas y portavoz adjunta y secretaria general del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. “Ella es muy lista y va a tratar de no salirse del guion. Puede responsabilizar a los técnicos del Cecopi. Esto es solo la instrucción, no el juicio oral. Puestos a tirar de la manta, hay otros tiempos posteriores para llegar, por ejemplo, a un pacto con la Fiscalía”, relata un dirigente popular que la conoce bien. Pero avisa: “Si se llega a juicio oral, eso puede ser ya un sálvese quien pueda”.
En el auto de imputación, la jueza de Catarroja destacó que la exconsejera era la “máxima autoridad” en la adopción de “medidas de autoprotección de la población” durante las colosales inundaciones. Y que su declaración tiene “relevancia orgánica y, por ende, decisoria”. Tras conocerse su imputación, Pradas hizo público un comunicado en el que declaró: “Se sabrá toda la verdad, cumplí desde el primer minuto con mis funciones”.
La pregunta que sobrevuela a su estrategia judicial es si será compatible tratar de exculparse a sí misma con no incriminar a Mazón. Pradas tiene en su poder el registro de las llamadas y los mensajes que se intercambió con el president de la Generalitat el día de la tragedia, que de momento no ha sido requerido por la jueza. En principio, según la ley, ella es la principal responsable política de una emergencia, pero algunos juristas consideran que si se demuestra que Mazón participó de la decisión del envío de la alerta, también podría verse salpicado. Por eso es clave lo que Pradas pueda revelar sobre sus comunicaciones con el president el 29 de octubre.
Además de Pradas, este viernes declara también quien fue su número dos, Emilio Argüeso, secretario autonómico de Emergencias del Gobierno de Carlos Mazón durante la dana. Argüeso advirtió a la Generalitat de la gravedad de la catástrofe a primera hora de la tarde del 29 de octubre, según un informe pericial de su teléfono al que ha tenido acceso EL PAÍS y que ha sido aportado por Argüeso a la causa.
La estrategia política de la dirección nacional del PP pasa por sostener a Mazón al frente de la Generalitat en principio hasta finales de 2026, cuando se elija a un nuevo candidato para las próximas elecciones autonómicas. La mejor situada para ese puesto es la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. Mazón, según ironizan algunos dirigentes populares, es en estos momentos “un president fijo discontinuo”, porque se le da por amortizado, mientras se apuesta por esperar para su relevo. Pero todo el plan puede verse alterado por el desarrollo de la causa judicial, y por la estrategia judicial que sigan los principales implicados, como Pradas y Argüeso.
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