Érase una vez un pueblo por el que casi no circulaban coches, pero que vivía de ellos. Rozas de Puerto Real es un pequeño municipio al oeste de Madrid, en la frontera con Ávila. Es un lugar discreto, rodeado de montes y castaños y donde la vida, a casi hora y media de la capital, parece discurrir a otro ritmo. Pero detrás de su fachada rural se esconde un dato tan improbable como revelador: sus 580 vecinos tocan a 86 vehículos por cabeza. Estadísticamente hablando, claro. Porque lo que ha conseguido Rozas no es una flota privada de casi 50.000 automóviles, sino una proeza fiscal basada en la eficiencia burocrática y un conocimiento preciso de los impuestos.
Rozas de Puerto Real, en Madrid, es uno de los municipios que reducen al máximo las tasas de circulación para atraer a grandes flotas. Las empresas logran un ahorro fiscal de decenas de miles de euros y los consistorios aumentan sus ingresos
Érase una vez un pueblo por el que casi no circulaban coches, pero que vivía de ellos. Rozas de Puerto Real es un pequeño municipio al oeste de Madrid, en la frontera con Ávila. Es un lugar discreto, rodeado de montes y castaños y donde la vida, a casi hora y media de la capital, parece discurrir a otro ritmo. Pero detrás de su fachada rural se esconde un dato tan improbable como revelador: sus 580 vecinos tocan a 86 vehículos por cabeza. Estadísticamente hablando, claro. Porque lo que ha conseguido Rozas no es una flota privada de casi 50.000 automóviles, sino una proeza fiscal basada en la eficiencia burocrática y un conocimiento preciso de los impuestos.
¿Cómo ha ocurrido esto? La respuesta es una mezcla de picaresca moderna, ingeniería administrativa y un profundo entendimiento de las reglas del juego tributario que permiten a este pequeño municipio ―y otros como él― atraer a decenas de miles de coches que jamás crean atascos ni pisan sus calles, pero que dejan en ellas suculentos ingresos. Todo viene del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, o el de circulación, como lo conoce la mayoría de la gente. Se trata de una tasa local que se paga anualmente y cuya cuantía varía según el municipio donde esté dado de alta el vehículo. Rozas tiene el impuesto en el mínimo legal y, en paralelo, ha desarrollado políticas específicas para atraer a grandes flotas de renting y leasing, concesionarios y empresas del sector. Allí tienen presencia legal, entre otras, gigantes como Stellantis, Ocasión Plus, Volvo, Rental Plus u Ok Mobility.
“Esto aquí es un secreto a voces”, explica uno de los pocos vecinos del municipio, que al ser preguntado accede a hablar del tema, siempre y cuando no salga publicado su nombre. “El pueblo lleva mucho tiempo atrayendo a estas empresas” y, a cambio, “obtiene más dinero”. Es una práctica que “puede ser fea”, admite, “pero somos un pueblo pequeño y eso le permite al ayuntamiento tener más dinero para mejorar las calles, el gimnasio y la piscina y pagar las fiestas”, añade. Gracias a eso, justifica otro residente, también se han construido casas de protección oficial.
Hay más municipios que recurren a estas maniobras y se benefician del vacío legal. Según las fichas socioeconómicas del Consejo General de Economistas correspondientes a 2024, el récord de vehículos por habitante lo ostenta La Hiruela (Madrid), con 104 coches por cada uno de sus 83 vecinos. Tras Rozas, figuran Colmenar del Arroyo y Patones, también en la Comunidad de Madrid, con alrededor de 50 automóviles por persona y poblaciones de 2.000 y 600 habitantes, respectivamente. En todos estos casos, la proporción supera ampliamente la media de España, que se sitúa en 0,5 vehículos por habitante.
La estrategia de estas localidades, explica Rafael Olañeta, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local y jefe de la Inspección de Hacienda en Barcelona, pasa por dejar el impuesto de circulación en mínimos. El gravamen está detallado en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de 2004, que fija los tipos impositivos para los turismos en función de sus caballos fiscales (algo parecido al nivel de potencia y contaminación). Estos van de los 12,62 euros por ocho caballos fiscales (CV) hasta los 112 euros por 20 CV o más. Los municipios que quieren convertirse en pequeños paraísos fiscales ponen el impuesto “al nivel más bajo permitido en cada tramo y, además, se sirven de otras estrategias adicionales”.
El inspector detalla que muchos ayuntamientos ceden locales o los alquilan a precios simbólicos para que las empresas fijen allí una sede o sucursal, con el objetivo de fingir que existe un domicilio. Otros, además, combinan estas prácticas con descuentos fiscales que rozan el fraude. “La normativa permite crear bonificaciones de hasta el 75% a determinados combustibles para premiar a los menos contaminantes”, señala. Pero algunos consistorios deciden bonificar todos los carburantes por igual, lo que “desvirtúa por completo la filosofía” de estas rebajas.
Con estas triquiñuelas, apunta Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), las empresas se ahorran grandes cuantías en impuestos y los municipios llenan sus arcas. En Madrid y Barcelona, prosigue, un vehículo medio paga por ejercicio 59 y 68 euros, respectivamente, mientras que en estos refugios fiscales del motor la factura es de 8,6 euros.
Para un particular que tiene un coche el alivio es anecdótico, pero para una flota de cientos o miles de vehículos el ahorro es estratosférico. La cuenta es simple. Una compañía con 5.000 coches pagará una media de 43.000 euros al año en uno de estos pueblos, frente a los 295.000 o 340.000 euros que abonaría en Madrid o Barcelona. El consistorio obtiene miles de euros de la nada y la empresa se ahorra otros tantos en impuestos.
Un paraíso fiscal en un buzón
Los municipios son reacios a hablar del tema. Los ayuntamientos de La Hiruela (gobernado por una agrupación local de electores), Colmenar del Arroyo (del PP) y Patones (del PSOE) cogen el teléfono, pero al ser preguntados por el impuesto remiten rápidamente a un correo electrónico al que después nunca responden.
En Rozas de Puerto Real, del PP, sucede lo mismo. Además, en una visita al ayuntamiento pocos días antes de las fiestas patronales, dos trabajadoras allí presentes niegan tanto la información requerida como un contacto para dirigirse a la persona adecuada. Alegan que no tienen tiempo para responder por el ajetreo y la preparación de los festejos, en los que actuó la famosa orquesta Panorama, cuyo caché parte de los 25.000 euros. Sin embargo, dos semanas después de que terminaran las fiestas, tampoco se obtiene respuesta.
El Registro Mercantil, sin embargo, permite ver el domicilio de las empresas. En el caso de Rozas, la mayoría están inscritas en el número 30 de la calle Cervantes, donde casualmente está el centro cultural del pueblo. Allí, el ayuntamiento dispone de una biblioteca y anuncia cursos de empleo y formación, pero también ha desplegado un vivero de empresas. Al menos, eso se lee en un cartel que luce sobre la fachada. Ya en el interior del edificio, sobre una pared lucen varios buzones con el nombre del fabricante Volvo, la empresa de alquiler de vehículos Ok Mobility, la casa de coches de segunda mano Ocasión Plus o el grupo Stellantis, que tiene en su catálogo marcas como Citroën, Fiat, Jeep, Opel o Peugeot. Un simple buzón es suficiente para que las empresas puedan acreditar allí su presencia, aunque en la realidad sus coches no pisen nunca el municipio.
Para Olañeta, esto supone una elusión fiscal basada en la simulación del domicilio. La Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que el impuesto se gestiona según la dirección que aparece en el permiso de circulación. Sin embargo, una instrucción de la Dirección General de Tráfico, de 2001, permite considerar como domicilio legal tanto el social como el de delegaciones, sucursales o agencias del propietario. “Para una persona jurídica es muy fácil desplegar delegaciones o sucursales para beneficiarse de las bonificaciones fiscales”, añade Arnaldo.
Así, un simple buzón o el cajón de un escritorio en un pequeño local son suficientes para simular la residencia, lamentan los expertos. “Esto ha sido usado de forma abusiva para registrar vehículos en municipios con menores tasas, aunque no exista actividad real allí”, resume el inspector.
Si los ayuntamientos optan por el silencio, las empresas no se quedan atrás. Varios concesionarios y compañías dedicadas al renting y el alquiler, como Ok Mobility u Ocasión Plus, se niegan a hacer comentarios. En Stellantis, un gigante con una facturación de más de 16.000 millones, no saben explicar los motivos que les han llevado a tener un buzón en Rozas. Solo Volvo reconoce estar allí por motivos fiscales, aunque en su caso, aseguran, la maniobra afecta a unos pocos cientos coches de empresa.
Ingresos insólitos
Como reconocía uno de los vecinos de Rozas de Puerto Real, estas prácticas reportan recursos fuera de lo común para este puñado de localidades. Según números del Ministerio de Hacienda, Rozas obtuvo en 2024 unos ingresos a través del impuesto de circulación de más de 842.000 euros. Para poder hacer paralelismos entre pueblos y comparar los efectos de manera exacta, la plataforma de datos Gobierto ofrece la recaudación por habitante. En el caso de Rozas, el impuesto de circulación reporta casi 1.450 euros por persona al año, una diferencia abismal con los 76 euros anotados en la provincia de Madrid y los 60 euros de media en España. En La Serratella (otro pequeño pueblo de Castellón) se ingresan 1.276 euros por vecino, en Colmenar del Arroyo y Patones se rozan los 800 euros y en La Hiruela, los 500 euros.
Los principales damnificados, claro está, son los grandes municipios. En ellos residen la mayor parte de los compradores y usuarios de vehículos de estas empresas y por sus calles circulan y hacen negocio las grandes flotas de renting y de transporte de usuarios. Sin embargo, los consistorios ven esfumarse millones de euros en ingresos que van a parar a los pueblos situados en sus órbitas. Además de todos los municipios madrileños (también entran en el grupo Venturada, Robledo de Chavela o Moralzarzal), en Barcelona hacen de las suyas Aguilar de Segarra o Rajadell, en Zaragoza está Retascón y en los archipiélagos cobran fuerza Tejeda (Canarias) y Escorca (Baleares).
Algunos ayuntamientos, como el de Barcelona, han pasado a la acción y han investigado a algunas empresas, demostrando la intención fraudulenta gracias a domiciliaciones mal ejecutadas. Olañeta explica que, con argumentos salidos de la Ley General Tributaria, lograron regularizar más de 15.000 vehículos entre 2015 y 2018, con unos cinco millones de euros recuperados entre cuotas, intereses y sanciones. Los expertos, sin embargo, reconocen que no siempre es fácil demostrar estas prácticas y los tribunales suelen dar la razón a las empresas.
Una posible solución para meter mano al dumping fiscal entre localidades es una reforma del impuesto a nivel estatal. Jesús Ramos, doctor en la Universidad Pablo de Olavide y experto en Derecho Público, propone en un documento del Instituto de Estudios Fiscales un marco legal común que limite el margen de discrecionalidad de los ayuntamientos en cuanto a las bonificaciones, asegurando que estas respondan a criterios ambientales y no a intereses recaudatorios. En paralelo, añade, sería necesario reforzar el control del domicilio fiscal para evitar abusos. Otras medidas son modificar la instrucción de la DGT y exigir pruebas de actividad real en el municipio donde se domicilia la flota: por ejemplo, contratos de trabajo locales, consumo eléctrico o metros cuadrados en uso. Además, se sugiere crear un sistema de información compartido entre Hacienda, Tráfico y ayuntamientos que detecte concentraciones anómalas de vehículos y active inmediatamente revisiones o auditorías.
El objetivo es acabar con esas flotas de coches fantasma que llenan los censos de pueblos diminutos, pero que llevan los atascos, el ruido y la contaminación a las grandes ciudades. Como recuerdan los expertos, lo que empezó como una estrategia para ganar competitividad fiscal amenaza con convertirse en un agujero negro cada vez más grande por el que se esfuman millones de euros de recursos públicos.
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