Desde hace semanas, los teléfonos vibran sin cesar en Minneapolis. Son cientos de pequeños calambrazos al día; uno por cada mensaje que reciben los vecinos apuntados en los grupos de Signal que vigilan y hostigan a los 3.000 agentes de la policía secreta migratoria de Donald Trump desplegados en la ciudad.
Con una mezcla de solidaridad y rebeldía, los vecinos de Minnesota llevan semanas perfeccionando la red con la que plantan cara a los agentes federales y han logrado torcer la mano del Gobierno de Estados Unidos
Desde hace semanas, los teléfonos vibran sin cesar en Minneapolis. Son cientos de pequeños calambrazos al día; uno por cada mensaje que reciben los vecinos apuntados en los grupos de Signal que vigilan y hostigan a los 3.000 agentes de la policía secreta migratoria de Donald Trump desplegados en la ciudad.
En esa red social encriptada, el papel de cada cual viene definido por un código de emoticonos: coches, platos, corazones vendados… Los hay que patrullan las calles en busca de los federales enmascarados, que circulan en coches sin marcar y van armados hasta los dientes. Están los que administran los primeros auxilios cuando la cosa se tuerce, los que fotografían matrículas y los que las cotejan con las bases de datos disponibles.
Hay varias llamadas al día de puesta en común. Cuando alguien avisa de una redada en marcha, los vehículos de los “observadores” que están en la zona salen zumbando para tratar de impedirla o, al menos, para ser testigos o entorpecer la cacería al inmigrante. Una vez allí, soplan sus silbatos, graban a los agentes con el móvil y se encaran con ellos. A veces acaban arrestados.
Cada barrio de las Twin Cities (que forman las ciudades gemelas de Minneapolis y St. Paul; 3,7 millones de habitantes en total) tiene su propio grupo. Y no es tan fácil ser admitido. El motivo se entiende después, con la primera advertencia al recién llegado: mejor no compartir ninguna información personal, porque “la extrema derecha se ha infiltrado” en ellos. Además, el FBI ya ha advertido de que analizará su contenido.
Así están las cosas en la nueva normalidad de la Minneapolis ocupada, que resiste desde hace dos meses a la Operación Metro Surge, ordenada por el Gobierno federal para acelerar las deportaciones en Minnesota, un Estado demócrata.
El hecho de que el porcentaje de indocumentados sea menor que en muchas otras partes del país no impidió que Trump advirtiera el 13 de enero a sus habitantes que les había llegado “EL DÍA DEL AJUSTE DE CUENTAS Y LA VENGANZA”. No estuvo claro entonces a qué se refería exactamente, pero esta semana no quedaron dudas de que la resistencia de ese “gran pueblo” está arruinando los planes de la Casa Blanca.
“La mayor deportación de la historia”
Minneapolis es la séptima parada, tras Los Ángeles, Washington, Chicago, Portland, Memphis y Nueva Orleans, de la autoritaria huida hacia delante de Trump, ansioso por firmar la “mayor deportación de la historia” de Estados Unidos y por tachar nombres de su lista de enemigos.
En todas esas ciudades, los agentes federales y la Guardia Nacional se encontraron con baches, pero lo de Minnesota se parece más a un muro infranqueable, especialmente desde que los agentes del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y la Patrulla Fronteriza mataron a balazos a dos estadounidenses indefensos: el enfermero de cuidados intensivos de un hospital de veteranos Alex Pretti y la poeta Renée Good.
Lejos de amedrentar a los manifestantes, esas muertes, grabadas con los móviles de ciudadanos como Kayla Schultz —que asistió a la de Pretti y no le tembló el pulso— han atizado el activismo de miles de vecinos: desde los veteranos activistas hasta los que, como contó Joey Keillor a EL PAÍS, nunca habían protestado antes.
“Se han topado con la gente más dura del país”, advierte Jaylani Hussein, líder de esa comunidad somalí que Trump ha empleado como pretexto para la ocupación al hacerla responsable en conjunto de un fraude masivo en las ayudas públicas. “Sobrevivimos a los peores inviernos, y lo hacemos sabiendo que podemos confiar en nuestros vecinos. Hemos creado el manual de resistencia para las ciudades que nos sigan en la lista”.
Ese manual está basado en la solidaridad, y no se entiende sin el precedente de las protestas por el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco, ni sin los vínculos e infraestructuras forjados entonces en las Twin Cities. Aunque esta vez sea distinta. “Lo de ahora carece de precedentes”, confirma Jim Winterer, periodista jubilado. Ha vivido toda su vida en Minnesota y fue de los pocos que levantó la mano cuando en una manifestación esta semana el orador preguntó si había alguien entre el público que hubiera participado en las protestas contra la guerra de Vietnam.
La columnista Lydia Polgreen, que ha cubierto conflictos por todo el mundo, escribió en The New York Times que lo visto sobre el terreno en Minnesota, Estado que no votó republicano ni cuando arrasó Ronald Reagan en 1980, le recordaba al inicio de una guerra civil. Aquí prefieren el paralelismo con la revolución contra los ingleses que hace 250 años trajo la independencia de Estados Unidos. “Esta vez el rey se llama Trump”, aclaró Ken Brown, mientras se manifestaba con un cartel diseñado por él mismo que acusaba a los agentes del ICE de ser “los orcos” del presidente.
Brown recordó, como decenas de otros entrevistados estos días, el momento en el que sintió la “necesidad de hacer algo”. En su caso fue pronto, cuando empezó a ver agentes enmascarados patrullando su ciudad. Pero pudo haber sido al asistir a los brutales arrestos de los que levantan acta los observadores de Signal o a las muertes en directo de Pretti y Good, dos estadounidenses blancos, como la inmensa mayoría de los que protestan.
Puente sobre la autopista
Ese “algo” puede ser, simplemente, aguantar durante horas el frío sujetando carteles que piden la expulsión o la abolición de ICE en los puentes sobre las autopistas, para que los conductores toquen sus bocinas al pasar. Los inquilinos de un edificio en el cruce de la calle 28 y la avenida Thomas salen desde hace semanas cada miércoles por la tarde a soplar con fuerza sus silbatos. Hay vecinos que donan o reparten comida a las familias necesitadas, o a las que no se atreven a salir a la calle por miedo a ser arrestadas y deportadas. Otros regalan dónuts, gafas y máscaras antigás, barras para los labios cortados por el frío y calentadores para las manos o los pies en una ciudad que esta semana ha alcanzado los 25 grados bajo cero.
A veces, basta con consumir: Miguel Zagal, de la Taquería La Hacienda contó el miércoles pasado que el negocio de sus padres estuvo tres semanas cerrado por miedo, y que, cuando volvieron a abrir, el barrio se volcó tanto en echarles una mano que cada día se quedaban sin comida antes del cierre. En otras ocasiones, funciona no gastar: muchos en la ciudad se han sumado a un boicot a los grandes almacenes Target, una de las 15 empresas del Fortune 500 con sede en Minneapolis. ¿El motivo? La prisa con la que sus gestores se plegaron a las exigencias de la Casa Blanca y eliminaron los programas de diversidad, igualdad e inclusión adoptados por un cálculo empresarial tras la muerte de Floyd.
La nativa americana Sarah Charging, miembro de las Tres Tribus Afiliadas de Dakota del Norte, empezó a protestar tras la muerte de Good, a la que un agente del ICE llamado Jonathan Ross, que aún no ha sido acusado de nada, disparó tres tiros a bocajarro. Desde entonces, Charging se planta “cuatro o cinco veces” por semana, “antes o después del trabajo” ante el edificio federal Obispo Whipple, la mole brutalista a la que llevan a los detenidos. Tanto a los inmigrantes indocumentados, a los que envían a otros Estados para entorpecer su defensa, como a los estadounidenses que detienen en las protestas o a los refugiados arrestados por error a los que luego no les pagan los billetes de vuelta desde lugares como Florida o Texas.
Al lado de un cartel que da bienvenida al complejo, en el que alguien ha tachado la palabra “empleados” y ha escrito “cerdos”, un coche que dice “Haven” (refugio) hace guardia 24 horas al día para asistir a los que sueltan sin cargos, muchas veces, de madrugada. “Les confiscan los teléfonos móviles y les quitan los abrigos”, advierte Cathy Anderson, una de las voluntarias.
En el Whipple no es raro que huela a gas lacrimógeno y hay gente a todas horas que, con o sin megáfono, gritan e insultan a los uniformados que custodian la entrada o a los 4X4 con cristales tintados que ingresan en el recinto, en torno al que han levantado una valla para contener a los manifestantes. A veces, los agentes cargan o lanzan botes de humo. A eso de las 10.00 del viernes, uno de ellos se fue para los que en ese momento estaban allí concentrados, y arrastró a un hombre por el suelo y lo detuvo sin aparente motivo.
Disfraz de rana
Estos días, en el Whipple había muchas banderas estadounidenses del revés, vieja señal marinera para advertir del peligro que aquí sirve de espejo de un país en crisis, y una mujer disfrazada de rana, que definió su estrategia de protesta como un acto de “frivolidad táctica”. Mike Camilleri, profesor de Denver (Colorado) y padre de tres hijos, contó que había conducido 13 horas para “tomar nota” y así poder contar a sus vecinos cómo se defendió “el pueblo libre de Minnesota”. Una jubilada llamada Lesley Ernst llevaba un silbato colgado del cuello y un cartel que decía “Jesús te ama”. “Supongo que soy uno de esos agitadores violentos de los que habla Trump”, dijo con ironía.
El presidente de Estados Unidos suele añadir, sin pruebas, que todo esto está financiado por agentes “desestabilizadores” como el magnate progresista George Soros. Aunque la aportación de Julie Prokes parezca mucho más modesta. Funcionario estatal, esta semana se la cogió libre para montar una mesa en el parking del Whipple, que ofrece gratis a los manifestantes desde barritas energéticas hasta café caliente o los silbatos que, dijo, fabrica en una impresora en 3-D en su casa, “a razón de 50 por día”. “Todo lo pago de mi bolsillo”, aclaró. También ofrece su coche, encendido a todas horas y con la calefacción puesta, por si alguien necesita entrar en calor.
Además de en ese improvisado puesto, los silbatos los dan gratis en muchos puntos de Minneapolis: desde Birchbark Books, la librería de la premio Pulitzer Louise Erdrich, a la pastelería que hay frente al lugar en el que hace un par de sábados unos agentes de la patrulla fronteriza acribillaron por la espalda a Pretti. Por allí, como por el sitio en el que Good perdió la vida, centenares de personas pasan cada día para llorar en silencio, presentar sus respetos, compartir sus pensamientos en voz alta, dejar una vela encendida o un papel con algo escrito.
En todos esos escenarios predominan los hombres y mujeres blancos. No solo porque representan el 77% del censo de Minnesota, un Estado en proceso de diversificación demográfica. También porque miles de personas, especialmente entre las familias hispanas y asiáticas, llevan semanas sin salir de sus casas por miedo a ser arrestadas. No son solo los indocumentados; también los ciudadanos y aquellos que residen legalmente en una ciudad en la que se ha vuelto una imprudencia ir por la vida sin el pasaporte encima.
Ese ambiente de pesadilla disuade a muchos latinos de sumarse a las protestas, o de participar en los grupos que vigilan los movimientos del ICE. Rogelio Aguilar —que asistió a la manifestación multitudinaria que tomó el viernes esas calles de Minneapolis del himno improvisado Bruce Springsteen poco después de que este actuara por sorpresa en una sala de la ciudad—, se cuenta entre los que sí se atreven. Llevaba una bandera y un poncho mexicanos, y contó que estos días se da largos paseos por la ciudad de esa desafiante guisa, porque, agregó, “los chicanos son siempre los que dan un paso al frente”.
Aguilar, que se ha vuelto conocido en estas calles, dice que lo hace por la gente que no pueden protestar. Gente como Clara y Manuel, por ejemplo, que accedieron a hablar con EL PAÍS en el modesto apartamento del sur de Minneapolis en el que llevan recluidos dos meses.
No tienen papeles; por eso Clara y Manuel son nombres ficticios. Apenas trabajan, así que viven de la solidaridad de los vecinos, que, cuentan, son “puros güeros”. “Descubrir que estaban ahí para nosotros ha sido la parte positiva de todo esto”, explica ella, que a veces pierde la esperanza de que algún día “vuelva lo de antes”, y puedan sacudirse “el miedo”.
Su hijo mayor, que es estadounidense, va a la compra y lleva a los pequeños al colegio, donde estos escuchan historias sobre lo que está pasando que obligan a sus padres a tener conversaciones que nunca creyeron que llegarían a tan temprana edad.
En la ciudad, sigue muy fresco el recuerdo de Liam Conejo Ramos, el niño de cinco años al que el ICE usó de anzuelo para tratar de arrestar a su madre. Cuando lo detuvieron, llevaba un gorro que le venía grande y una mochila de Spiderman que le han quitado en el centro de detención de Texas en el que aguardaba a ser deportado junto a su padre, antes de que este sábado un juez federal ordenara la liberación de ambos. La imagen se convirtió en un símbolo de la brutalidad del operativo de Trump. Pero no ha logrado que esta remita: otros dos niños de su colegio han sido arrestados esta semana.
Una vecina de Clara y Manuel, hispana también, explicó que, aunque ella sí cuenta con papeles, le da miedo “hasta ir a la esquina a sacar la basura”, y que cuando le toca médico se mete en una app para pedir un “raiter”, un conductor voluntario. “Si el que está al volante es blanco”, dice, “entonces vas más segura”.
El presidente de Estados Unidos relevó el lunes al frente del operativo a Greg Bovino, con su aspecto de paramilitar de saldo, para poner al llamado zar de la frontera Tom Homan, y ha hablado de “desescalada” para hacer frente a una crisis de imagen por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses y las evidencias que desmienten que su policía migratoria solo va a por “lo peor de lo peor”.
The New York Times informó de que el jefe en funciones del ICE, Todd Lyons, al que un juez amonestó dos días antes por entorpecer la justicia, envió el miércoles un documento a sus agentes. En él, les autoriza a hacer registros en viviendas sin orden judicial, pese a que la ley lo prohíbe.
También se han intensificado las detenciones de ciudadanos estadounidenses. Un grupo de ellos, a los que ya se les conoce como los “16 de Minnesota”, adquirió notoriedad a su pesar cuando la fiscal general, Pam Bondi, publicó en X sus fotos y su información personal, sin importarle la presunción de inocencia o el hecho de que les estaba poniendo una diana digital en la espalda.
El viernes, dos periodistas fueron arrestados. El día anterior, Nekima Levy Armstrong rememoró a EL PAÍS su propio calvario. Armstrong fue detenida por participar en una protesta en una iglesia de St. Paul, a cuyo pastor se vincula con el ICE. La Casa Blanca difundió después una foto de ella, manipulada con inteligencia artificial. “Me sacaron llorando, histérica, cuando en ningún momento derramé una lágrima”, recordó Armstrong, abogada de profesión, cuyo caso dio la vuelta al mundo como otro ejemplo de la falta de escrúpulos de la Administración de Trump. “Además, exageraron mis rasgos y oscurecieron mi piel. Eso solo tiene un nombre: racismo”.
La activista denuncia que le colocaron grilletes, “como si fuera una asesina”, que aún no le han devuelto el teléfono y que los agentes se tomaron fotos con ella y con las otras dos personas detenidas por esos mismos hechos como quien posa con un trofeo.
“Pueden hacer todo eso, pero no van a callarnos. No lograrán intimidarnos. Seguiremos enfrentándonos a sus armas con nuestros silbatos”. La advertencia, que seguramente suscribirían muchos aquí, la soltó Armstrong a mitad de la conversación. Interrumpida por el zumbido constante del teléfono móvil, esta acabó con el mismo ruego al forastero que todas las demás en la nueva normalidad de Minneapolis: “Ve con cuidado y mantente a salvo”.
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