El tribunal de la UE deja tocado el ‘modelo Albania’ de Meloni: legitima a los jueces italianos para que supervisen las deportaciones

La justicia europea se interpone en el plan de deportaciones de migrantes a Albania del Gobierno italiano de Giorgia Meloni, cuya viabilidad vuelve a quedar en entredicho. El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) considera en una sentencia conocida este viernes que, si bien el Ejecutivo italiano tiene derecho a considerar que el país del que viene un migrante es seguro y a aplicarle, por tanto, un protocolo rápido de rechazo en frontera, en este caso en Albania, también los jueces italianos pueden valorar caso por caso si el afectado presenta un recurso. Y sobre todo, decidir según sus propias informaciones si realmente ese país es seguro o no. En resumen, la situación quedaría como hasta ahora. Y lo cierto es que los jueces han bloqueado todos los traslados realizados entre octubre y enero por el Ejecutivo de Roma, un total de tres con 73 personas, que acabaron siendo enviadas a Italia. La mayoría eran de Egipto y Bangladés.

Además, el TJUE afirma que un Estado miembro de la UE no puede designar seguro un país “que no satisfaga para algunas categorías de persona las condiciones sustanciales” de respeto de derechos humanos. Es decir, que basta que haya un colectivo o una minoría perseguidos para que todo el país sea calificado de inseguro, algo que Meloni rechazaba. En su lista de países seguros, cuyos ciudadanos se podían deportar a Albania tras ser rescatados en el mar, hay ahora 19 estados. Pero a la espera de una nueva puesta a prueba del sistema y con los criterios que ahora confirma la justicia europea, quedaría reducida a siete: Cabo Verde y seis países balcánicos. Es decir, ninguno de los que proviene el grueso de la inmigración irregular en Italia, por lo que el centro de internamiento de Gjadër se quedaría vacío, abocado al cierre.

Esto es lo que se deduce de la breve lectura de la sentencia que ha realizado a las diez de la mañana de este viernes el presidente del tribunal de la UE, Koen Lenaerts. Los magistrados italianos, en pleno choque con el Ejecutivo, habían elevado el conflicto a esta instancia para que aclarara quién tiene razón y había gran expectación por su decisión, porque puede dar al traste con una de las medidas estrella de Meloni contra la inmigración, tachada de derroche y propaganda por la oposición. En tres meses apenas ha funcionado una semana y el coste de la operación ha sido de 114.000 euros por persona, según un estudio de la ONG Action Aid y la universidad de Bari presentado en julio.

El tribunal de Luxemburgo ha dicho, en esencia, tres cosas. Una, los gobiernos de la UE tienen derecho a “la designación de países terceros como países de origen seguros mediante un acto legislativo”. Es lo que hizo Meloni al establecer una lista de 22 países, luego reducida a 19, considerados seguros y a cuyos ciudadanos se podía deportar a Albania para ser repatriados con un protocolo rápido de rechazo en frontera, pues se presumía que sus peticiones de asilo se iban a desestimar. Pero a continuación el tribunal precisa que el Gobierno puede hacer esa lista, “a condición de que tal designación pueda ser objeto de control jurisdiccional (…) por cualquier juez nacional” ante un recurso de un solicitante de asilo.

La segunda consideración de la sentencia ahonda aún más en la potestad del juez que analice cada caso. Por un lado, cada gobierno de la UE “debe garantizar un acceso suficiente y adecuado a las fuentes de información (…) en las que se funda tal designación” de país seguro. Es decir, debe estar debidamente fundamentado, con el objetivo de que tanto el recurrente como el juez puedan valorar el caso. Y es aquí donde el tribunal europeo advierte que el magistrado puede “tener en cuenta las informaciones recogidas por él mismo a condición, por un lado, de asegurarse de la fiabilidad de las informaciones y, del otro, de garantizar a las partes en causa el principio contradictorio”. Es decir, el Gobierno italiano puede considerar que en un país se respetan los derechos humanos y por tanto no hay razón a priori para conceder asilo a sus ciudadanos, pero además de que debe aclarar en qué datos se basa, el juez puede esgrimir informaciones contrarias que recabe por su cuenta. Es más, y esta es la tercera decisión del TJUE, un estado miembro no puede designar como seguro “un tercer país que no satisfaga para algunas categorías de persona las condiciones sustanciales” de respeto de derechos humanos. Este era uno de los caballos de batalla, pues el Gobierno italiano ha incluido en su lista países donde hay colectivos perseguidos o de riesgo, por motivos étnicos, religiosos, políticos o sexuales.