El número dos del Ministerio para la Transición Ecológica defiende la necesidad de adoptar medidas temporales como la regeneración de playas para «ganar tiempo» mientras se adoptan soluciones definitivas Leer El número dos del Ministerio para la Transición Ecológica defiende la necesidad de adoptar medidas temporales como la regeneración de playas para «ganar tiempo» mientras se adoptan soluciones definitivas Leer
Lo que se va a hacer en la playa de Matalascañas, dice el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, es solo «ganar tiempo» frente a una realidad que es imparable. El recrecimiento de los espigones y el aporte masivo de arena que va a acometer este mismo año el Ministerio para la Transición Ecológica y que está previsto que se se acometa a la vuelta del verano, es un remedio necesario, dice Morán, para paliar los daños causados por los temporales y la subida progresiva del nivel del mar por efecto del cambio climático. Pero «hay que ir más allá», sostiene el número dos del Miteco, que aboga por un «replanteamiento estructural» al que se comprometan, además del Gobierno central, las administraciones autonómica y local.
Morán resalta, a modo de premisa de la que partir a la hora de analizar el problema, que España es un país donde el aprovechamiento económico del litoral es de los más elevados «a nivel mundial». Y eso, advierte, lo condiciona todo.
El ejemplo de esta playa onubense es extrapolable, con variaciones según las circunstancias, al resto del litoral español que también está sufriendo el impacto del cambio climático y que ve cómo, año tras año, el mar gana terreno.
A lo largo de los 10.000 kilómetros de costa de España, Morán defiende que hay que ir adoptando «medidas paliativas» con el único objetivo de ganar tiempo a pesar de que, admite, son muy costosas. La de Matalascañas asciende a los seis millones de euros, aunque es solo una pequeña parte de la inversión que requieren las playas de forma periódica. Pero «invertir en tiempo no es tirar el dinero», apunta. Y, mientras, añade, hay que poner encima de la mesa actuaciones más a largo plazo.
Como lo que ya se está haciendo en Cataluña, donde algunos ayuntamientos costeros han tomado la decisión de desmontar sus paseos litorales retranqueándolos para dejar más espacio a la franja dunar. Aunque, hace hincapié, «no hay un modelo único» y todo depende de las circunstancias de cada zona concreta.
Por eso, explica, la Estrategia de Protección del Litoral que impulsa la Dirección General de Costas se basa, precisamente, en identificar los tramos en mayor peligro y promover medidas específicas en función de sus peculiaridades. «No hay un modelo único», subraya el secretario de Estado de Medio Ambiente, que resalta que el plan no tiene componentes ideológicos y recuerda que arranca en 2017, durante la segunda legislatura del gobierno de Mariano Rajoy.
El plan nace hace ocho años, aunque en un principio, critica, sin grandes recursos económicos. De hecho, la Dirección General de Costas tenía en 2018 un presupuesto que no llegaba a los 70 millones «para 10.000 kilómetros» de litoral.
Morán defiende que es una cuestión de «seguridad física» que supera el debate que pretende confrontar un enfoque ecologista con el económico, un debate que considera ya superado. «El Ministerio tiene muy claro que no va a arriesgar vidas ni bienes de ciudadanos», subraya, frente a las presiones e intereses económicos «que son legítimos», apostilla.
Matalascañas no es, ni mucho menos, el único lugar en el que se ha actuado o se va a actuar. Junto a la costa andaluza, el plan prioriza el litoral de Valencia y se han tomado medidas, además, en Cataluña o Baleares. Lo que no tiene el plan es horizonte temporal, porque, advierte, «los análisis sobre el cambio climático son dinámicos».
Tenemos delante, avisa, un «cambio radical». Hay estudios científicos, cuenta, que aseguran que «en algunos tramos de costas van a desaparecer playas tal y como las conocemos» y cita universidades catalanas que señalan cómo el avance del nivel del mar va a suponer la eliminación de arenales. A ello hay que sumar, prosigue, el daño cada vez mayor que hacen los fenómenos climáticos extremos, una combinación que, a su juicio, obliga a actuar.
El problema, apunta, es que el litoral español está intensamente urbanizado, con niveles de ocupación humana «muy altos» que complican la reordenación de la costa «en un plazo corto de tiempo».
Es necesario, insiste, el compromiso de todas las administraciones y movilizar una gran cantidad de recursos que no siempre están al alcance de las corporaciones locales. «Hay que enfrentarse a un cambio difícil», repite el secretario de Estado de Medio Ambiente, quien reitera que los organismos locales y autonómicos tienen que hacer un «replanteamiento» de sus políticas.
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