Las grandes energéticas españolas están reivindicando el valor de sus activos energéticos como parte de la solución frente a la crisis energética provocada por los ataques de Estados Unidos e Israel en Oriente Próximo, que ha desatado a su vez una abrupta subida en los precios de petróleo, gas y electricidad en los mercados internacionales y apunta a provocar una escalada inflacionaria sobre la economía en general.
Piden ante la guerra en Oriente Próximo escuchar a líderes y expertos antes de tomar decisiones “radicales” y que la extensión “garantice la viabilidad económica”
Las grandes energéticas españolas están reivindicando el valor de sus activos energéticos como parte de la solución frente a la crisis energética provocada por los ataques de Estados Unidos e Israel en Oriente Próximo, que ha desatado a su vez una abrupta subida en los precios de petróleo, gas y electricidad en los mercados internacionales y apunta a provocar una escalada inflacionaria sobre la economía en general.
Justo durante los días en los que más se han encarecido los precios por la guerra contra Irán, Iberdrola y Endesa han realizado pronunciamientos públicos a favor de la extensión de la vida nuclear en España como fuente de autonomía estratégica para evitar la dependencia exterior a los hidrocarburos y la exposición a la volatilidad de los mercados mayoristas. Unos pronunciamientos públicos que se dan, además, en pleno estudio por parte de los reguladores españoles de la prolongación de la vida útil de Almaraz hasta 2030. A día de hoy, el plan de cierre pactado entre Enresa, la empresa nacional de residuos radiactivos, y las propietarias de la planta atómica extremeña (Iberdrola, Endesa y Naturgy) determina que el cierre debe hacerse efectivo en 2027.
El pasado jueves, la energética Endesa volvía a cuestionar el calendario de cierre y afirmaba en la red social LinkedIn que “el contexto energético ha cambiado de forma significativa. En la coyuntura de volatilidad de los precios energéticos, marcada por los acontecimientos geopolíticos en Oriente Medio, contar con una fuente de generación eléctrica como la nuclear cobra aún más relevancia”.
“El despliegue de eólica y almacenamiento acumula retrasos frente a los objetivos fijados para 2030. Y ya hemos vivido lo que supone depender en exceso de tecnologías volátiles: en 2022, el precio del gas disparó la factura eléctrica en toda Europa”, añade Endesa.
En la misma línea se pronunció Iberdrola el pasado lunes, después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hiciera un alegato a favor de la nuclear en un foro celebrado en Francia en presencia del presidente francés, Emmanuel Macron, y la principal propietaria de centrales nucleares en Europa del país vecino, la estatal EDF.
El consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, señaló también en LinkedIn que “ya es un clamor” el debate en torno a la necesidad de las centrales nucleares. “No podemos prescindir de la energía nuclear”, añadió, antes de insistir: “Dada la situación actual del mundo y las previsiones de futuro, tiene sentido escuchar a todos estos líderes y expertos antes de tomar decisiones radicales”. El consejero delegado de la primera energética española aprovechó para deslizar una vez más su reivindicación fiscal; en referencia a la extensión de vida de las nucleares, consideró que “debe darse garantizando su viabilidad económica”.
Frente a ambos posicionamientos, el Gobierno mantiene la cautela a la espera de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se pronuncie sobre la idoneidad de ampliar la vida de Almaraz por tres años más. Las empresas solicitaron dicha extensión del permiso de explotación en otoño de 2025. El Ejecutivo, una vez las empresas renunciaron a realizar la solicitud sin condicionarla a bonificaciones económicas, dio traslado del expediente al CSN, que se espera se pronuncie este verano, momento tras el cual deberá decidir definitivamente el Ministerio para la Transición Ecológica.
Ahora, con la volatilidad de los precios energéticos provocada por los cuellos de botella en el estrecho de Ormuz, la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, ha salido en defensa de las energías renovables como la opción más competitiva y segura con la que ganar autonomía estratégica y soberanía energética frente a los combustibles fósiles.
Las dos mayores eléctricas de España están abogando no solo por extender la vida útil de Almaraz, sino también por hacer una ampliación global del parque de generación atómico. En la presentación de sus resultados de 2025, ejercicio que cerraron ambas con cifras récord, los primeros espadas de las dos firmas pidieron que las nucleares sigan funcionando más allá de lo previsto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que contempla un cierre ordenado entre 2027 y 2035.
El consejero delegado de Endesa, José Bogas, consideró que las nucleares deberían alargarse por 10 años más. Defendió que se trata de una medida pragmática y que tiene “todo el sentido”. Las empresas justifican sus propuestas con los estudios económicos realizados por consultoras como Deloitte, que entiende que dicha extensión de vida reduciría el precio de la electricidad en 15 euros por megavatio hora (MWh) con respecto al escenario de cierre y permitiría evitar 14 millones de toneladas de CO₂ anuales en 2035.
Por su parte, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, también expresó su determinación de que las nucleares pueden estar activas por mucho más tiempo. El mandatario avanzó a finales de febrero que pedirán la extensión de vida de otras centrales más allá de Almaraz y subrayó que las plantas atómicas pueden llegar a estar operativas hasta por 80 años frente a la media de poco más de 40 años a la que llegarían con el calendario de cierre pactado en 2019.
Naturgy, la tercera propietaria del parque atómico nacional, también se ha pronunciado favorablemente a la extensión de Almaraz en los últimos meses, aunque reitera que se debe revisar todo el PNIEC para actualizar la situación de otras tecnologías. Para la mayor gasista de España, la inestabilidad geopolítica actual también puede tener consecuencias en su negocio. Aunque por una razón ajena al debate nuclear: la Comisión Europea pactó la prohibición de la importación de gas desde Rusia a partir del 1 de enero de 2027, lo que impacta directamente sobre la firma, ya que el 17% de su aprovisionamiento llega desde el país liderado por Vladímir Putin.
La fuerte subida de precios del gas por los problemas en Oriente Próximo ha provocado que se cuestionen los vetos a Rusia en los últimos días. Estados Unidos ya ha autorizado la compra temporal de hidrocarburos rusos para contener los precios. Hungría ya ha pedido a Bruselas que siga el mismo camino.
El último paquete de sanciones expira en junio de este año y habrá que ver qué hace la Unión Europea después. Falta por conocer si se dejan caer las medidas contra Rusia, se mantienen o se endurecen. Para Naturgy, el veto a la importación le obliga a llevar el gas ruso que tiene comprado en contratos de largo plazo a otras geografías, pero si Europa prohíbe también la compra, no le quedaría más remedio que declarar la fuerza mayor y romper el contrato de aprovisionamiento. Este extremo mete a la empresa en un escenario incierto y en un potencial arbitraje internacional contra el país que aún mantiene la ofensiva bélica sobre Ucrania.
Fuentes del mercado creen que este escenario de elevados precios del gas actual es un balón de oxígeno para Naturgy, que podría mantener el aprovisionamiento gasista desde Rusia a España si cede Bruselas, evitando así tener que acudir a otras fuentes en un momento de tensión del mercado por la escalada bélica en Oriente Próximo, cuyas consecuencias son aún impredecibles.
Economía en EL PAÍS
