Impulso Ciudadano denuncia ante la UE la vulneración de los derechos lingüísticos y la falta de neutralidad institucional

La entidad constitucionalista Impulso Ciudadano ha presentado sus aportaciones al informe de sobre la situación del Estado de Derecho en la UE, una posibilidad que ofrece la CE para que personas y entidades puedan participar enviando sus contribuciones para el capítulo respectivo de cada país. El propósito, que la Comisión tenga la máxima información posible sobre las dificultades existentes en cada estado miembro.En este sentido, Impulso Ciudadano envía su aportación cada año, destacando algunas « quiebras del Estado de Derecho en España » que va conociendo en el desarrollo de sus actividades, aunque como destaca la entidad, la aportación «no puede ser completa», porque la Comisión «selecciona cuáles son las cuestiones que desea que sean abordadas, debiendo ajustare la contribución de particulares y entidades al formulario que esta prepara.Así, y junto a las aportaciones ajustadas a lo que limita la Comisión, Impulso Ciudadano ha presentado un informe complementario que considera imprescindible, al considerar que el informe sobre el Estado de Derecho «no responde a criterios de rigor y completitud, sino que introduce una mirada selectiva sobre las vulneraciones del Estado de Derecho», lo que acaba convirtiendo el documento no solo en una «herramienta inútil, sino en un riesgo para el propio Estado de Derecho».Impulso denuncia esta «mirada selectiva», que se aprecia por ejemplo en el hecho de que «las vulneraciones del Estado de Derecho por las administraciones autonómicas son sistemáticamente obviadas, y eso pese a que otras instituciones de la UE han llamado la atención sobre las mismas, como se vio en el informe de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo de marzo de 2024 sobre derechos lingüísticos de los ciudadanos en CataluñaAsí, en su contribución remitida a la Comisión Europea, Impulso aborda la independencia de los tribunales y de la Fiscalía; la captura de los medios de comunicación por el poder político y el cumplimiento de las decisiones judiciales. Por contra, quedan fuera otros temas que, desde el punto de vista de la entidad, «son relevantes para el Estado de Derecho, pero que no tienen cabida en el formulario que facilita la Comisión Europea«. «Se trata de cuestiones que son relevantes para la garantía de los principios democráticos y que deberían incluirse en cualquier análisis riguroso (…) No olvidemos que somos una unidad y que la quiebra del Estado de Derecho o la vulneración de los derechos fundamentales en cualquier punto de la UE; sea a nivel local, regional, estatal o, incluso, por parte de las instituciones de la Unión; acaba afectando a todos««En lo que se refiere a la independencia judicial, el problema más relevante sigue siendo la independencia del Consejo General del Poder Judicial «, añade la entidad, que denuncia que la designación de todos los vocales por las Cámaras Legislativas no responde a los estándares europeos, que exigen que al menos la mitad de los miembros del órgano de gobierno de los jueces sean elegidos por los propios jueces. «En nuestra contribución de este año denunciamos que la modificación del método de designación de los vocales del CGPJ sigue parada y que, como advertíamos, seguimos con un CGPJ que responde a cuotas de partido, lo que no es compatible ni con el espíritu de la Constitución ni con la letra de los estándares europeos», apuntan.Por lo que respecto a los medios de comunicación y libertad de prensa, Impulso informa a la CE que los consejeros de los reguladores audiovisuales , tanto a nivel estatal como autonómico, tienen una clara filiación política: «Priman las afinidades con los partidos que controlan las instituciones que los designan sobre la independencia y la profesionalidad». Por otra parte, se subraya el control que el poder político ejerce sobre los medios, en buena medida a través de la opaca distribución de la publicidad institucional. De hecho, tal y como se destaca en el informe, «en España no existen salvaguardas para garantizar la independencia de los medios de comunicación, sino mecanismos de captura de estos por el poder político», apuntan. En el informe, por ejemplo, se destaca la forma en la que el Gobierno se hizo con el control de RTVE, «un control que se ha traducido en un sesgo del medio que ha sido puesto de manifiesto por el Consejo de Informativos de TVE». En la contribución se señala también que el Gobierno de España desarrolla una «agresiva campaña de desprestigio contra los medios que le son críticos». Existen, además, indicios , de que el partido de gobierno haya organizado la preparación de dossiers destinados a presionar, entre otros, a periodistas críticos. Impulso denuncia también la «constante vulneración de los derechos lingüísticos» en Cataluña y en otras Comunidades Autónomas . En el caso de Cataluña se destaca que, pese a que está sobradamente establecido que existe el derecho a recibir una parte de la educación en castellano, «las autoridades autonómicas siguen negando las peticiones que se realizan en este sentido, forzando que las familias recurran a los tribunales, lo que es una vía de actuación contraria a principios esenciales del Estado de Derecho, como es que la administración ajuste su comportamiento a las obligaciones legales existentes».Noticia Relacionada estandar Si Illa también impone el catalán como única lengua de trabajo a los Mossos d’Esquadra Daniel Tercero«Más allá de lo anterior», añade la entidad, «existen otros elementos esenciales para el Estado de Derecho que no son objeto de atención por la Comisión Europea». Así, por ejemplo, citan la obligada neutralidad de las instituciones que, en Cataluña y en otros lugares de España se ve «permanentemente vulnerada, al imponer en lugares como ayuntamientos u otros espacios de titularidad pública símbolos partidistas cuya presencia en espacios que son de todos implica una limitación a la libertad ideológica, tal y como han establecido reiteradamente los tribunales». «Resulta incomprensible que no haya una preocupación específica de la Comisión Europea por estas cuestiones que son básicas para el Estado de Derecho. Impulso Ciudadano sí se ocupa de estas dimensiones del Estado de Derecho, haciendo seguimiento tanto de la violencia política como de la limpieza de los procesos electorales y de la neutralidad de las instituciones, habiendo elaborado varios informes en relación a estos temas que no son en absoluto marginales para el Estado de Derecho», apunta la entidad presidida por Rafael Arenas. La entidad constitucionalista Impulso Ciudadano ha presentado sus aportaciones al informe de sobre la situación del Estado de Derecho en la UE, una posibilidad que ofrece la CE para que personas y entidades puedan participar enviando sus contribuciones para el capítulo respectivo de cada país. El propósito, que la Comisión tenga la máxima información posible sobre las dificultades existentes en cada estado miembro.En este sentido, Impulso Ciudadano envía su aportación cada año, destacando algunas « quiebras del Estado de Derecho en España » que va conociendo en el desarrollo de sus actividades, aunque como destaca la entidad, la aportación «no puede ser completa», porque la Comisión «selecciona cuáles son las cuestiones que desea que sean abordadas, debiendo ajustare la contribución de particulares y entidades al formulario que esta prepara.Así, y junto a las aportaciones ajustadas a lo que limita la Comisión, Impulso Ciudadano ha presentado un informe complementario que considera imprescindible, al considerar que el informe sobre el Estado de Derecho «no responde a criterios de rigor y completitud, sino que introduce una mirada selectiva sobre las vulneraciones del Estado de Derecho», lo que acaba convirtiendo el documento no solo en una «herramienta inútil, sino en un riesgo para el propio Estado de Derecho».Impulso denuncia esta «mirada selectiva», que se aprecia por ejemplo en el hecho de que «las vulneraciones del Estado de Derecho por las administraciones autonómicas son sistemáticamente obviadas, y eso pese a que otras instituciones de la UE han llamado la atención sobre las mismas, como se vio en el informe de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo de marzo de 2024 sobre derechos lingüísticos de los ciudadanos en CataluñaAsí, en su contribución remitida a la Comisión Europea, Impulso aborda la independencia de los tribunales y de la Fiscalía; la captura de los medios de comunicación por el poder político y el cumplimiento de las decisiones judiciales. Por contra, quedan fuera otros temas que, desde el punto de vista de la entidad, «son relevantes para el Estado de Derecho, pero que no tienen cabida en el formulario que facilita la Comisión Europea«. «Se trata de cuestiones que son relevantes para la garantía de los principios democráticos y que deberían incluirse en cualquier análisis riguroso (…) No olvidemos que somos una unidad y que la quiebra del Estado de Derecho o la vulneración de los derechos fundamentales en cualquier punto de la UE; sea a nivel local, regional, estatal o, incluso, por parte de las instituciones de la Unión; acaba afectando a todos««En lo que se refiere a la independencia judicial, el problema más relevante sigue siendo la independencia del Consejo General del Poder Judicial «, añade la entidad, que denuncia que la designación de todos los vocales por las Cámaras Legislativas no responde a los estándares europeos, que exigen que al menos la mitad de los miembros del órgano de gobierno de los jueces sean elegidos por los propios jueces. «En nuestra contribución de este año denunciamos que la modificación del método de designación de los vocales del CGPJ sigue parada y que, como advertíamos, seguimos con un CGPJ que responde a cuotas de partido, lo que no es compatible ni con el espíritu de la Constitución ni con la letra de los estándares europeos», apuntan.Por lo que respecto a los medios de comunicación y libertad de prensa, Impulso informa a la CE que los consejeros de los reguladores audiovisuales , tanto a nivel estatal como autonómico, tienen una clara filiación política: «Priman las afinidades con los partidos que controlan las instituciones que los designan sobre la independencia y la profesionalidad». Por otra parte, se subraya el control que el poder político ejerce sobre los medios, en buena medida a través de la opaca distribución de la publicidad institucional. De hecho, tal y como se destaca en el informe, «en España no existen salvaguardas para garantizar la independencia de los medios de comunicación, sino mecanismos de captura de estos por el poder político», apuntan. En el informe, por ejemplo, se destaca la forma en la que el Gobierno se hizo con el control de RTVE, «un control que se ha traducido en un sesgo del medio que ha sido puesto de manifiesto por el Consejo de Informativos de TVE». En la contribución se señala también que el Gobierno de España desarrolla una «agresiva campaña de desprestigio contra los medios que le son críticos». Existen, además, indicios , de que el partido de gobierno haya organizado la preparación de dossiers destinados a presionar, entre otros, a periodistas críticos. Impulso denuncia también la «constante vulneración de los derechos lingüísticos» en Cataluña y en otras Comunidades Autónomas . En el caso de Cataluña se destaca que, pese a que está sobradamente establecido que existe el derecho a recibir una parte de la educación en castellano, «las autoridades autonómicas siguen negando las peticiones que se realizan en este sentido, forzando que las familias recurran a los tribunales, lo que es una vía de actuación contraria a principios esenciales del Estado de Derecho, como es que la administración ajuste su comportamiento a las obligaciones legales existentes».Noticia Relacionada estandar Si Illa también impone el catalán como única lengua de trabajo a los Mossos d’Esquadra Daniel Tercero«Más allá de lo anterior», añade la entidad, «existen otros elementos esenciales para el Estado de Derecho que no son objeto de atención por la Comisión Europea». Así, por ejemplo, citan la obligada neutralidad de las instituciones que, en Cataluña y en otros lugares de España se ve «permanentemente vulnerada, al imponer en lugares como ayuntamientos u otros espacios de titularidad pública símbolos partidistas cuya presencia en espacios que son de todos implica una limitación a la libertad ideológica, tal y como han establecido reiteradamente los tribunales». «Resulta incomprensible que no haya una preocupación específica de la Comisión Europea por estas cuestiones que son básicas para el Estado de Derecho. Impulso Ciudadano sí se ocupa de estas dimensiones del Estado de Derecho, haciendo seguimiento tanto de la violencia política como de la limpieza de los procesos electorales y de la neutralidad de las instituciones, habiendo elaborado varios informes en relación a estos temas que no son en absoluto marginales para el Estado de Derecho», apunta la entidad presidida por Rafael Arenas.  

La entidad constitucionalista Impulso Ciudadano ha presentado sus aportaciones al informe de sobre la situación del Estado de Derecho en la UE, una posibilidad que ofrece la CE para que personas y entidades puedan participar enviando sus contribuciones para el capítulo respectivo de cada … país. El propósito, que la Comisión tenga la máxima información posible sobre las dificultades existentes en cada estado miembro.

En este sentido, Impulso Ciudadano envía su aportación cada año, destacando algunas «quiebras del Estado de Derecho en España» que va conociendo en el desarrollo de sus actividades, aunque como destaca la entidad, la aportación «no puede ser completa», porque la Comisión «selecciona cuáles son las cuestiones que desea que sean abordadas, debiendo ajustare la contribución de particulares y entidades al formulario que esta prepara.

Así, y junto a las aportaciones ajustadas a lo que limita la Comisión, Impulso Ciudadano ha presentado un informe complementario que considera imprescindible, al considerar que el informe sobre el Estado de Derecho «no responde a criterios de rigor y completitud, sino que introduce una mirada selectiva sobre las vulneraciones del Estado de Derecho», lo que acaba convirtiendo el documento no solo en una «herramienta inútil, sino en un riesgo para el propio Estado de Derecho».

Impulso denuncia esta «mirada selectiva», que se aprecia por ejemplo en el hecho de que «las vulneraciones del Estado de Derecho por las administraciones autonómicas son sistemáticamente obviadas, y eso pese a que otras instituciones de la UE han llamado la atención sobre las mismas, como se vio en el informe de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo de marzo de 2024 sobre derechos lingüísticos de los ciudadanos en Cataluña

Así, en su contribución remitida a la Comisión Europea, Impulso aborda la independencia de los tribunales y de la Fiscalía; la captura de los medios de comunicación por el poder político y el cumplimiento de las decisiones judiciales. Por contra, quedan fuera otros temas que, desde el punto de vista de la entidad, «son relevantes para el Estado de Derecho, pero que no tienen cabida en el formulario que facilita la Comisión Europea«.

«Se trata de cuestiones que son relevantes para la garantía de los principios democráticos y que deberían incluirse en cualquier análisis riguroso (…) No olvidemos que somos una unidad y que la quiebra del Estado de Derecho o la vulneración de los derechos fundamentales en cualquier punto de la UE; sea a nivel local, regional, estatal o, incluso, por parte de las instituciones de la Unión; acaba afectando a todos«

«En lo que se refiere a la independencia judicial, el problema más relevante sigue siendo la independencia del Consejo General del Poder Judicial«, añade la entidad, que denuncia que la designación de todos los vocales por las Cámaras Legislativas no responde a los estándares europeos, que exigen que al menos la mitad de los miembros del órgano de gobierno de los jueces sean elegidos por los propios jueces.

«En nuestra contribución de este año denunciamos que la modificación del método de designación de los vocales del CGPJ sigue parada y que, como advertíamos, seguimos con un CGPJ que responde a cuotas de partido, lo que no es compatible ni con el espíritu de la Constitución ni con la letra de los estándares europeos», apuntan.

Por lo que respecto a los medios de comunicación y libertad de prensa, Impulso informa a la CE que los consejeros de los reguladores audiovisuales, tanto a nivel estatal como autonómico, tienen una clara filiación política: «Priman las afinidades con los partidos que controlan las instituciones que los designan sobre la independencia y la profesionalidad».

Por otra parte, se subraya el control que el poder político ejerce sobre los medios, en buena medida a través de la opaca distribución de la publicidad institucional. De hecho, tal y como se destaca en el informe, «en España no existen salvaguardas para garantizar la independencia de los medios de comunicación, sino mecanismos de captura de estos por el poder político», apuntan. En el informe, por ejemplo, se destaca la forma en la que el Gobierno se hizo con el control de RTVE, «un control que se ha traducido en un sesgo del medio que ha sido puesto de manifiesto por el Consejo de Informativos de TVE».

En la contribución se señala también que el Gobierno de España desarrolla una «agresiva campaña de desprestigio contra los medios que le son críticos». Existen, además, indicios, de que el partido de gobierno haya organizado la preparación de dossiers destinados a presionar, entre otros, a periodistas críticos.

Impulso denuncia también la «constante vulneración de los derechos lingüísticos» en Cataluña y en otras Comunidades Autónomas. En el caso de Cataluña se destaca que, pese a que está sobradamente establecido que existe el derecho a recibir una parte de la educación en castellano, «las autoridades autonómicas siguen negando las peticiones que se realizan en este sentido, forzando que las familias recurran a los tribunales, lo que es una vía de actuación contraria a principios esenciales del Estado de Derecho, como es que la administración ajuste su comportamiento a las obligaciones legales existentes».

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