Irlanda frena la excusa legal que permitía la absolución de presuntos violadores

Ya no bastará con que un presunto violador asegure que creía honestamente que la víctima estaba consintiendo para que los tribunales irlandeses puedan absolverle.

Irlanda ha acelerado en los últimos años su salto de una sociedad católica, rígida y rural a otra más abierta y avanzada en asuntos sociales y morales. En 1995, se legalizó el divorcio. En 2015, el matrimonio homosexual. En 2018, el aborto. Pero sus leyes, costumbres y modos de pensar siguen manteniendo lagunas estancadas. En 2024, una mayoría de irlandeses le dio una bofetada en la cara al Gobierno y rechazó su propuesta de reforma constitucional para eliminar la referencia en el texto al papel de “la mujer en la casa”. Y ha habido que esperar hasta esta misma semana para que llegue al Parlamento una ley que reconozca la necesidad del consentimiento de la mujer en toda relación sexual.

Hasta ahora, bastaba con que el presunto violador tuviera la “creencia honesta” de que la mujer quería tener relaciones sexuales para poder ser absuelto de un delito de agresión sexual. Así lo estableció el Tribunal Supremo en una sentencia de 2016, en la que los magistrados argumentaron que “el error honesto, aunque irracional, de que la mujer está dando su consentimiento es una posible defensa [frente a la acusación de] violación”, con la condición de que la creencia en ese error sea “verdaderamente sostenida”.

Organizaciones irlandesas en defensa de las mujeres llevan desde entonces dando la batalla para que la ley acote estrictamente una interpretación jurídica tan laxa de hechos tan graves. En 2017, el Gobierno encargó a la Comisión de Reformas Legislativas que estudiara la posibilidad de modificar la ley. Tres años después, el grupo de expertos sugirió que el texto debía ser modificado. El presunto agresor, apuntaba la comisión, debía poder demostrar de un modo “objetivamente razonable” su convicción de que la mujer había consentido, y el jurado tendría que considerar con atención todos los pasos que el acusado dio para cerciorarse de que la supuesta víctima había dado su permiso para el acto sexual.

El ministro irlandés de Justicia, Jim O’Callaghan, va a presentar este mismo martes al resto de miembros del Gobierno la Ley de Delitos Sexuales y Violencia Doméstica de 2025 para su posterior tramitación legislativa. El texto va más allá de la modificación del consentimiento. Incluye además un registro público de los condenados por violencia doméstica [Irlanda, como el Reino Unido, rehúye usar términos como violencia machista o de género], siempre que la víctima dé su consentimiento para la inclusión del nombre de su agresor.

Bajo las previsiones de la nueva ley, el Gobierno tendrá también la capacidad de informar a un centro escolar sobre los episodios de violencia doméstica que hayan podido afectar a alguno de sus alumnos.

Mitos y creencias erróneas

El Centro de ayuda por Crisis de Violación de Dublín (Dublin Rape Crisis Center, DRCC, en el original en inglés) de Dublín, una de las instituciones que más ha impulsado un cambio de cultura respecto al consentimiento en la sociedad irlandesa, publicó a finales del verano un sondeo según el cual una mayoría del 93% estaba convencida de que entendía cuándo faltaba la aprobación de la pareja en el acto sexual. Sin embargo, ante preguntas concretas quedaba claro que muchos hombres jóvenes seguían sosteniendo mitos y creencias erróneas. Uno de cada cuatro consultados menor de 45 años aseguró que “probablemente seguirían adelante” [con el acto sexual] incluso si sospecharan que su pareja no lo estaba disfrutando.

“Cerca de un 43% de los hombres menores de 45 años creen aún en el mito dañino de que ‘a veces las personas dicen que no a la espera de que las convenzan’. Esta creencia, de modo alarmante, ha aumentado en un 8% desde nuestra última consulta de enero, lo que demuestra que las narrativas regresivas sobre masculinidad, sexo y poder no solo sobreviven, sino que se están fortaleciendo”, advirtió entonces Sarah Monaghan, la directora de la campaña We-Consent (Nosotras Consentimos) lanzada por el DRCC.