Juana Rivas ha llegado este jueves a los juzgados de Granada pasadas las 10 de la mañana para declarar ante una jueza de instrucción por un presunto delito de sustracción de su hijo menor, de 11 años. No ha hecho declaraciones a su llegada y se ha remitido a una comunicación que hará a la salida su abogado. La cita judicial es consecuencia de una denuncia de su expareja y padre del niño, Francesco Arcuri, que la acusó en marzo de este año por no cumplir la orden del Tribunal de Apelación de Cagliari (Italia) que ordenaba, unas semanas antes, que el menor, Daniel, volviera desde España a Italia con su padre. La denuncia fue archivada en primera instancia hasta que la Audiencia Provincial, tras el recurso de Arcuri, consideró que había motivos para investigar. Hace unas semanas, Arcuri compareció ante la jueza vía telemática para ratificar su denuncia. Este jueves la magistrada, la fiscalía y los abogados de Rivas y Arcuri podrán preguntar a la madre.
El padre, que tiene la custodia del niño, denunció a la madre por incumplir la orden de un tribunal italiano de que el pequeño regresara a Cerdeña en febrero
Juana Rivas debe acudir este jueves por la mañana ante una jueza de instrucción de Granada para declarar por un presunto delito de sustracción de su hijo menor, de 11 años. La cita judicial es consecuencia de una denuncia de su expareja y padre del niño, Francesco Arcuri, que la acusó en marzo de este año por no cumplir la orden del Tribunal de Apelación de Cagliari (Italia) que ordenaba, unas semanas antes, que el menor, Gabriel, volviera desde España a Italia con su padre. La denuncia fue archivada en primera instancia hasta que la Audiencia Provincial, tras el recurso de Arcuri, consideró que había motivos para investigar. Hace unas semanas, Arcuri compareció ante la jueza vía telemática para ratificar su denuncia. Este jueves la magistrada, la fiscalía y los abogados de Rivas y Arcuri podrán preguntar a la madre.
La denuncia que se afronta este jueves —aun en fase de instrucción, por lo que será a puerta cerrada— tiene su origen en el viaje que, al terminar el colegio en diciembre pasado, el menor hizo desde Carloforte (Cerdeña, Italia) —donde vivía con su padre— hasta Granada para pasar la Navidad con su madre. El día 2 de enero debía volver a Italia, pero no lo hizo. Se inició entonces una semana de intensa actividad judicial por ambas partes; en España para conseguir que el niño permaneciera con su madre, y en Italia para que volviera. La primera victoria fue para Rivas que, pocas horas antes de tener que montar a su hijo en un avión, consiguió que la jueza que hoy le toma declaración le permitiera quedarse con su madre como medida de “protección con carácter de urgencia del menor y de forma temporal”.
A mediados de febrero, el tribunal italiano emitió un auto en el que, en primer lugar, ratificaba la custodia del niño en su padre, de manera exclusiva. En consecuencia, los jueces italianos ordenaban el retorno de Gabriel con su padre. Un día después, la madre tenía conocimiento oficial de esa orden. Sin embargo, el menor siguió en España, donde había sido escolarizado y donde terminó el curso escolar. La denuncia de Arcuri se centra en que esa orden, aunque emitida en Italia, era de obligado cumplimiento en España, como país miembro de la Unión Europea. Varias actuaciones judiciales recogieron de hecho esa orden en los meses siguientes, aunque ninguna establecía el procedimiento o un día y hora concretos.
Finalmente, en julio, un juzgado determinó el 22 de julio entre las 10 y las 11 como día y hora de entrega del menor a su padre. Aquella mañana las partes acudieron ese día a la entrega, el hijo no regresó con su padre en una mañana de gran jaleo tanto en la puerta del lugar de entrega como en su interior. Fue el viernes 25 cuando Gabriel salió del juzgado en el coche con su padre y retornó ese mismo día a Italia. Desde entonces vive en Carloforte con su padre.
No es este el único asunto judicial pendiente entre Juana Rivas y Francesco Arcuri. Si en España se dirime la presunta sustracción, en Cagliari se está dirimiendo una denuncia por presuntos malos tratos de Arcuri a sus hijos, impulsada por la Fiscalía. Esto se encuentra aún en una fase procesal inicial y no se espera una resolución hasta dentro de un par de años.
Condenada en 2018
Juana Rivas ya fue condenada por sustracción de menores en julio de 2018, por no permitir el retorno de sus entonces dos hijos menores con su padre en una situación similar a la de esta Navidad. Fue condenada en primera instancia a cinco años de prisión y alguna accesoria más, que luego fue reducida a dos años y medio. Finalmente, recibió un indulto parcial del Gobierno que rebajaba la pena a un año y tres meses y que, en definitiva, la dejó en libertad.
Sin embargo, Rivas se enfrenta con esta denuncia a la posibilidad de romper una de las condiciones de aquel indulto, que le exigía “que no cometa el mismo delito por el que fue condenada en un plazo de cuatro años desde la publicación del decreto”. Esos cuatro años se cumplirán en apenas quince días, el próximo 16 de noviembre, pero la denuncia y los hechos que se ventilan ahora están dentro de esos cuatro años.
El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.
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