Julio Iglesias ha publicado este jueves en su perfil de Instagram varios mensajes que supuestamente ha recibido desde WhatsApp de las trabajadoras que le han denunciado por agresión sexual, entre otros delitos. “La evidencia es clara: las comunicaciones de WhatsApp enviadas por las denunciantes durante el tiempo que trabajaron en mi casa y las comunicaciones después de irse demuestran que la información difundida carece de veracidad”, señala el cantante en un comunicado, que incluye capturas de pantalla de esos mensajes privados.
Los acusados de violencia sexual desvían habitualmente el foco hacia sus víctimas como “arma defensiva”, explica una jurista
Julio Iglesias ha publicado este jueves en su perfil de Instagram varios mensajes que supuestamente ha recibido desde WhatsApp de las trabajadoras que le han denunciado por agresión sexual. “La evidencia es clara: las comunicaciones de WhatsApp enviadas por las denunciantes durante el tiempo que trabajaron en mi casa y las comunicaciones después de irse, demuestran que la información difundida carece de veracidad”, señala el cantante en un comunicado, que incluye capturas de pantalla de esos mensajes privados. Instagram es el “único medio que me permite ejercer legítimamente mi derecho a la defensa y dejar constancia de la absoluta falsedad de los hechos denunciados”, ha afirmado el cantante después de que la Fiscalía española no le permitiera personarse en el procedimiento que se ha iniciado en este país.
No es extraño que los acusados de violencia sexual utilicen en su defensa el argumento de que lo sucedido es responsabilidad de las denunciantes o de que estas mantienen una vida normal, como ocurrió en el caso de La Manada, en el que uno de los acusados encargó a un detective que repasara sus redes en los días posteriores a su denuncia. Presentó un informe ante el juez que finalmente acabó retirando.
Dos extrabajadoras del cantante lo han denunciado, con el apoyo de la organización Women’s Link Worldwide, por hechos que supuestamente ocurrieron en 2021 en las residencias del artista en República Dominicana y Bahamas. La ONG califica los abusos del cantante como delitos de “trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre”, “contra la libertad y la indemnidad sexuales”, “acoso”, “lesiones y contra los derechos de los trabajadores”. Algunos de los mensajes publicados por Iglesias en sus redes son posteriores, fechados en 2022 y en 2023.
En uno de los mensajes que atribuye a sus trabajadoras, del 20 de abril de 2021, se lee: “Profesor buenas noches, espero puedas dormir sin malestar, sueñes con los angelitos y puedas descansar, te quiero mucho y si necesitas algo de mí aquí estoy a tu entera disposición, gracias por tu paciencia y tus enseñanzas del día de hoy, todos los días a tu lado son valiosos para mi porque aprendo un poco más (añade un corazón) un beso y un abrazo!. Feliz noche”.
En otro mensaje (1 de mayo de 2021) se lee: “Hola profesor.!!. Buenas tardes, me avisas cuando quieras que vaya para hacer los ejercicios”, y en otro enviado el 2 de mayo, esta persona le dice “Buenos días profesor! Espero que hayas tenido una muy buena noche, recuerda colocarte la faja postural..un beso.. te veo en un rato”.
En uno más del 23 de septiembre de 2022, le desean “Feliz cumpleañooooosss Julitoooo!!! Querido profesor, que Dios te siga llenando de mucha salud para que puedas seguir gozando de esta hermosa vida, te mando un beso y un abrazo, TE QUIERO. siempre te recuerdo, con cariño..Atte, tu fisioterapeuta por siempre”. Y en otra captura publicada por el cantante, otra persona le dice que “Solo quiere saludarlo”, “mandarle un fuerte abrazo” y decirle que “le quiere mucho”. En otro, del 26 de marzo de 2023, consta: “Holaaa señor. Espero no molestarlo con mi breve mensaje. Solo es para saludarlo y mandarle un fuerte abrazo, estas demás decirle que lo quiero mucho y que estoy a la orden!”.
En su comunicado, el cantante asegura que “es muy grave la mentira y la desinformación se utilicen como armas para atacar personas”. Por eso, “adjunto algunas de las comunicaciones de Whatsapp que ponen de manifiesto la incoherencia de las denuncias y la manipulación mediática a la que estoy siendo sometido”.
Las publicaciones de Julio Iglesias se producen después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional española haya rechazado por el momento la petición del abogado de Julio Iglesias de que se acepte su personación en la investigación que la Fiscalía ha abierto en su contra, para tener acceso directo al contenido de la denuncia por presuntos delitos sexuales que se investiga en España.
Los hechos denunciados afectan a una exempleada del hogar del cantante y a una fisioterapeuta, que han aportado ante el tribunal documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de Whatsapp o registros de llamadas para demostrar la veracidad de sus acusaciones, que incluyen agresiones sexuales, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas.
Acusaciones de vida normal
Hay ocasiones en las que los acusados de abuso sexual —y sobre los que debe pesar la presunción de inocencia— apuestan por la estrategia de desviar el foco de los hechos denunciados a la actitud de la víctima, e incluso de tratar de demostrar que estas siguen una vida normal, como si eso fuera prueba de que no hay delito.
La jurista feminista Altamira Gonzalo explica que esta es un “arma defensiva” que los acusados de agresión sexual usan “con un carácter muy general”. “Siempre ha sido la mujer la que me ha provocado, ha sido ella la que ha dado el primer paso. Yo no quería, pero ella se insinuó: siempre se intenta justificar en la conducta de la mujer”, ejemplifica Gonzalo. En este caso, en su opinión, la relación laboral es un aspecto muy relevante. “Normalmente, los agresores buscan personas que tengan cierto grado de vulnerabilidad. Pero en el caso de la dependencia laboral, esa vulnerabilidad está per se incluida en esa relación de dependencia. Por lo tanto, quien tenga que juzgar estos hechos ha de tener muy en cuenta cómo esa relación de dependencia podría hacer explicable un cierto tono afectuoso o cariñoso”, ha proseguido.
“Pero de cualquier manera, eso es tirar tiros fuera del campo. Porque lo que los tribunales tendrán que analizar son los hechos concretos denunciados y valorar si esos hechos son constitutivos o no de una sanción penal. Si esos acometimientos sexuales han sido consentidos o no. Y también tendrá que valorar cómo afecta la relación de dependencia laboral a la libertad de esa mujer”, expone Gonzalo. “Y la penosidad añadida que supone tener que aguantar ese hostigamiento o esa agresividad sexual además de tener que realizar su trabajo, y todo para poder cobrar un salario y poder vivir. Eso es lo esencial y no un Whatsapp que haya podido enviar una mujer o dos o tres”, sostiene la jurista.
La estrategia jurídica de desviar el foco es común. Fue lo que ocurrió en el caso de La Manada, la violación múltiple de una joven durante unos sanfermines por la que el Tribunal Supremo condenó a 15 años de cárcel a los agresores. La defensa de los entonces acusados presentó como prueba la actividad de la joven en redes sociales. Una de las defensas había contratado a detectives privados que siguieron a la denunciante durante un fin de semana, y aportaron sus publicaciones en redes sociales y analizaron las cámaras de seguridad de la zona en la que vive. El motivo esgrimido para encargar esta investigación era analizar el comportamiento de la víctima tras lo sucedido.
“Era jolgorio, ya lo dijo el magistrado de la Audiencia Provincial de Pamplona”, apunta Gonzalo. Un punto de vista que se adopta “desde esa perspectiva tan machista y de considerar que las mujeres son objeto de mi propiedad y con ellas juego. Esa mentalidad está muy presente en la sociedad y también en quien tiene que juzgarlo, que es lo más grave”, señala la jurista.
El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.
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