A menos de 24 horas de la aprobación por parte del Gobierno del decreto sobre vivienda, la negociación sigue abierta y, al menos por lo que respecta a las propuestas de Junts, el Ejecutivo de Pedro Sánchez las «ve con buenos ojos», tal y como se reconoce desde la formación independentista. Aunque el caso de Maricarmen ha permitido que el partido de Puigdemont y el Gobierno reabran un canal de comunicación, son muchos meses, años, de recelos y desencuentros. Así lo ha apuntado Josep Rius, vicepresidente y portavoz de Junts, formación que advierte al Gobierno que no trate de colar asuntos ajenos, como ya intentó con el decreto de pensiones o «escudo social» a principios de año, lo que obligó al Ejecutivo finalmente a tener que desgajar temas para lograr el apoyo independentista a la revalorización de las pensiones. Bajo el impacto del caso de Maricarmen y en una posición que trata de compatibilizar tanto la defensa de los pequeños propietarios como el de los inquilinos que vayan a ser desahuciados, Junts resume sus propuestas mirando a ambos: «No puede haber más casos como el de Maricarmen», tal y como ha advertido Rius, pero la solución de esta problemática social no, se añade, puede recaer sobre las espaldas de los pequeños propietarios.Para el partido de Puigdemont es posible «hacer compatible» la suspensión de los desahucios promovidos por grandes fondos con la protección de quienes poseen una o unas pocas viviendas, que representan el 95% del total. Así, Junts distingue entre estos arrendadores y los grandes operadores financieros e inmobiliarios.La formación asegura que sigue negociando con el Ejecutivo sobre la base de sus propias propuestas. «Lo que le puedo decir es que negociamos nuestras propuestas y mañana, en todo caso, analizaremos el texto en concreto», ha señalado Rius, sin anticipar el sentido del voto de Junts ante un decreto cuyo contenido definitivo aún no conoce. Frente a la posición de Podemos, que rechaza un acuerdo de mínimos, el portavoz ha defendido que «todo el mundo debe salir de su trinchera» para alcanzar «un mínimo común denominador».Junts plantea «dar aire directamente a quienes están sufriendo la crisis habitacional» con un paquete de medidas que combina rebajas fiscales para las familias con restricciones temporales a bancos y fondos para la adquisición de viviendas, una propuesta esta última que, aunque limitada en el tiempo, se acerca bastante a la intención del Govern de Salvador Illa, arrastadao por los Comunes, de limitar la compra especulativa, es decir, aquella no destinada a primera vivienda.Como informó ABC, los ocho puntos con las propuestas de Junts, incluyen suspender los desahucios por impago del alquiler de la vivienda habitual cuando los promuevan entidades financieras, fondos de inversión y otros grandes operadores inmobiliarios. También quiere impedir temporalmente que estos actores compren viviendas, salvo que las destinen al alquiler asequible. Esta última limitación se evaluaría al cabo de dos años.En el terreno fiscal, Junts reclama deducciones en el IRPF por el alquiler, la compra de la vivienda habitual y el pago de la hipoteca. Añade incentivos al ahorro y una reducción del IVA aplicable a la vivienda, aunque el documento no concreta porcentajes ni cuantías.La propuesta incluye asimismo una protección para los hipotecados cuyos préstamos sean vendidos a fondos u otros inversores: podrían cancelar la deuda pagando el precio por el que se transmitió su crédito, más los intereses y gastos correspondientes. Por último, plantea que las personas mayores que deban mudarse a una residencia o al domicilio de un familiar por necesidades de cuidados conserven los beneficios fiscales asociados a su vivienda habitual si posteriormente la venden. A menos de 24 horas de la aprobación por parte del Gobierno del decreto sobre vivienda, la negociación sigue abierta y, al menos por lo que respecta a las propuestas de Junts, el Ejecutivo de Pedro Sánchez las «ve con buenos ojos», tal y como se reconoce desde la formación independentista. Aunque el caso de Maricarmen ha permitido que el partido de Puigdemont y el Gobierno reabran un canal de comunicación, son muchos meses, años, de recelos y desencuentros. Así lo ha apuntado Josep Rius, vicepresidente y portavoz de Junts, formación que advierte al Gobierno que no trate de colar asuntos ajenos, como ya intentó con el decreto de pensiones o «escudo social» a principios de año, lo que obligó al Ejecutivo finalmente a tener que desgajar temas para lograr el apoyo independentista a la revalorización de las pensiones. Bajo el impacto del caso de Maricarmen y en una posición que trata de compatibilizar tanto la defensa de los pequeños propietarios como el de los inquilinos que vayan a ser desahuciados, Junts resume sus propuestas mirando a ambos: «No puede haber más casos como el de Maricarmen», tal y como ha advertido Rius, pero la solución de esta problemática social no, se añade, puede recaer sobre las espaldas de los pequeños propietarios.Para el partido de Puigdemont es posible «hacer compatible» la suspensión de los desahucios promovidos por grandes fondos con la protección de quienes poseen una o unas pocas viviendas, que representan el 95% del total. Así, Junts distingue entre estos arrendadores y los grandes operadores financieros e inmobiliarios.La formación asegura que sigue negociando con el Ejecutivo sobre la base de sus propias propuestas. «Lo que le puedo decir es que negociamos nuestras propuestas y mañana, en todo caso, analizaremos el texto en concreto», ha señalado Rius, sin anticipar el sentido del voto de Junts ante un decreto cuyo contenido definitivo aún no conoce. Frente a la posición de Podemos, que rechaza un acuerdo de mínimos, el portavoz ha defendido que «todo el mundo debe salir de su trinchera» para alcanzar «un mínimo común denominador».Junts plantea «dar aire directamente a quienes están sufriendo la crisis habitacional» con un paquete de medidas que combina rebajas fiscales para las familias con restricciones temporales a bancos y fondos para la adquisición de viviendas, una propuesta esta última que, aunque limitada en el tiempo, se acerca bastante a la intención del Govern de Salvador Illa, arrastadao por los Comunes, de limitar la compra especulativa, es decir, aquella no destinada a primera vivienda.Como informó ABC, los ocho puntos con las propuestas de Junts, incluyen suspender los desahucios por impago del alquiler de la vivienda habitual cuando los promuevan entidades financieras, fondos de inversión y otros grandes operadores inmobiliarios. También quiere impedir temporalmente que estos actores compren viviendas, salvo que las destinen al alquiler asequible. Esta última limitación se evaluaría al cabo de dos años.En el terreno fiscal, Junts reclama deducciones en el IRPF por el alquiler, la compra de la vivienda habitual y el pago de la hipoteca. Añade incentivos al ahorro y una reducción del IVA aplicable a la vivienda, aunque el documento no concreta porcentajes ni cuantías.La propuesta incluye asimismo una protección para los hipotecados cuyos préstamos sean vendidos a fondos u otros inversores: podrían cancelar la deuda pagando el precio por el que se transmitió su crédito, más los intereses y gastos correspondientes. Por último, plantea que las personas mayores que deban mudarse a una residencia o al domicilio de un familiar por necesidades de cuidados conserven los beneficios fiscales asociados a su vivienda habitual si posteriormente la venden.
A menos de 24 horas de la aprobación por parte del Gobierno del decreto sobre vivienda, la negociación sigue abierta y, al menos por lo que respecta a las propuestas de Junts, el Ejecutivo de Pedro Sánchez las «ve con buenos ojos», tal y como … se reconoce desde la formación independentista. Aunque el caso de Maricarmen ha permitido que el partido de Puigdemont y el Gobierno reabran un canal de comunicación, son muchos meses, años, de recelos y desencuentros.
Así lo ha apuntado Josep Rius, vicepresidente y portavoz de Junts, formación que advierte al Gobierno que no trate de colar asuntos ajenos, como ya intentó con el decreto de pensiones o «escudo social» a principios de año, lo que obligó al Ejecutivo finalmente a tener que desgajar temas para lograr el apoyo independentista a la revalorización de las pensiones.
Bajo el impacto del caso de Maricarmen y en una posición que trata de compatibilizar tanto la defensa de los pequeños propietarios como el de los inquilinos que vayan a ser desahuciados, Junts resume sus propuestas mirando a ambos: «No puede haber más casos como el de Maricarmen», tal y como ha advertido Rius, pero la solución de esta problemática social no, se añade, puede recaer sobre las espaldas de los pequeños propietarios.
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Para el partido de Puigdemont es posible «hacer compatible» la suspensión de los desahucios promovidos por grandes fondos con la protección de quienes poseen una o unas pocas viviendas, que representan el 95% del total. Así, Junts distingue entre estos arrendadores y los grandes operadores financieros e inmobiliarios.
La formación asegura que sigue negociando con el Ejecutivo sobre la base de sus propias propuestas. «Lo que le puedo decir es que negociamos nuestras propuestas y mañana, en todo caso, analizaremos el texto en concreto», ha señalado Rius, sin anticipar el sentido del voto de Junts ante un decreto cuyo contenido definitivo aún no conoce. Frente a la posición de Podemos, que rechaza un acuerdo de mínimos, el portavoz ha defendido que «todo el mundo debe salir de su trinchera» para alcanzar «un mínimo común denominador».
Junts plantea «dar aire directamente a quienes están sufriendo la crisis habitacional» con un paquete de medidas que combina rebajas fiscales para las familias con restricciones temporales a bancos y fondos para la adquisición de viviendas, una propuesta esta última que, aunque limitada en el tiempo, se acerca bastante a la intención del Govern de Salvador Illa, arrastadao por los Comunes, de limitar la compra especulativa, es decir, aquella no destinada a primera vivienda.
Como informó ABC, los ocho puntos con las propuestas de Junts, incluyen suspender los desahucios por impago del alquiler de la vivienda habitual cuando los promuevan entidades financieras, fondos de inversión y otros grandes operadores inmobiliarios. También quiere impedir temporalmente que estos actores compren viviendas, salvo que las destinen al alquiler asequible. Esta última limitación se evaluaría al cabo de dos años.
En el terreno fiscal, Junts reclama deducciones en el IRPF por el alquiler, la compra de la vivienda habitual y el pago de la hipoteca. Añade incentivos al ahorro y una reducción del IVA aplicable a la vivienda, aunque el documento no concreta porcentajes ni cuantías.
La propuesta incluye asimismo una protección para los hipotecados cuyos préstamos sean vendidos a fondos u otros inversores: podrían cancelar la deuda pagando el precio por el que se transmitió su crédito, más los intereses y gastos correspondientes. Por último, plantea que las personas mayores que deban mudarse a una residencia o al domicilio de un familiar por necesidades de cuidados conserven los beneficios fiscales asociados a su vivienda habitual si posteriormente la venden.
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