El Departamento de Justicia investiga el acceso no autorizado a información sobre el penal de Puig de les Basses , ubicado en Gerona. Fueron dos reclusos del centro los que consultaron «documentación compartida en unidades de red» desde el mismo penal. Según la valoración inicial de la Agencia de Ciberseguridad catalana, los presos no han obtenido datos críticos y tampoco que afecten al normal funcionamiento de la prisión. Fuentes penitenciaras detallan a ABC que los internos consiguieron acceder a la misma a través de los dispositivos informáticos que tienen en sus módulos -ordenadores y ‘tablets’- para poder comunicarse con el exterior semanalmente, y hacer videollamadas con sus familiares. Ambos, precisan los interlocutores consultados, tienen conocimientos avanzados en la materia y por eso pudieron ‘hackear’ el sistema, ya que se trata de una operación «complicadísima». Ahora, investigan también si pudieron hacer lo propio a través de los ordenadores de los talleres. Por su parte, la Generalitat, a través de un comunicado, ha indicado que fueron responsables de Puig de les Basses los detectaron el incidente, lo que permitió implementar de manera inmediata las «medidas de seguridad correspondientes» y corregir el incidente. Además, se han reforzado también esas mismas medidas en el resto de penales de la comunidad, para garantizar la protección de los sistemas de información. La Agencia de Ciberseguridad, tras una primera valoración, está realizando un análisis «exhaustivo» para esclarecer cómo se produjo este acceso no autorizado, así como el alcance de sus afectaciones; mientras que Justicia ha denunciado lo ocurrido ante el juzgado de guardia de Figueras (Gerona), y también ha notificado el incidente a la Autoridad Catalana de Protección de Datos. Además, esta mañana, el director de Asuntos Penitenciarios, Domingo Estepa, se ha reunido con representantes sindicales de los funcionarios de prisiones para trasladarles la información recabada hasta el momento, así como las medidas de seguridad adoptadas tras el mismo. Dos MP3 y un USBTras la mentada reunión, una de esas organizaciones, Iac-Catac ha manifestado su preocupación ante el acceso no autorizado a carpetas compartidas de la red de Justicia. Que no hayan accedido a sistemas críticos, apuntan, no elimina «el elevado riesgo» de que algunos de los documentos consultados por los internos puedan contener datos personales, profesionales o sobre la propia operativa del penal. Recuerdan así que en el ámbito penitenciario, la protección de datos es una cuestión de seguridad. Según el citado sindicato, a los dos presos se les han retirado dos reproductores MP3, así como un dispositivo de almacenamiento USB, y se han «asegurado» seis ordenadores que podrían estar relacionados con el acceso a esas carpetas. Por eso los funcionarios reclaman esclarecer si los reclusos han copiado la información en más dispositivos, o si la han difundido a terceros. Es decir, delimitar con precisión el alcance de lo ocurrido, así como los posibles perjudicados por la filtración. También exigen una pericial independiente para determinar si otros archivos han podido quedar expuestos, así como alertar a todo aquel personal penitenciario cuyos datos se hayan podido filtrar, en caso de que así fuese. El Departamento de Justicia investiga el acceso no autorizado a información sobre el penal de Puig de les Basses , ubicado en Gerona. Fueron dos reclusos del centro los que consultaron «documentación compartida en unidades de red» desde el mismo penal. Según la valoración inicial de la Agencia de Ciberseguridad catalana, los presos no han obtenido datos críticos y tampoco que afecten al normal funcionamiento de la prisión. Fuentes penitenciaras detallan a ABC que los internos consiguieron acceder a la misma a través de los dispositivos informáticos que tienen en sus módulos -ordenadores y ‘tablets’- para poder comunicarse con el exterior semanalmente, y hacer videollamadas con sus familiares. Ambos, precisan los interlocutores consultados, tienen conocimientos avanzados en la materia y por eso pudieron ‘hackear’ el sistema, ya que se trata de una operación «complicadísima». Ahora, investigan también si pudieron hacer lo propio a través de los ordenadores de los talleres. Por su parte, la Generalitat, a través de un comunicado, ha indicado que fueron responsables de Puig de les Basses los detectaron el incidente, lo que permitió implementar de manera inmediata las «medidas de seguridad correspondientes» y corregir el incidente. Además, se han reforzado también esas mismas medidas en el resto de penales de la comunidad, para garantizar la protección de los sistemas de información. La Agencia de Ciberseguridad, tras una primera valoración, está realizando un análisis «exhaustivo» para esclarecer cómo se produjo este acceso no autorizado, así como el alcance de sus afectaciones; mientras que Justicia ha denunciado lo ocurrido ante el juzgado de guardia de Figueras (Gerona), y también ha notificado el incidente a la Autoridad Catalana de Protección de Datos. Además, esta mañana, el director de Asuntos Penitenciarios, Domingo Estepa, se ha reunido con representantes sindicales de los funcionarios de prisiones para trasladarles la información recabada hasta el momento, así como las medidas de seguridad adoptadas tras el mismo. Dos MP3 y un USBTras la mentada reunión, una de esas organizaciones, Iac-Catac ha manifestado su preocupación ante el acceso no autorizado a carpetas compartidas de la red de Justicia. Que no hayan accedido a sistemas críticos, apuntan, no elimina «el elevado riesgo» de que algunos de los documentos consultados por los internos puedan contener datos personales, profesionales o sobre la propia operativa del penal. Recuerdan así que en el ámbito penitenciario, la protección de datos es una cuestión de seguridad. Según el citado sindicato, a los dos presos se les han retirado dos reproductores MP3, así como un dispositivo de almacenamiento USB, y se han «asegurado» seis ordenadores que podrían estar relacionados con el acceso a esas carpetas. Por eso los funcionarios reclaman esclarecer si los reclusos han copiado la información en más dispositivos, o si la han difundido a terceros. Es decir, delimitar con precisión el alcance de lo ocurrido, así como los posibles perjudicados por la filtración. También exigen una pericial independiente para determinar si otros archivos han podido quedar expuestos, así como alertar a todo aquel personal penitenciario cuyos datos se hayan podido filtrar, en caso de que así fuese.
El Departamento de Justicia investiga el acceso no autorizado a información en la red sobre el penal de Puig de les Basses, ubicado en Gerona. Habrían sido dos internos del centro los que habrían consultado «documentación compartida en unidades de red» desde el … mismo penal. Según la valoración inicial de la Agencia de Ciberseguridad catalana, los reclusos no han obtenido datos críticos y tampoco que afecten al normal funcionamiento de la prisión.
Según ha detallado Justicia en un comunicado, han sido responsables de Puig de les Basses los que han detectado el incidente, lo que permitió activar de manera inmediata las «medidas de seguridad correspondientes» y corregir el incidente. Además, se han reforzado también esas mismas medidas en el resto de penales de la comunidad, para garantizar la protección de los sistemas de información.
Ahora, la Agencia de Ciberseguridad, tras una primera valoración, está realizando un análisis técnico exhaustivo para esclarecer cómo se ha producido este acceso no autorizado, así como el alcance de sus afectaciones. Por su parte, Justicia ha denunciado lo ocurrido ante el juzgado de guardia de Figueras (Gerona), y también ha notificado el incidente a la Autoridad Catalana de Protección de Datos.
Además, esta mañana, el director de Asuntos Penitenciarios, Domingo Estepa, se ha reunido con representantes sindicales de los funcionarios de prisiones para trasladarles la información recabada hasta el momento, así como las medidas de seguridad adoptadas tras el mismo.
Dos MP3 y un USB
Tras la mentada reunión, una de esas organizaciones, Iac-Catac ha manifestado su preocupación por ese acceso no autorizado a carpetas compartidas de la red de Justicia. Que no hayan accedido a sistemas críticos, apuntan, no elimina «el elevado riesgo» de que algunos de los documentos consultados por los internos pueda contener datos personales, profesionales o sobre la operativa del penal.
Recuerdan así que en el ámbito penitenciario, la protección de datos es una cuestión de seguridad. Según el citado sindicato, a los dos presos se les han retirado dos reproductores MP3, así como un USB, y se han «asegurado» seis ordenadores que podrían estar relacionados con el acceso a esas carpetas.
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