La Audiencia Nacional deniega la extradición de un exdiputado opositor venezolano que denuncia la persecución del chavismo

La Audiencia Nacional ha rechazado extraditar a Venezuela a Pedro José Rojas Chirino, diputado de la Asamblea venezolana hasta principios de enero e integrante del partido opositor Acción Democrática. Caracas lo implica en un ataque informático realizado hace un año y medio contra una empresa que él mismo dirigía. Sin embargo, el opositor venezolano denuncia que se trata de una acusación “forzada” y una persecución de “carácter político” del régimen encabezado hasta el pasado día 3 por Nicolás Maduro. Los magistrados declinan entregarlo, no porque den por acreditada la causa política, sino porque los delitos por los que está acusado —que pueden suponer hasta 15 años de prisión— no son homologables a la legislación española.

Rojas Chirino fue detenido en el aeropuerto de Madrid-Barajas el pasado 22 de septiembre cuando se disponía a viajar hacia Panamá. Los agentes de fronteras detectaron que pesaba sobre él una orden de detención internacional por una ristra de delitos informáticos como “apropiación de información por medios electrónicos”, “sabotaje” o “daños al sistema”. Fue conducido a la Audiencia Nacional y, un día después, el juez Francisco de Jorge lo dejó en libertad provisional a la espera de revisar a fondo los argumentos para su extradición.

El reclamado era el presidente Tranred (Tarjetas y Transacciones en Red), una empresa que el 24 de julio de 2024 sufrió un ataque informático, generando supuestamente, un “daño patrimonial y reputacional” por valor de más de 170.000 euros. La acusación de las autoridades venezolanas no concreta quien fue el autor del hackeo, pero acusa a Rojas Chirino de hacer “caso omiso” a las alertas realizadas por el equipo de tecnología de la empresa en temas como la instalación antivirus. Basan el texto incriminatorio en declaraciones de “diferentes testigos” que señalaron que la estructura tecnológica de la mercantil presentaba fallas y que los directivos facilitaron “el ambiente tecnológico” para la intrusión informática.

El abogado del político venezolano, el exfiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista, remitió al tribunal documentación para demostrar que Rojas Chirino era diputado de la Asamblea Nacional y que este detalle había sido “cuidadosamente ocultado” en la reclamación de extradición. Él fue elegido en las elecciones de 2021 y sus funciones parlamentarias estaban en vigor en el momento de su detención. De hecho, en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 actuó como testigo electoral, “certificando actas que reflejaban las irregularidades y un apoyo mayoritario” al candidato opositor Edmundo González, defiende. Por ello, según su relato, denunció la manipulación de los resultados y la falta de transparencia ante el Consejo Nacional Electoral en los últimos comicios en los que Maduro volvió a ser investido presidente.

El letrado de Chabaneix Abogados expuso en una vista que se celebró el pasado 17 de diciembre en la Audiencia Nacional que Venezuela “ni siquiera” había podido “determinar la autoría” del ataque para fundamentar la imputación. Explicó que Rojas Chirino había sido ya perseguido en el país: primero detenido por la Policía Nacional Bolivariana y después retenido por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) “solamente por ejercer su derecho a criticar al presidente Maduro durante la campaña política”, esgrimió. El país “fabricó expedientes penales en su contra”, añadió durante su defensa, y activó entonces los mecanismos internacionales de cooperación judicial para detenerle “con fines políticos”.

La Audiencia Nacional no considera acreditado este extremo. Los magistrados de la Sala de lo Penal indican en una resolución, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, que “no constan” amenazas contra el exdiputado y su familia y que no se aprecia “con la nitidez exigible” la persecución política. Sin embargo, rechazan dar luz verde a su entrega a Caracas porque los hechos que describen las autoridades no son subsumibles en la legislación española. Según el Código Penal, la conducta descrita se incardinaría en un delito de daños informáticos (con pena de seis meses a tres años de cárcel), pero para ello la acusación no puede ser tan genérica. Venezuela no ha concretado quién fue el autor del ataque informático ni ha conseguido acreditar siquiera que el diputado abonara el terreno para dejar caducar los sistemas de protección de forma consciente con la idea de que se produjera la intrusión informática. De considerarse “falta de diligencia” (en la que el empresario hubiera podido incurrir por “desatender las alertas de su empresa”) podría tratarse de un delito de imprudencia, pero este tipo delictivo no alcanza el mínimo delictivo para una extradición que necesita una pena mínima de dos años de prisión y la imprudencia solo llega a nueve meses de multa.