Todavía no se ha decidido si la causa principal será remitida a la Justicia europea Leer Todavía no se ha decidido si la causa principal será remitida a la Justicia europea Leer
La Audiencia de Sevilla ha rechazado que la Junta de Andalucía se persone en la causa contra los ex presidentes andaluces Chaves y Griñán y el resto de ex altos cargos condenados por el caso de corrupción de los ERE. El Gobierno andaluz, presidido por Juanma Moreno, pretendía ser parte perjudicada en este asunto para garantizarse la recuperación del dinero malversado a lo largo de una década por los ejecutivos socialistas, antes de que el caso fuera remitido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
En una providencia difundida este lunes por la Oficina de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), los cinco magistrados que deben decidir sobre la causa principal de los ERE dicen que «no ha lugar a lo solicitado» por la Junta de Andalucía, «al no ser parte en la presente causa«. La Sección Primera recuerda que, «antes de la celebración del juicio», los abogados de la Administración andaluza reclamaron «el sobreseimiento de las actuaciones y la expresa reserva de acciones civiles».
Ello ocurrió en la etapa de la socialista Susana Díaz como presidenta del Gobierno andaluz. Entonces, en el inicio del juicio, los abogados de la Junta hicieron una maniobra procesal que generó gran polémica. Se apartaron de esta causa porque no veían delito alguno en la conducta de los ex presidentes y ex altos cargos, se reservaron el derecho a ejercer acciones para reclamar responsabilidades civiles y no acusaron a ninguno de los 19 ex altos cargos que fueron procesados.
Sin embargo, tras el borrado de los ERE decidido el pasado verano por parte del Tribunal Constitucional, al amparar parcialmente a Chaves, Griñán y otros ex altos cargos, la Junta quiere personarse de nuevo en la causa para tratar de recuperar los casi 680 millones de euros repartidos sin control y de forma arbitraria.
El Gobierno andaluz planteó hace unos días que las sentencias del TC, que preside Cándido Conde-Pumpido, que amparan a los ex altos cargos «pueden generar un escenario de impunidad parcial, no sólo penal sino también civil y patrimonial», que impediría reparar el daño causado a los intereses de la comunidad autónoma de Andalucía. Por ello, pedía ser parte en el proceso como parte perjudicada. La Fiscalía Anticorrupción avaló que estuviera como perjudicada, pero no como parte en la causa. Sin embargo, la Audiencia lo ha rechazado.
Inicialmente, tanto la Audiencia como el Supremo, consideraron que el Gobierno andaluz, en la etapa del PSOE, había malversado 679.412.179,09 euros. Esta suma es la cantidad que, a lo largo de una década, el Ejecutivo andaluz repartió sin ningún tipo de control a empresas en supuestas crisis para que sus trabajadores se prejubilaran. Esos fondos se asignaron a la partida presupuestaria 31L, también conocida como fondo de reptiles. Más tarde, el TC legalizó buena parte de esa suma millonaria porque estaba incluida en las leyes de presupuestos andaluces que cada año aprobaba el Parlamento andaluz.
La Junta de Andalucía quería personarse en la causa antes de que sea enviada, si finalmente ocurre, al TJUE. El pasado 19 de marzo, los magistrados de la Audiencia plantearon llevar las sentencias del TC sobre los ERE ante la Justicia europea porque podrían haberse «extralimitado» y haber «invadido» los «ámbitos reservados a la jurisdicción de los jueces y tribunales». Los magistrados de Sevilla ya han deliberado sobre este asunto, pero todavía no se ha hecho pública su decisión.
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