Pide al juzgado de Montoro acceder a los restos del tren siniestrado para buscar los datos, pero la juez lo rechaza por ahora Leer Pide al juzgado de Montoro acceder a los restos del tren siniestrado para buscar los datos, pero la juez lo rechaza por ahora Leer
Los técnicos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) han abierto el foco de su investigación a los sistemas de seguridad del tren Alvia que chocó con los vagones descarrilados del Iryo a la altura de Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero, un siniestro que le costó la vida a 46 personas mientras que más de un centenar quedaron heridas.
En concreto, los investigadores de la CIAF quieren investigar cómo funcionó -si funcionó- el sistema llamado LZB (abreviatura de Linienzugbeeinflussung, en alemán sistema de conducción automática de trenes) con el que van equipados los trenes de alta velocidad y que es un dispositivo de control de los mismos con señalización en cabina y supervisión continua.
Por ahora, según la documentación que forma parte del sumario judicial, no han sido capaces de encontrar datos sobre el comportamiento de este sistema en la caja negra del Alvia, por lo que han solicitado a la juez Cristina Pastor que les deje acceder a los restos del tren para buscar esos registros en los registradores del Deuta, otro sistema de seguridad con el que estaba equipado.
En un oficio remitido a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil, los técnicos de la CIAF defienden la necesidad de acceder al sistema Deuta para poder determinar con exactitud la orden que emitió el LZB en lo referente a la activación del frenado de emergencia de este tren, que procedía de Madrid y que se dirigía a Huelva y en el que falleció la mayoría de las víctimas mortales.
El sistema Deuta, explicaba el oficio de la CIAF, estaba ubicado en el vagón 1 del Alvia, por lo que pidieron al juzgado de Montoro encargado de la instrucción judicial el acceso a sus restos, que están custodiados en unas instalaciones en Dos Hermanas, y la ayuda de la Guardia Civil en esas tareas.
Sin embargo, la juez Pastor no ha accedido a la pretensión de la CIAF, que no considera pertinente al menos por ahora y mientras no estén designados los peritos judiciales que tienen que elaborar el informe independiente que la magistrada quiere tener para aclarar lo sucedido en Adamuz y dilucidar las posibles responsabilidades.
No es la única negativa de la jueza a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que tampoco podrá, como quería, realizar un reportaje fotográfico de lo que queda de los trenes -ya hay un reportaje fotográfico en las actuaciones- ni accederá a las grabaciones y al informe final del despliegue de los servicios de emergencias del 112.
Al margen de lo que deparen los registros sobre el sistema de frenado del Alvia, hay que recordar que la principal hipótesis con la que trabajan tanto la CIAF como la Guardia Civil es que el descarrilamiento del Iryo procedente de Málaga que derivó en el choque posterior con el Alvia tuvo su causa última en la rotura de la vía por la que circulaba el segundo de los trenes -por falta de mantenimiento o por un defecto de soldadura- y que se produjo, según el último informe del instituto armado, apenas 22 horas antes del siniestro, poniendo de manifiesto hasta cinco negligencias de Adif.
El informe remitido el pasado 28 de marzo por la Guardia Civil a la jueza que instruye el accidente de Adamuz y sus 46 víctimas mortales descarta por completo un fallo humano por parte de los maquinistas o un sabotaje, considera poco probable que lo ocasionaran los trenes que circulaban y se centra en la rotura del carril sin que, con los datos recabados hasta la fecha, sea posible «determinar si fue la rotura del riel la que dio lugar a la de la soldadura o viceversa». En cualquier caso, a lo largo del documento, los agentes, indican a la juez al menos cinco negligencias que ponen en cuestión el papel de prevención de Adif, empresa gestora de la infraestructura de alta velocidad cuyo presidente, Pedro Marco de la Peña, acudió al Congreso a declarar el pasado 23 de marzo, casi una semana antes de la elaboración del informe.
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