La crisis abierta por el fiasco de las pruebas del informe Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (conocido como PISA, por sus siglas en inglés) ha elevado, este lunes, la presión sobre Salvador Illa y su consejera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó. Junts, PP y Vox han exigido la dimisión de la titular de la cartera sectorial, que cuenta con todo el respaldo del presidente de la Generalitat, al que ahora -a pesar de si viaje institucioanal en Vietnam- se fijan las miradas políticas.Niubó ha descartado abandonar el cargo, según ha dicho durante su comparecencia ante la Comisión de Educación del Parlament, y ha sostenido que el incidente es «eminentemente técnico». La consejera ha admitido, eso sí, la dimensión del error: de los 2.545 estudiantes seleccionados para PISA 2025, un total de 591 quedaron exentos. El porcentaje, el 23,2%, está casi cinco veces por encima del límite del 5% fijado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para garantizar la representatividad estadística de la muestra.La consecuencia es que Cataluña dispondrá de resultados (en septiembre de 2026), pero estos no podrán utilizarse para conocer su posición respecto a otros países o comunidades ni para medir su evolución frente a anteriores ediciones. La región se queda sin la principal utilidad política y educativa de la prueba, la comparación exterior -con otras comunidades y de España con otros países- y temporal, justo cuando el sistema esperaba comprobar si había corregido el retroceso registrado en 2022. Cataluña tendrá que esperar hasta 2029.«Si hay responsabilidades, estas se depurarán a fondo», ha asegurado Niubó, que ha prometido trasladar las conclusiones de la investigación y actuar «en consecuencia». La consejera ha defendido que el problema se limita a la representatividad de la muestra y ha negado que el incidente desacredite la apuesta del departamento por la evaluación educativa. Aunque ha insistido en que no hay que hacer especulaciones, a la espera de un informe interno para ver dónde se ha producido el error, Niubó ha apuntado a una confusión de los centros sobre los criterios de exención.Al parecer, las pruebas PISA se aplicaron en los institutos entre el 31 de marzo y el 16 de mayo de 2025 y coincidieron con las evaluaciones catalanas de final de etapa de cuarto de ESO, celebradas los días 10 y 11 de abril. Los mismos 51 centros seleccionados para el informe PISA tuvieron que administrar en un intervalo reducido dos evaluaciones sometidas a normas diferentes.Para evitar un nuevo error, el Govern ha creado una Comisión de Coordinación de Pruebas y Estudios de EvaluaciónEl porcentaje de alumnos que no participaron en las pruebas catalanas fue, según ha expuesto Niubó, parecido al registrado en PISA. Esa coincidencia permite a la consejería plantear que los centros trasladaran por error a la evaluación internacional unos criterios de exención más amplios que los admitidos por la OCDE.Por si esto no fuera suficiente, el proceso se desarrolló además durante la transición entre el Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo y la nueva Agencia de Evaluación y Prospectiva de la Educación. Niubó ha reconocido que este cambio, únicamente institucional, debe formar parte del análisis sobre lo ocurrido, aunque ha advertido de que «en ningún caso puede servir de excusa». Para tratar de evitar un nuevo error, el Govern ha creado una Comisión de Coordinación de Pruebas y Estudios de Evaluación.«El paradigma de un gobierno incompetente»Las palabras de Niubó no convencieron a la oposición de Junts, PP y Vox, sobre todo. Anna Erra (Junts), en su turno de palabra, ha cargado contra la consejera por no saber gobernar el departamento. Antes que Erra había posicionado a Junts su portavoz, Josep Rius, que elevó la crítica hacia Illa y acusó al Govern de haber «hecho el ridículo» y ha presentado el caso como «el paradigma de un gobierno incompetente». También ha calificado a Niubó como «la peor consejera de Educación de la historia» y ha censurado que el presidente de la Generalitat esté de viaje oficial en Vietnam.El portavoz del PP en la comisión parlamentaria, Cristian Escribano, ha sido muy vehemente y ha advertido de que lo ocurrido no es un mero fallo administrativo, sino una actuación dirigida a alterar la muestra. Ha acausado al Govern de recurrir «al trilerismo, a la manipulación y a la mentira», de sentir «pánico» ante la posibilidad de que PISA confirmara el deterioro del nivel educativo catalán y ha calificado de «indecencia» la decisión del Govern.Por su parte, Manuel Acosta (Vox) también ha exigido la dimisión de Niubó, ha calificado lo ocurrido como «un hecho extremadamente grave» y ha acusado al departamento de actuar con «ineptitud política y profesional». Además, Acosta ha denunciado que el Govern conocía desde marzo que la muestra seleccionada para estas pruebas no cumplía los criterios de la OCDE y, por lo tanto, que «ocultó información» durante meses y siguió adelante con el proceso.Illa, desde Vietnam, ha mostrado todo su apoyo a la consejera de EducaciónA pesar de la gravedad del caso y de las posiciones de la oposición, Illa, desde Vietnam, ha cerrado filas con Niubó, a quien ha expresado «todo el apoyo». El presidente autonómico ha reducido el caso a una cuestión técnica. Jéssica Albiach (Comuns), Irene Aragonès (ERC) y Pilar Castillejo (CUP) han criticado la situación pero no han pedido la dimisión de la consejera. Y Rosa Maria Soberana (Aliança) ha pedido, directamente, elecciones.En cualquier caso, la comparecencia de Niubó no ha servido para despejar algunas de las incógnitas. ¿Quién aplicó incorrectamente las exenciones? ¿Qué controles fallaron? ¿Por qué el Govern tardó varios meses en informar del aviso recibido? Tampoco se ha concretado el calendario de la investigación, con más de un mes y medio por delante hasta el inicio del nuevo curso escolar. La única certeza es que Cataluña no tendrá resultados de PISA comparables hasta 2029. Como pronto. La crisis abierta por el fiasco de las pruebas del informe Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (conocido como PISA, por sus siglas en inglés) ha elevado, este lunes, la presión sobre Salvador Illa y su consejera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó. Junts, PP y Vox han exigido la dimisión de la titular de la cartera sectorial, que cuenta con todo el respaldo del presidente de la Generalitat, al que ahora -a pesar de si viaje institucioanal en Vietnam- se fijan las miradas políticas.Niubó ha descartado abandonar el cargo, según ha dicho durante su comparecencia ante la Comisión de Educación del Parlament, y ha sostenido que el incidente es «eminentemente técnico». La consejera ha admitido, eso sí, la dimensión del error: de los 2.545 estudiantes seleccionados para PISA 2025, un total de 591 quedaron exentos. El porcentaje, el 23,2%, está casi cinco veces por encima del límite del 5% fijado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para garantizar la representatividad estadística de la muestra.La consecuencia es que Cataluña dispondrá de resultados (en septiembre de 2026), pero estos no podrán utilizarse para conocer su posición respecto a otros países o comunidades ni para medir su evolución frente a anteriores ediciones. La región se queda sin la principal utilidad política y educativa de la prueba, la comparación exterior -con otras comunidades y de España con otros países- y temporal, justo cuando el sistema esperaba comprobar si había corregido el retroceso registrado en 2022. Cataluña tendrá que esperar hasta 2029.«Si hay responsabilidades, estas se depurarán a fondo», ha asegurado Niubó, que ha prometido trasladar las conclusiones de la investigación y actuar «en consecuencia». La consejera ha defendido que el problema se limita a la representatividad de la muestra y ha negado que el incidente desacredite la apuesta del departamento por la evaluación educativa. Aunque ha insistido en que no hay que hacer especulaciones, a la espera de un informe interno para ver dónde se ha producido el error, Niubó ha apuntado a una confusión de los centros sobre los criterios de exención.Al parecer, las pruebas PISA se aplicaron en los institutos entre el 31 de marzo y el 16 de mayo de 2025 y coincidieron con las evaluaciones catalanas de final de etapa de cuarto de ESO, celebradas los días 10 y 11 de abril. Los mismos 51 centros seleccionados para el informe PISA tuvieron que administrar en un intervalo reducido dos evaluaciones sometidas a normas diferentes.Para evitar un nuevo error, el Govern ha creado una Comisión de Coordinación de Pruebas y Estudios de EvaluaciónEl porcentaje de alumnos que no participaron en las pruebas catalanas fue, según ha expuesto Niubó, parecido al registrado en PISA. Esa coincidencia permite a la consejería plantear que los centros trasladaran por error a la evaluación internacional unos criterios de exención más amplios que los admitidos por la OCDE.Por si esto no fuera suficiente, el proceso se desarrolló además durante la transición entre el Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo y la nueva Agencia de Evaluación y Prospectiva de la Educación. Niubó ha reconocido que este cambio, únicamente institucional, debe formar parte del análisis sobre lo ocurrido, aunque ha advertido de que «en ningún caso puede servir de excusa». Para tratar de evitar un nuevo error, el Govern ha creado una Comisión de Coordinación de Pruebas y Estudios de Evaluación.«El paradigma de un gobierno incompetente»Las palabras de Niubó no convencieron a la oposición de Junts, PP y Vox, sobre todo. Anna Erra (Junts), en su turno de palabra, ha cargado contra la consejera por no saber gobernar el departamento. Antes que Erra había posicionado a Junts su portavoz, Josep Rius, que elevó la crítica hacia Illa y acusó al Govern de haber «hecho el ridículo» y ha presentado el caso como «el paradigma de un gobierno incompetente». También ha calificado a Niubó como «la peor consejera de Educación de la historia» y ha censurado que el presidente de la Generalitat esté de viaje oficial en Vietnam.El portavoz del PP en la comisión parlamentaria, Cristian Escribano, ha sido muy vehemente y ha advertido de que lo ocurrido no es un mero fallo administrativo, sino una actuación dirigida a alterar la muestra. Ha acausado al Govern de recurrir «al trilerismo, a la manipulación y a la mentira», de sentir «pánico» ante la posibilidad de que PISA confirmara el deterioro del nivel educativo catalán y ha calificado de «indecencia» la decisión del Govern.Por su parte, Manuel Acosta (Vox) también ha exigido la dimisión de Niubó, ha calificado lo ocurrido como «un hecho extremadamente grave» y ha acusado al departamento de actuar con «ineptitud política y profesional». Además, Acosta ha denunciado que el Govern conocía desde marzo que la muestra seleccionada para estas pruebas no cumplía los criterios de la OCDE y, por lo tanto, que «ocultó información» durante meses y siguió adelante con el proceso.Illa, desde Vietnam, ha mostrado todo su apoyo a la consejera de EducaciónA pesar de la gravedad del caso y de las posiciones de la oposición, Illa, desde Vietnam, ha cerrado filas con Niubó, a quien ha expresado «todo el apoyo». El presidente autonómico ha reducido el caso a una cuestión técnica. Jéssica Albiach (Comuns), Irene Aragonès (ERC) y Pilar Castillejo (CUP) han criticado la situación pero no han pedido la dimisión de la consejera. Y Rosa Maria Soberana (Aliança) ha pedido, directamente, elecciones.En cualquier caso, la comparecencia de Niubó no ha servido para despejar algunas de las incógnitas. ¿Quién aplicó incorrectamente las exenciones? ¿Qué controles fallaron? ¿Por qué el Govern tardó varios meses en informar del aviso recibido? Tampoco se ha concretado el calendario de la investigación, con más de un mes y medio por delante hasta el inicio del nuevo curso escolar. La única certeza es que Cataluña no tendrá resultados de PISA comparables hasta 2029. Como pronto.
La crisis abierta por el fiasco de las pruebas del informe Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (conocido como PISA, por sus siglas en inglés) ha elevado, este lunes, la presión sobre Salvador Illa y su consejera de Educación y Formación Profesional, … Esther Niubó. Junts, PP y Vox han exigido la dimisión de la titular de la cartera sectorial, que cuenta con todo el respaldo del presidente de la Generalitat, al que ahora -a pesar de si viaje institucioanal en Vietnam- se fijan las miradas políticas.
Niubó ha descartado abandonar el cargo, según ha dicho durante su comparecencia ante la Comisión de Educación del Parlament, y ha sostenido que el incidente es «eminentemente técnico». La consejera ha admitido, eso sí, la dimensión del error: de los 2.545 estudiantes seleccionados para PISA 2025, un total de 591 quedaron exentos. El porcentaje, el 23,2%, está casi cinco veces por encima del límite del 5% fijado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para garantizar la representatividad estadística de la muestra.
La consecuencia es que Cataluña dispondrá de resultados (en septiembre de 2026), pero estos no podrán utilizarse para conocer su posición respecto a otros países o comunidades ni para medir su evolución frente a anteriores ediciones. La región se queda sin la principal utilidad política y educativa de la prueba, la comparación exterior -con otras comunidades y de España con otros países- y temporal, justo cuando el sistema esperaba comprobar si había corregido el retroceso registrado en 2022. Cataluña tendrá que esperar hasta 2029.
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Nueva polémica en el informe Pisa
Esther Armora
«Si hay responsabilidades, estas se depurarán a fondo», ha asegurado Niubó, que ha prometido trasladar las conclusiones de la investigación y actuar «en consecuencia». La consejera ha defendido que el problema se limita a la representatividad de la muestra y ha negado que el incidente desacredite la apuesta del departamento por la evaluación educativa. Aunque ha insistido en que no hay que hacer especulaciones, a la espera de un informe interno para ver dónde se ha producido el error, Niubó ha apuntado a una confusión de los centros sobre los criterios de exención.
Al parecer, las pruebas PISA se aplicaron en los institutos entre el 31 de marzo y el 16 de mayo de 2025 y coincidieron con las evaluaciones catalanas de final de etapa de cuarto de ESO, celebradas los días 10 y 11 de abril. Los mismos 51 centros seleccionados para el informe PISA tuvieron que administrar en un intervalo reducido dos evaluaciones sometidas a normas diferentes.
Para evitar un nuevo error, el Govern ha creado una Comisión de Coordinación de Pruebas y Estudios de Evaluación
El porcentaje de alumnos que no participaron en las pruebas catalanas fue, según ha expuesto Niubó, parecido al registrado en PISA. Esa coincidencia permite a la consejería plantear que los centros trasladaran por error a la evaluación internacional unos criterios de exención más amplios que los admitidos por la OCDE.
Por si esto no fuera suficiente, el proceso se desarrolló además durante la transición entre el Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo y la nueva Agencia de Evaluación y Prospectiva de la Educación. Niubó ha reconocido que este cambio, únicamente institucional, debe formar parte del análisis sobre lo ocurrido, aunque ha advertido de que «en ningún caso puede servir de excusa». Para tratar de evitar un nuevo error, el Govern ha creado una Comisión de Coordinación de Pruebas y Estudios de Evaluación.
«El paradigma de un gobierno incompetente»
Las palabras de Niubó no convencieron a la oposición de Junts, PP y Vox, sobre todo. Anna Erra (Junts), en su turno de palabra, ha cargado contra la consejera por no saber gobernar el departamento. Antes que Erra había posicionado a Junts su portavoz, Josep Rius, que elevó la crítica hacia Illa y acusó al Govern de haber «hecho el ridículo» y ha presentado el caso como «el paradigma de un gobierno incompetente». También ha calificado a Niubó como «la peor consejera de Educación de la historia» y ha censurado que el presidente de la Generalitat esté de viaje oficial en Vietnam.
El portavoz del PP en la comisión parlamentaria, Cristian Escribano, ha sido muy vehemente y ha advertido de que lo ocurrido no es un mero fallo administrativo, sino una actuación dirigida a alterar la muestra. Ha acausado al Govern de recurrir «al trilerismo, a la manipulación y a la mentira», de sentir «pánico» ante la posibilidad de que PISA confirmara el deterioro del nivel educativo catalán y ha calificado de «indecencia» la decisión del Govern.
Por su parte, Manuel Acosta (Vox) también ha exigido la dimisión de Niubó, ha calificado lo ocurrido como «un hecho extremadamente grave» y ha acusado al departamento de actuar con «ineptitud política y profesional». Además, Acosta ha denunciado que el Govern conocía desde marzo que la muestra seleccionada para estas pruebas no cumplía los criterios de la OCDE y, por lo tanto, que «ocultó información» durante meses y siguió adelante con el proceso.
Illa, desde Vietnam, ha mostrado todo su apoyo a la consejera de Educación
A pesar de la gravedad del caso y de las posiciones de la oposición, Illa, desde Vietnam, ha cerrado filas con Niubó, a quien ha expresado «todo el apoyo». El presidente autonómico ha reducido el caso a una cuestión técnica. Jéssica Albiach (Comuns), Irene Aragonès (ERC) y Pilar Castillejo (CUP) han criticado la situación pero no han pedido la dimisión de la consejera. Y Rosa Maria Soberana (Aliança) ha pedido, directamente, elecciones.
En cualquier caso, la comparecencia de Niubó no ha servido para despejar algunas de las incógnitas. ¿Quién aplicó incorrectamente las exenciones? ¿Qué controles fallaron? ¿Por qué el Govern tardó varios meses en informar del aviso recibido? Tampoco se ha concretado el calendario de la investigación, con más de un mes y medio por delante hasta el inicio del nuevo curso escolar. La única certeza es que Cataluña no tendrá resultados de PISA comparables hasta 2029. Como pronto.
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