La patronal de la construcción quiere poner freno al déficit de mano de obra con un plan de choque que pasa por la regularización de inmigrantes en situación irregular y por atraer trabajadores formados desde el extranjero. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) propondrá este jueves al Gobierno dos vías claras: impulsar itinerarios formativos cortos y reglados, de entre 60 y 100 horas, para extranjeros que ya residen en España, pero que se encuentran en la economía sumergida, y facilitar la contratación de profesionales cualificados desde sus países de origen, lo que de facto pasa por ampliar el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. Ambas medidas, sostiene la organización, son “imprescindibles” para cubrir la falta de trabajadores en un sector que representa en torno al 5% del PIB.
La patronal quiere impulsar itinerarios formativos de entre 60 y 100 horas y ampliar el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura
La patronal de la construcción quiere poner freno al déficit de mano de obra con un plan de choque que pasa por la regularización de inmigrantes en situación irregular y por atraer trabajadores formados desde el extranjero. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) propondrá este jueves al Gobierno dos vías claras: impulsar itinerarios formativos cortos y reglados, de entre 60 y 100 horas, para extranjeros que ya residen en España, pero que se encuentran en la economía sumergida, y facilitar la contratación de profesionales cualificados desde sus países de origen, lo que de facto pasa por ampliar el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. Ambas medidas, sostiene la organización, son “imprescindibles” para cubrir la falta de trabajadores en un sector que representa en torno al 5% del PIB.
En su Asamblea General, que se celebrará en la sede de la patronal en Madrid, la CNC trasladará al Ministerio de Vivienda y al de Seguridad Social estas propuestas para combatir la escasez de mano de obra en la construcción. La patronal quiere aprovechar la capacidad de los más de 60 centros de la Fundación Laboral de la Construcción para formar a migrantes en situación administrativa irregular mediante programas específicos enmarcados en el arraigo por formación, regulado por el Real Decreto 629/2022. Aunque estos cursos ya se imparten desde la aprobación de dicha norma, tradicionalmente tienen una duración mucho más larga -de unas 200 horas-. Sin embargo, la nueva propuesta plantea adaptar la formación a itinerarios más breves, de entre 60 y 100 horas, acelerando así su inserción laboral.
Además, la CNC reclamará al Ministerio de Seguridad Social que se agilice la incorporación de profesionales formados en la construcción desde sus países de origen. Se interpela de forma directa al departamento de Elma Saiz y no a Trabajo porque la patronal considera que, tras la entrada en vigor, el próximo 20 de mayo, del nuevo reglamento de extranjería, son ellos los que tendrán más capacidad para intervenir en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. La demanda se basa en la inclusión, por primera vez en 2023, de ocupaciones técnicas del sector de la construcción en este listado. En ese entonces se permitió la incorporación al mercado laboral de carpinteros de aluminio, metálico y PVC; montadores de carpintería metálica, aluminio y PVC; instaladores electricistas de edificios y viviendas; conductores-operadores de grúa en camión; conductores-operadores de grúa fija y conductores-operadores de grúa móvil. Ahora el sector considera que es necesario ampliar ese catálogo para incluir más profesiones del sector, con el objetivo de agilizar las obras tanto de viviendas como del resto de infraestructuras.
La propuesta se produce en un contexto de tensión entre los ministerios de Trabajo y de Seguridad Social, que mantienen un pulso en torno a la gestión de la contratación de extranjeros en origen. El departamento que dirige Saiz defiende que su papel en la confección del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura se ha “reforzado normativamente” y que ahora puede proponer de forma más directa la incorporación de nuevas ocupaciones, siempre basándose en indicadores oficiales. Por su parte, el departamento de Yolanda Díaz mantiene que la elaboración técnica del catálogo sigue siendo competencia del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que está adscrito a Trabajo.
El problema no se limita solo a un tema de competencias, sino de visión del mercado laboral: mientras Seguridad Social considera que hay una escasez de mano de obra en ciertos sectores, Trabajo muestra más resistencias a incluir más profesiones porque considera que España no sufre un problema de vacantes. Para sustentar esta reflexión, el departamento de Díaz recurre a las estadísticas oficiales de Eurostat: España registra una tasa de vacantes del 0,9%, casi la menor del continente, muy lejos de la media europea (2,3%) y de los países que más sufren este problema (como Bélgica, con un 4,1%). En ello tiene mucho que ver que España sea el país con mayor tasa de paro de Europa, doblando la proporción promedio en Europa. Justo por ello, antes los 2,6 millones de desempleados del país, los sindicatos suelen mostrar resistencia a los cambios en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura.
El Gobierno ya aprobó una ampliación del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura en verano de 2023, con la inclusión de varias profesiones técnicas de la construcción. Era la primera vez que se incluían este tipo de ocupaciones. En los primeros meses apenas funcionó, con solo 29 contrataciones en cuatro meses. Después de que este periódico desvelase el dato, el Ejecutivo dejó de distribuir cifras al respecto. Pero los sindicatos vienen señalando que, con la información de la que disponen, creen que la situación no ha mejorado: el cambio apenas ha servido para reforzar estas contrataciones en origen. En cualquier caso, el nuevo reglamento de extranjería busca simplificar los trámites, reducir los plazos de regularización y facilitar la incorporación de inmigrantes al mercado laboral, apostando por vías como el arraigo ordinario y por formación. Según estimaciones del ministerio, la norma permitirá la regularización de hasta 300.000 personas al año.
Está previsto que en la Asamblea General participe la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; y la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela. En la cita también participará el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y representantes de sindicatos y otras organizaciones empresariales.
Más jóvenes y mujeres en la obra
El sector insiste en la necesidad de incorporar a más jóvenes y mujeres a la construcción. Aunque el número de trabajadoras ha crecido de manera significativa en los últimos años, hasta representar el 11% de los trabajadores en el sector, una mínima parte de esa tasa trabaja en la obra. Además, hay mucha gente cercana a la jubilación y pocos jóvenes incorporándose al mercado. Según cálculos de la CNC, los menores de 30 años solo ascienden al 9% de las plantillas, mientras que los mayores de 55 son el 20%. A juicio de la patronal, la falta de relevo generacional amenaza la sostenibilidad de una industria clave para la economía y para los objetivos de inversión pública, especialmente en un momento en el que el país vive una crisis de vivienda y los fondos europeos obligan a ejecutar obras a un ritmo acelerado.
Según la última encuesta Desajustes de la oferta y la demanda que realiza el Observatorio de las ocupaciones del SEPE, hasta 2024 había siete profesiones relacionadas con la construcción que tenían altos niveles de desajustes, entre los que destacan albañiles, electricistas de la construcción, fontaneros, soldadores y carpinteros metálicos. La demanda insatisfecha en el primer trimestre del año pasado alcanzó su pico máximo con 8.785 vacantes, lo que supone un aumento del 341% respecto a la demanda de mano de obra de 2020, cuando eran 1.988 vacantes, según el documento.
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