La familia de Sandra Peña, la menor sevillana que presuntamente se suicidó el pasado mes de octubre tras sufrir acoso escolar, ha mantenido este miércoles una reunión con la consejera de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, Carmen Castillo, en la sede de la Consejería en la capital andaluz. El tío de la menor, Isaac Villar, ha agradecido el apoyo del Gobierno autonómico en la investigación y ha señalado que «se mantienen todas las vías abiertas» a la espera que avance la parte judicial.
«Nos han declarado que van a llegar hasta el final de la investigación y que tomarán todas las medidas acordes a los hechos que se demuestren», ha afirmado el portavoz de la familia, que también ha agradecido «el cariño que están recibiendo de la sociedad». «Ojalá esto sirva para que sea un antes y un después y se cambien todas las normas o todas las leyes que haya que cambiar para que estas situaciones no se repitan», ha remarcado el tío de la menor.
Por otro lado, ha confirmado que el juzgado ha admitido la querella presentada el viernes contra el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla y el personal docente del centro que, presuntamente, habría estado «implicado» en el presunto suicidio de la menor, que tuvo lugar el pasado 14 de octubre.
Una «falta» de actuación
Según la familia, hay ciertos indicios de las diligencias practicadas por la Fiscalía al respecto de la actuación y posible responsabilidad de los profesionales del centro que llevan a concluir, «sin lugar a dudas», la posible implicación de los docentes en el caso, dada su «falta» de actuación en el presunto caso de acoso. Por ello, la familia alega que habrían cometido homicidio, lesiones psíquicas y trato degradante.
La Fiscalía mantiene abiertos dos expedientes para investigar las circunstancias que rodean los hechos. Uno de ellos, de reforma juvenil, se centra en la posible implicación de varias menores, mientras que el segundo, de supervisión, tiene por objeto evaluar la actuación y posible responsabilidad del personal del centro educativo en el que estudiaba.
Desde la dirección del colegio se ha venido pidiendo «cautela y responsabilidad hasta que finalice la investigación policial, judicial y administrativa» en torno al caso, que movilizó a finales de octubre a miles de estudiantes, convocados por el Sindicato de Estudiantes en las calles de las principales ciudades españolas, para acabar «con el monstruo del bullying«. Las manifestaciones fueron convocadas en 55 ciudades de todo el país en el marco de una huelga estudiantil.
«Ojalá sirva para que se cambien las normas para que estas situaciones no se repitan», ha remarcado el tío de la menor.
La familia de Sandra Peña, la menor sevillana que presuntamente se suicidó el pasado mes de octubre tras sufrir acoso escolar, ha mantenido este miércoles una reunión con la consejera de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, Carmen Castillo, en la sede de la Consejería en la capital andaluz. El tío de la menor, Isaac Villar, ha agradecido el apoyo del Gobierno autonómico en la investigación y ha señalado que «se mantienen todas las vías abiertas» a la espera que avance la parte judicial.
«Nos han declarado que van a llegar hasta el final de la investigación y que tomarán todas las medidas acordes a los hechos que se demuestren», ha afirmado el portavoz de la familia, que también ha agradecido «el cariño que están recibiendo de la sociedad». «Ojalá esto sirva para que sea un antes y un después y se cambien todas las normas o todas las leyes que haya que cambiar para que estas situaciones no se repitan», ha remarcado el tío de la menor.
Por otro lado, ha confirmado que el juzgado ha admitido la querella presentada el viernes contra el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla y el personal docente del centro que, presuntamente, habría estado «implicado» en el presunto suicidio de la menor, que tuvo lugar el pasado 14 de octubre.
Una «falta» de actuación
Según la familia, hay ciertos indicios de las diligencias practicadas por la Fiscalía al respecto de la actuación y posible responsabilidad de los profesionales del centro que llevan a concluir, «sin lugar a dudas», la posible implicación de los docentes en el caso, dada su «falta» de actuación en el presunto caso de acoso. Por ello, la familia alega que habrían cometido homicidio, lesiones psíquicas y trato degradante.
La Fiscalía mantiene abiertos dos expedientes para investigar las circunstancias que rodean los hechos. Uno de ellos, de reforma juvenil, se centra en la posible implicación de varias menores, mientras que el segundo, de supervisión, tiene por objeto evaluar la actuación y posible responsabilidad del personal del centro educativo en el que estudiaba.
Desde la dirección del colegio se ha venido pidiendo «cautela y responsabilidad hasta que finalice la investigación policial, judicial y administrativa» en torno al caso, que movilizó a finales de octubre a miles de estudiantes, convocados por el Sindicato de Estudiantes en las calles de las principales ciudades españolas, para acabar «con el monstruo del bullying«. Las manifestaciones fueron convocadas en 55 ciudades de todo el país en el marco de una huelga estudiantil.
20MINUTOS.ES – Andalucía
