En cambio, considera que la Junta no puede ser parte en la causa que podría terminar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) Leer En cambio, considera que la Junta no puede ser parte en la causa que podría terminar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) Leer
La Fiscalía Anticorrupción ha apoyado que la Junta de Andalucía sea oída por los jueces como «perjudicada» del fraude de los ERE en la causa contra los ex presidentes andaluces del PSOE Chaves y Griñán y el resto de ex altos cargos antes de que la misma sea enviada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TSJA). La Audiencia de Sevilla planteó a las partes remitir esta causa a la Justicia europea porque las sentencias del Constitucional que ampararon parcialmente a la mayoría de los ex altos cargos podrían haberse «extralimitado» y haber vulnerado las «exigencias internacionales de lucha contra la corrupción«.
En un escrito al que ha tenido acceso este viernes EL MUNDO, los fiscales de Sevilla del caso ERE exponen que la Junta de Andalucía «no ha perdido en absoluto su legítima condición de perjudicada por el delito» de los ERE. E incluso -añaden los fiscales- las sentencias de la Audiencia de Sevilla, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional (TC) «reconocen» la existencia de «caudales públicos malversados por las personas que han resultado condenadas ya en firme, así como de aquellas sobre las que es necesario, en los términos recogidos en las sentencias dictadas por el TC, un nuevo pronunciamiento».
Inicialmente, tanto la Audiencia como el Supremo, consideraron que el Gobierno andaluz, en la etapa del PSOE, había malversado 679.412.179,09 euros. Esta suma es la cantidad que, a lo largo de una década, el Ejecutivo andaluz repartió sin ningún tipo de control a empresas en supuestas crisis para que sus trabajadores se prejubilaran. Esos fondos se asignaron a la partida presupuestaria 31L, también conocida como fondo de reptiles. Más tarde, el TC legalizó buena parte de esa suma millonaria porque estaba incluida en las leyes de presupuestos andaluces que cada año aprobaba el Parlamento andaluz. El Gobierno andaluz quiere personarse en la causa contra Chaves y Griñán para recuperar el botín íntegro de los ERE, que son los casi 680 millones de euros repartidos sin control.
La Junta planteó hace unos días que las sentencias del TC, que preside Cándido Conde-Pumpido, que amparan a Chaves y Griñán y a otros ex altos cargos «pueden generar un escenario de impunidad parcial, no sólo penal sino también civil y patrimonial», que impediría reparar el daño causado a los intereses de la comunidad autónoma de Andalucía. Por ello, pide ser parte en el proceso como parte perjudicada.
La Fiscalía considera que sí es perjudicada y debe ser oída en la causa, pero en ningún caso puede ser una parte más en el procedimiento. Inicialmente, la Junta sí estaba personada como parte en el proceso, pero en la etapa de la socialista Susana Díaz como presidenta del Gobierno andaluz, los abogados de la Administración andaluza hicieron una maniobra procesal que generó gran polémica. Se apartaron de esta causa porque no veían delito alguno en la conducta de los ex presidentes y ex altos cargos, se reservaron el derecho a ejercer acciones para reclamar responsabilidades civiles y no acusaron a ninguno de los 19 ex altos cargos que fueron procesados.
Al apartarse de la causa, la Junta provocó que el Ministerio Público y las acusaciones populares personadas no incluyeran en sus escritos de conclusiones definitivas «petición indemnizatoria alguna, sin perjuicio de que en el relato de hechos sí se cuantificara el perjuicio sufrido por la Junta de Andalucía en cada ejercicio presupuestario del periodo 2000-2009″, destaca el escrito de los fiscales.
Por lo tanto, la Junta «ha perdido en esta causa la condición de parte», dicen los fiscales de Sevilla, que remarcan cómo la «legislación procesal no contempla ningún supuesto en que quien ha abandonado el proceso, como ha ocurrido en este caso, en el que la Junta se apartó de la causa tras la presentación del referido escrito pidiendo el sobreseimiento, dejando de ser procesalmente acusación particular, pueda volver a ser tenida parte en la causa en la misma condición de acusación particular, una vez finalizada la fase intermedia y con más razón en este supuesto en que ya se ha celebrado vista oral, se ha dictado sentencia y se ha incoado ejecutoria». Por tanto, concluyen los fiscales, «entendemos que la Junta de Andalucía no puede ser tenida de nuevo como parte en la presente causa».
La Fiscalía Anticorrupción recuerda que, aunque la Junta no es parte en la causa principal de los ERE, sí ha sido «oída en calidad de perjudicada», en la tramitación de las peticiones de indultos que formularon los ex altos cargos condenados.
El escrito del Ministerio Público es la respuesta a la petición de alegaciones que hizo la Audiencia de Sevilla a las partes personadas en la causa principal de los ERE sobre la reclamación de la Junta para personarse de nuevo en el caso. Los magistrados están decidiendo estos días si remiten la causa ante la Justicia europea, ante el nuevo escenario planteado en las sentencias del TC.
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