El centro educativo de las Irlandesas de Loreto, que no activó el protocolo anti bullying ni el de prevención de autolesiones, podría perder el concierto con la Junta Leer El centro educativo de las Irlandesas de Loreto, que no activó el protocolo anti bullying ni el de prevención de autolesiones, podría perder el concierto con la Junta Leer
La Fiscalía de Menores de Sevilla ha acordado este lunes abrir una investigación contra el colegio Irlandesas de Loreto de Sevilla, el centro educativo concertado en el que estudiaba Sandra Peña, la menor de 14 años que el pasado martes se quitó la vida y que llevaba meses denunciado ser víctima de acoso escolar.
El Ministerio Público ha decidido abrir lo que se llama un expediente de supervisión de la actuación de los responsables del centro educativo, indagar si cumplieron con sus obligación. Fuentes de la Fiscalía confirmaron a EL MUNDO que si de ese expediente se concluyese que la dirección del colegio pudo incurrir en algún tipo de delito, se abrirían a continuación diligencias penales de investigación.
Se trata de hacer una «evaluación más completa» de lo que hicieron y, sobre todo, de lo que no hicieron los directivos de las Irlandesas de Loreto.
La mayoría de muertes por suicidio son prevenibles y evitables. No responden nunca a una única causa. Detrás de ese sufrimiento y desesperanza de la conducta suicida se entrelazan factores de tipo psicológico, familiar, social, económicos y/o culturales
Si usted o alguna persona cerca necesita ayuda emocional por ideación suicida llame al 024, si se trata de una emergencia no dude en llamar al 112.
De forma paralela, la Fiscalía sevillana ha abierto un expediente de reforma juvenil por el presunto acoso del que fue objeto Sandra. El objetivo sería identificar a las compañeras que sometieron a la fallecida a insultos y humillaciones y depurar sus posibles responsabilidades penales.
Según la información que ha venido facilitando la familia de Sandra, ésta era víctima de tres compañeras de su misma clase, que la sometían a vejaciones.
La decisión de la Fiscalía se ha tomado una vez que los inspectores de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional constataron la semana pasada que el colegio incumplió su obligación de activar el protocolo contra el acoso escolar pese a los indicios existentes, incluidas dos denuncias de la familia de la menor. Además, el centro tampoco puso en marcha el protocolo de prevención de conductas autolíticas, a pesar de que Sandra había intentado suicidarse en una ocasión anterior.
La Administración autonómica abrió un expedientes administrativo y remitió las conclusiones de su investigación al Ministerio Público para que actuase si entendía que podría haber existido algún delito, como ha sido el caso.
La propia familia de Sandra ya anunció que tomará «todas las medidas legales» a su alcance para depurar responsabilidades, lo que podría incluir una denuncia penal que los padres de la adolescente fallecida valoraban a finales de la semana pasada.
Pero al margen de las responsabilidades penales, el colegio perteneciente a la Fundación Mary Ward, se expone asimismo a la posibilidad de perder el concierto con la Junta de Andalucía y quedarse sin los fondos públicos que ahora sostienen su actividad.
Fuentes de la Consejería de Desarrollo Educativo han explicado que esa medida se podría adoptar en el supuesto de que el expediente administrativo abierto concluyese que ha existido un incumplimiento grave de dicho concierto.
«Será la Fiscalía la que determine la posibles responsabilidades, así como la titularidad del centro la que deba actuar depurando las responsabilidades de su personal conforme a los requerimientos enviados por parte de la Consejería», añadieron las fuentes consultadas.
La familia de la menor lleva denunciando, desde el primer momento, la inacción de la dirección del colegio en el que Sandra sufría el supuesto acoso escolar, al menos, desde la primavera pasada. «No hicieron nada», dijo a EL MUNDO el tío de la menor, Isaac Villar, que ejerce como portavoz de los padres.
Villar señaló directamente a ls responsables del colegio por no haber atendido las denuncias de la familia. Dos veces advirtió la madre de Sandra lo que le estaba sucediendo a su hija.
La primera vez que la madre de Sandra denunció el acoso escolar en el colegio fue a finales del segundo trimestre del curso pasado. Justo después de que la joven, incapaz de soportar más la presión, relatase en su casa lo que estaba padeciendo en el colegio. «No hicieron nada», insiste el portavoz de la familia. Ni siquiera, especifica, hubo algún tipo de ayuda emocional.
Hasta el punto de que fue la familia la que buscó este recurso y, desde julio, Sandra acudía a terapia con una psicóloga privada. Esta profesional fue la que plasmó en un informe el sufrimiento de Sandra y con este documento la madre volvió a acudir al colegio en septiembre. Se reunió con la orientadora, de nuevo, y «exigió» que separasen a su hija de las tres compañeras que supuestamente la acosaban.
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