Los agentes del Servicio de Balística las analizarán para hacer el informe pericial que se incorporará a la causa judicial declarada secreta Leer Los agentes del Servicio de Balística las analizarán para hacer el informe pericial que se incorporará a la causa judicial declarada secreta Leer
La Guardia Civil ha confirmado este miércoles la localización de las armas que usaron, presuntamente, los encapuchados que mataron a tres personas en el tiroteo que hubo este domingo en la localidad onubense de Isla Cristina, originado por un ajuste de cuentas relacionado con rencillas familiares entre clanes vinculados al narcotráfico.
Fuentes de la Guardia Civil han informado sobre el hallazgo de al menos dos armas, que serán remitidas al Servicio de Balística para su análisis. Una vez finalizado el estudio técnico, las armas y el informe serán remitidos a la autoridad judicial que está investigando la causa.
Mientras, continúa el despliegue policial para tratar de localizar a los autores del tiroteo que huyeron de la escena del crimen en una moto que a la que luego metieron fuego en una zona de pinares cercana a un cámping en Isla Cristina para despistar a las autoridades. Se registró un conato de incendio, pero pudo ser sofocado con rapidez.
Agentes de la Guardia Civil mantienen activo un dispositivo de búsqueda de los asesinos y también un despligue en distintos puntos de la provincia onubense para evitar enfrentamientos e incidentes entre los clanes rivales involucrados en el tiroteo, según han detallado a EL MUNDO fuentes de Benemérita.
La Policía Nacional también se ha desplegado en el barrio del Torrejón y en el de Pérez Cubillas, ambos en Huelva, en los que podrían residir familiares de los clanes rivales. Los dispositivos especiales junto a los tanatorios ya se han retirado.
En el tiroteo murieron una mujer de 62 años, su hija 39 años que estaba embarazada de ocho meses, y un menor de 16 años. También hay dos jóvenes heridos. El suceso, según los investigadores, se debe a un «ajuste de cuentas», aunque no se descarta «ninguna hipótesis». De hecho, las dos mujeres fallecidas y el herido más grave son familiares del Baba, que está acusado de matar a un hombre en un tiroteo en 2024 en la barriada El Torrejón de la capital onubense. El menor fallecido, llamado Hugo, de 16 años, y otro joven herido son ajenos por completo a los clanes enfrentados.
De momento, la Guardia Civil no ha facilitado ninguna información sobre el tipo de armas que usaron los asesinos, dado el secreto de sumario decretado por el juez instructor tras el suceso, que este miércoles sigue activo.
Mientras, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha reprochado este miércoles el «extremo abandono, desprotección e insostenibilidad que sufren a diario los guardias civiles desplegados en la frontera Sur de España, donde el crimen organizado y los grupos narcocriminales actúan con una violencia e impunidad jamás vista en la historia reciente del país».
Así lo ha alertado la AUGC tras los «acontecimientos trágicos e intolerables» de Isla Cristina, con tres fallecidos por disparos, sumados a los «continuos e impunes ataques a patrulleras, las embestidas con narcolanchas y las agresiones directas a los agentes en Cádiz, Huelva, Almería y toda el área del Estrecho».
Para la asociación, esto demuestra que «las organizaciones criminales han perdido cualquier tipo de respeto a la autoridad». Por ello, la AUGC afea al Ministerio del Interior que siga respondiendo con «inacción, parches propagandísticos y una falta preocupante de medios humanos y materiales«.
Por este motivo, «exigimos la creación de una retribución económica específica que reconozca el riesgo extremo al que se exponen cada día los guardias civiles en la frontera Sur de España, así como la restitución inmediata del OCON-Sur. No podemos permitir que el Gobierno siga mirando hacia otro lado mientras el litoral y las zonas colindantes caen en el descontrol absoluto«.
Además del plus, la AUGC reclama la «adopción inmediata» de la Declaración de Zona de Especial Singularidad (ZES) para todo el ámbito de influencia del narcotráfico en Andalucía y la frontera Sur, y la reestructuración y recuperación del OCON-Sur. Por último, pide la «actualización masiva de medios materiales y un «endurecimiento de las penas por atentado a agentes de la autoridad e incautación efectiva de bienes a las redes de narcotráfico».
El último tiroteo mortal, ocurrido en un pueblo turístico y en una barriada situada a menos de un kilómetro de las playas y hoteles de lujo de Isla Cristina, ha provocado un enfrentamiento entre el Ejecutivo andaluz, que preside Juanma Moreno, y Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de hacer «dejación de funciones» ante el narcotráfico.
Sin embargo, la Delegación del Gobierno en Andalucía ha sacado pecho de su gestión y ha lanzado un aluvión de datos que demostrarían que se está invirtiendo más en la lucha contra el tráfico de drogas y que hay más efectivos policiales.
Según fuentes del Ejecutivo central, desde 2018, el Gobierno central ha destinado más de 190 millones al Plan Especial contra el narcotráfico en Andalucía, que ya se despliega en seis provincias y mantiene en índices del 94% la cobertura de las plantillas. Este año, se destinaron 38,2 millones a este plan, 1,3 millones más que en 2025.
A las inversiones se une el incremento de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Andalucía cuenta con cerca de 30.500 guardias civiles y policías, 4.096 más que a finales de 2018, según las cifras ofrecidas este martes.
En cuanto a los resultados del Plan de Seguridad del Campo de Gibraltar desde 2018 hasta 2025, se han contabilizado 47.862 operaciones policiales, 31.335 detenidos o investigados, 2.179.973 kilos de droga aprehendidos y 1.884 armas de fuego intervenidas. A la Junta no le parece suficiente y ha pedido que se reactive el Organismo Coordinador de Operaciones Antidroga (OCON-Sur).
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