La magistrada da un impulso a la investigación judicial y les encarga un dictamen alternativo al de la CIAF Leer La magistrada da un impulso a la investigación judicial y les encarga un dictamen alternativo al de la CIAF Leer
La juez que investiga el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero -en el que murieron 46 personas y más de cien resultaron heridas- ha designado formalmente ya a los tres peritos independientes que deberán realizar un informe técnico para aclarar las circunstancias, y sobre todo la causa última, del descarrilamiento de los últimos vagones del Iryo con destino Madrid con los que luego chocó el Alvia que se dirigía a Huelva.
Serán tres ingenieros los que tendrán la responsabilidad de dictaminar, en el marco de la instrucción que lleva a cabo el Tribunal de Instancia de Montoro plaza número 2, qué sucedió para que los vagones del Iryo se saliesen de la vía y si, como viene sosteniendo la Guardia Civil en sus sucesivos atestados, esto se debió a una rotura de carril que se habría producido, según las últimas conclusiones, 22 horas antes del siniestro.
A los tres expertos -Ramón Ignacio Martínez, José Antonio Martínez y Miguel Ángel Moraleda- les ha citado la juez Cristina Pastor este martes, 21 de abril, para aceptar el cargo y para que reciban, del juzgado, toda la información acumulada en el procedimiento y los requisitos de la prueba pericial que tienen que elaborar. Así consta en la diligencia de ordenación que, firmada por la letrada de la Administración de Justicia Aurora Vilches, detalla asimismo que los peritos tendrán que hacer un presupuesto previo tal y como ha sido requerido por la Junta de Andalucía.
La designación de los peritos supone un impulso notable a la investigación judicial, después de que la juez Pastor acordase esta prueba pericial y requiriese al Colegio de Ingenieros de Caminos de Córdoba para que colaborase en la selección de los profesionales que tendrán que hacer el informe.
El dictamen que saldrá del trabajo de estos tres ingenieros se antoja fundamental dentro de la instrucción, dado que la magistrada ha venido insistiendo en la necesidad de contar con la opinión de profesionales independientes para analizar todos los datos recabados hasta ahora, al margen de la labor que, de forma paralela, lleva a cabo la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).
Este organismo había pedido en las últimas semanas autorización para realizar distintas pruebas, incluido el examen de los restos de los trenes siniestrados, que se custodian en las instalaciones de una empresa ubicada en Dos Hermanas. La juez había denegado esta y otras peticiones similares de la CIAF hasta que nombrase a sus peritos.
Hay que recordar que la principal hipótesis con la que trabajan tanto la CIAF como la Guardia Civil es que el descarrilamiento del Iryo procedente de Málaga que derivó en el choque posterior con el Alvia tuvo su causa última en la rotura de la vía por la que circulaba el segundo de los trenes -por falta de mantenimiento o por un defecto de soldadura- y que se produjo, según el último informe del instituto armado, apenas 22 horas antes del siniestro, poniendo de manifiesto hasta cinco negligencias de Adif.
El informe remitido el pasado 28 de marzo por la Guardia Civil a la jueza que instruye el accidente de Adamuz descarta por completo un fallo humano por parte de los maquinistas o un sabotaje, considera poco probable que lo ocasionaran los trenes que circulaban y se centra en la rotura del carril sin que, con los datos recabados hasta la fecha, sea posible «determinar si fue la rotura del riel la que dio lugar a la de la soldadura o viceversa». En cualquier caso, a lo largo del documento, los agentes, indican a la juez al menos cinco negligencias que ponen en cuestión el papel de prevención de Adif, empresa gestora de la infraestructura de alta velocidad.
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