Ya hay fecha para escuchar ante una juez a los primeros responsables políticos investigados por la mayor catástrofe que ha arrasado Valencia, la dana que dejó 225 muertos y tres desaparecidos el pasado 29 de octubre. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, tomará declaración como imputados el próximo 11 de abril a la exconsejera de Justicia e Interior y responsable de Emergencias de la Generalitat, Salomé Pradas, y al ex secretario autonómico de ese departamento Emilio Argüeso, según una resolución notificada este lunes.
La magistrada fija para el 11 de abril las comparecencias de los imputados Salomé Pradas y Emilio Argüeso y rechaza indagar el posicionamiento de los vehículos oficiales del ‘president’ el día de la tragedia aduciendo que es aforado
La magistrada llama a la socialista Pilar Bernabé y a Vicent Mompó, del PP, y a dos técnicos y convoca el 11 de abril a los imputados a la exconsejera Salomé Pradas y al exsecretario Emilio Argüeso
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, que investiga la gestión de la dana del pasado 29 de octubre, ha citado a declarar como investigados el próximo 11 de abril a la exconsejera de Justicia e Interior y responsable de Emergencias, Salomé Pradas, y al ex secretario autonómico de ese departamento Emilio Argüeso.
Así consta en una providencia, notificada hoy a las partes, en la que la magistrada también fija el 14 de abril para tomar declaración como testigos a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, del PSPV-PSOE, y al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, del PP, y el 29 del mismo mes para hacer lo propio con dos técnicos. Al ser citados como testigos, están obligados a decir la verdad si no pueden ser imputados por falso testimonio. La jueza rechazó la petición del grupo ultra Hazte Oír de imputar a Bernabé y argumentó que la gestión de Emergencias del 29 de octubre era “competencia autonómica”.
Por otro lado, la instructora ha dictado este lunes un auto en el que deniega la solicitud de la acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valencià de requerir datos sobre los vehículos oficiales usados por el presidente de la Generalitat y sus escoltas entre las 8 horas del 29 de octubre y las 8 horas del día siguiente.
La magistrada justifica esta negativa en la condición de aforado del jefe del Consell, por lo que “no es factible” la “realización de diligencias de investigación sobre su actuación”. Al respecto, la instructora recuerda que el presidente de la Generalitat tiene la condición de aforado, por lo que el juzgado de Instrucción no puede ordenar la práctica de diligencias de investigación sobre su actuación respecto de esta causa.
Igualmente, deniega la misma solicitud de diligencias respecto de la entonces consejera de Emergencias y de su secretario autonómico, pues “no consta que los mismos no se hubieran incorporado a la reunión” del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) “o que dicha incorporación se hubiera efectuado con retraso”, así como con respecto del director y el subdirector general de Emergencias, porque estos dos últimos cargos “no ostentan la condición de investigados”.
Finalmente, en relación con las posibles grabaciones de audio por parte de integrantes de la reunión del Cecopi del día 29 de octubre, considera que deben ser éstos quienes manifiesten si poseen ese material y si “voluntariamente prestan su conformidad” para aportarlas al proceso una vez se les reciba declaración. Tanto la providencia como el auto notificados hoy no son firmes y contra ellos caben recurso.
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