Las víctimas del accidente ferroviario que ocurrió el 28 de octubre en Urda (Toledo), que ha dejado al menos 69 fallecidos y más de 100 heridos, tienen derecho a una indemnización por los daños y perjuicios sufridos. Además de las compensaciones del seguro obligatorio de viajeros (SOV), de las que puedan corresponder a las aseguradoras de las empresas implicadas, y las ayudas aprobadas por el Gobierno, los perjudicados podrán acudir a los tribunales para reclamar una indemnización por responsabilidad civil. Pero antes, deberán esperar a que la investigación abierta en la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz concluya qué fue lo que causó el choque entre el Iryo y el AVE, lo que puede tardar varios meses, incluso años, según varios expertos jurídicos consultados.
Los tribunales suelen aplicar el baremo de accidentes de tráfico, como ocurrió en Angrois, pero la sentencia puede tardar muchos años en llegar
Las víctimas del accidente ferroviario que ocurrió el 28 de octubre en Urda (Toledo), que ha dejado al menos 69 fallecidos y más de 100 heridos, tienen derecho a una indemnización por los daños y perjuicios sufridos. Además de las compensaciones del seguro obligatorio de viajeros (SOV), de las que puedan corresponder a las aseguradoras de las empresas implicadas, y las ayudas aprobadas por el Gobierno, los perjudicados podrán acudir a los tribunales para reclamar una indemnización por responsabilidad civil. Pero antes, deberán esperar a que la investigación abierta en la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz concluya qué fue lo que causó el choque entre el Iryo y el AVE, lo que puede tardar varios meses, incluso años, según varios expertos jurídicos consultados.
El seguro obligatorio de viajeros, que va incluido de manera automática en el billete, contempla indemnizaciones que ascienden a 72.121,46 euros en caso de fallecimiento y hasta 84.141,7 euros para heridos si hay daños severos considerados de primera categoría, como puede ser la ceguera, la amputación de un miembro o la tetraplejia.
Al igual que ocurrió con el accidente de Adamuz (Córdoba) del 18 de enero, el Consejo de Ministros aprobó este martes el reparto de 30 millones de euros ayudas adicionales a las del seguro obligatorio. El paquete contempla una ayuda directa por la misma cuantía que el SOV para los casos de fallecimiento (72.121,64 euros) como para los de lesiones (84.141,7 euros) y un adelanto por la misma cantidad en concepto de responsabilidad civil. El reglamento europeo sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril, que obliga a las empresas ferroviarias a abonar un anticipo inmediato de, al menos, 21.000 euros, en un plazo de 15 días, por lo que el Estado lo adelanta y posteriormente lo reclamará a quien resulte responsable. En el caso de las víctimas, el avance de la responsabilidad civil se descontará de la indemnización que corresponda finalmente, pero si la compensación resultara ser inferior al anticipo, los perjudicados no tendrán que devolver la diferencia.
Sin embargo, estas aportaciones no impiden que los afectados puedan reclamar otro tipos de indemnizaciones por la vía judicial, que puede llegar a reconocer cantidades superiores. “Son los tribunales los que establecen las indemnizaciones en función del daño causado (material, personal, moral). Luego el seguro, en su caso, podrá hacerse cargo de dicha indemnización en función del límite de la póliza contratada”, explica Pedro Colina, socio del área Penal Económico de Kepler-Karst.
La principal referencia que suelen tomar los tribunales para cuantificar los daños es el baremo de indemnizaciones de accidentes de tráfico, reformado en 2015 y actualizado anualmente. Este fija el pago de 117.622,06 euros para el cónyuge de un fallecido (para víctimas de hasta 67 años, si se pasa de esa edad la indemnización baja) y del mismo importe para cada uno de los hijos menores de 14 años (la cuantía disminuye si aumenta la edad del descendiente). La tabla también contempla compensaciones para progenitores, hermanos y allegados de las víctimas mortales. En el caso de heridos, se tendrá en cuenta la pérdida de calidad de vida por las secuelas, la incapacidad para desarrollar su profesión, los daños morales, los estéticos o los gastos que tendrá a futuro por una posible dependencia.
En anteriores siniestros ferroviarios, la jurisprudencia ha aplicado este sistema de valoración “incrementando en un 50%” las indemnizaciones, explican Pablo Henríquez, socio de López-Ibor DPM Abogados, y Víctor Esgueva, abogado del mismo despacho. Así ocurrió con el accidente ferroviario de Angrois (A Coruña) el 24 de julio de 2013, que se saldó con 79 víctimas mortales y 143 heridos, tras descarrillar un tren Alvia en una curva a la entrada en la estación de Santiago. El pasado enero, la Audiencia de A Coruña se apoyó en dicha tabla, lo que dio pie, además, a aumentar el número de familiares de fallecidos a ser resarcidos. En cuanto a los heridos, el tribunal confirmó la responsabilidad civil de Renfe y del maquinista (condenado a dos años y seis meses de cárcel por delitos de homicidio y lesiones imprudentes), por lo que la aseguradora principal de Adif, la australiana QBE, deberá hacer frente a las compensaciones: 12 millones para los familiares de fallecidos y 10 millones para los lesionados.
Sin embargo, la vía judicial puede tardar años en resolverse. La sentencia firme del caso Angrois se ha dictado 13 años después. Sobre el suceso de Urda, primero, la jueza instructora Aristea Afroditi Ortiz ―a quien el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha permitido dedicarse en exclusiva al grave accidente― debe recabar las pruebas sobre el alcance de la caída del sistema de señalización LZB y del presunto “fallo humano” en el control de tráfico ferroviario de Atocha. Si considera que hay indicios de delito, el caso tiene que llegar a juicio. Por el momento, la causa se ha declarado secreta.
En un caso similar, e inicial, se encuentra la investigación sobre el accidente en Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero, donde un tren de Iryo descarriló y chocó con un Alvia, dejando 46 fallecidos y 292 heridos, donde se analiza la incidencia del factor humano. En función de lo que determine la investigación, las reclamaciones podrán articularse por distintas vías. Si se aprecian indicios de delito, los perjudicados podrán personarse en el procedimiento penal y reclamar allí la responsabilidad civil derivada de los hechos o reservarse las acciones para ir a la vía civil. El abogado Pedro Colina apunta que estas indemnizaciones podrían correr a cargo del seguro de las compañías implicadas, hasta el límite que marque sus pólizas, y del Estado como responsable civil subsidiario, ya que la persona a quien se le atribuya la responsabilidad suele ser declarado insolvente ante la imposibilidad de atender las elevadas cifras.
Si, por el contrario, no se aprecia responsabilidad penal, pero se acredita un funcionamiento anormal del servicio público ferroviario, los afectados podrán acudir a la vía administrativa para exigir la responsabilidad patrimonial de la Administración, en este caso Adif, como gestor de las infraestructuras ferroviarias, que posteriormente podría revisarse ante los tribunales contencioso-administrativos.
En cualquier caso, todo dependerá del desenlace de la causa penal, ya que hasta que no se determinen las causas y los posibles responsables, no se podrán iniciar las reclamaciones, advierten los abogados consultados.
Aun así, los letrados del despacho López Ibor recomiendan comenzar ya a buscar asesoramiento legal y guardar toda la documentación posible para tramitar las reclamaciones. Desde billetes de viaje, altas e informes médicos, certificados, facturas de los gastos derivados de las lesiones y documentación económica y familiar, pero también todo aquello que permita acreditar la pérdida de enseres materiales que se hayan podido extraviarse en el accidente. “En la responsabilidad civil se debe abonar todo el perjuicio ocasionado y el lucro cesante [la ganancia que una persona deja de percibir por el incidente], siempre y cuando se pueda probar el daño y el nexo con el siniestro”, apostillan.
En ocasiones, las aseguradoras afectadas en grandes siniestros también pactan con los afectados el adelanto de las indemnizaciones (diferentes a las concedidas obligatoriamente de forma inmediata al siniestro), a la espera de que haya una sentencia firme que establezca cuánto dinero deben cobrar. La sentencia por el accidente en la Línea 1 de Metrovalencia el 3 de julio de 2006 (43 personas fallecidas), que condenó a 22 meses de cárcel a cuatro exdirectivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) por homicidio y lesiones por imprudencia grave profesional, según lo marcado por el acuerdo de conformidad que alcanzaron la Fiscalía y las defensas, no estableció indemnizaciones para las víctimas. En este caso no se ejerció la acción civil (otra posibilidad que puede pasar en la causa de Urda en un eventual juicio) porque los daños y perjuicios habían sido reparados previamente por las aseguradoras.
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