La Comisión Bilateral Estado-Generalitat, que se reúne este lunes en Barcelona, no solo aprobará las bases de un nuevo modelo de financiación autonómico para Cataluña, sino que pretende echar los cimientos para una reforma del sistema común en su conjunto tras casi 12 años de caducidad del vigente. El acuerdo deriva de la petición de singularidad puesta como condición por Esquerra para investir a Salvador Illa como president, pero el resultado va más allá. Ambos Ejecutivos, según apartados del texto que se refrendará y al que ha tenido acceso este diario, esbozan una fórmula “singular para Cataluña”, reconociendo el efecto económico de un mayor autogobierno de la comunidad, pero con nuevas “reglas comunes”, estableciendo que el esquema podrá ser “generalizable” a las comunidades que lo deseen con una óptica “federal”, una palabra que aparece en el acuerdo referida al modelo tributario. Cada Gobierno autonómico podrá decidir qué parte del peso de la gestión tributaria asume, y la Agencia Tributaria estatal velará por la coordinación de todas ellas.
El Gobierno y la Generalitat cierran este lunes un acuerdo, al que ha tenido acceso EL PAÍS, que sienta las bases de un modelo que busca sumar al resto de comunidades
La Comisión Bilateral Estado-Generalitat, que se reúne este lunes en Barcelona, no solo aprobará las bases de un nuevo modelo de financiación autonómico para Cataluña, sino que pretende echar los cimientos para una reforma del sistema común en su conjunto tras casi 12 años de caducidad del vigente. El acuerdo deriva de la petición de singularidad puesta como condición por Esquerra para investir a Salvador Illa como president, pero el resultado va más allá. Ambos Ejecutivos, según apartados del texto que se refrendará y al que ha tenido acceso este diario, esbozan una fórmula “singular para Cataluña”, reconociendo el efecto económico de un mayor autogobierno de la comunidad, pero con nuevas “reglas comunes”, estableciendo que el esquema podrá ser “generalizable” a las comunidades que lo deseen con una óptica “federal”, una palabra que aparece en el acuerdo referida al modelo tributario. Cada Gobierno autonómico podrá decidir qué parte del peso de la gestión tributaria asume, y la Agencia Tributaria estatal velará por la coordinación de todas ellas.
El anuncio llega en el momento más crítico de la legislatura para los socialistas, que intentan capear las consecuencias del escándalo corrupción en el seno del PSOE. A nadie se le escapa que tanto Illa como Pedro Sánchez necesitan del apoyo de ERC en sus respectivos parlamentos y eso explica en parte que se esté dando cumplimiento a uno de los principales acuerdos de la investidura. Los de Oriol Junqueras insisten cada día en que no asumirán más compromisos si no se cumplen los pendientes.
Sin embargo, el alcance de la reunión entre ambos Ejecutivos trasciende el día a día con los socios y tiene la ambición de convertirse en el pistoletazo de salida de una de las reformas de mayor calado impulsadas por Sánchez hasta ahora y que permanecía en el cajón. Además, es también una de las más inciertas. Hace casi un año, en medio de la negociación para la investidura de Illa, la mera propuesta de un régimen diferenciado para Cataluña, en la línea del modelo foral, abrió un debate políticoy técnico sobre las consecuencias en el régimen común de la salida de uno de sus mayores aportadores. En las filas de ERC, de hecho, contienen la respiración a la espera de conocer el texto final. Este domingo quedaban flecos por arreglar y, sostienen voces de la formación independentista, Gobierno y Generalitat tienen a veces visiones contrapuestas.
Lo cierto es que, como ha ocurrido en todas las reformas de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, la LOFCA, las demandas catalanas vuelven a ser el motor de, al menos, los planteamientos de cambio. También se repite el debate sobre el supuesto trato de privilegio, aunque ningún otro actor político o territorial ha puesto sobre la mesa una propuesta alternativa y concreta de reforma.
Cataluña abre el camino y las reformas que consigue mediante la negociación política finalmente terminan implicando al resto de comunidades del régimen común. Por ejemplo, CiU le arrancó a Felipe González, para garantizarle la investidura en 1993, la transferencia del 15% del IRPF, una cesión que se hizo extensiva al resto de territorios. Ese debate se realizó en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es el órgano que reúne a todas las comunidades para debatir asuntos de financiación autonómica. El propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le afeó al Gobierno el pasado viernes que abra este melón en la Bilateral.
La Generalitat, según se recoge en el preámbulo del texto negociado por ambos Ejecutivos, planteará un modelo que respete, reconozca y financie “las singularidades y voluntades de autogobierno”. El Gobierno central, por su parte, ve posible encajar esa vía dentro de una reforma global del sistema. El objetivo último es “la suficiencia de las cuentas”, algo actualmente imposible por los desequilibrios generados por más de una década de desfase en el modelo. Eso se hará “con nuevas reglas comunes que den coherencia al sistema, conciliables con el adecuado tratamiento de las necesidades y singularidades de todos los territorios”, añade.
El Ejecutivo central pone la “multilateralidad” como elemento clave en la definición del sistema de financiación, aunque añade que eso sea “sin perjuicio de que la bilateralidad tenga mayor presencia”. Esto le lleva a plantear que sí existe “un mayor espacio” en ese camino para Cataluña, a tenor de sus singularidades de autogobierno (por ejemplo, tiene transferidas competencias que no han asumido otros territorios, como prisiones).
El trato, aceptan ambas partes, no implica renunciar a “la necesidad” de que Cataluña, una de las comunidades con mayores ingresos per cápita, aporte una parte de sus recursos a los demás territorios para que garanticen un determinado nivel de prestación de los servicios públicos. Ahí está uno de los principales escollos de último minuto en la negociación: cómo encajar la solidaridad interterritorial con el principio de ordinalidad, es decir, que quien más aporta no quede en peor posición relativa después del reparto de los recursos del sistema.
La propuesta de financiación que ERC y el PSC pactaron hace un año fija que, aparte de poder recaudar todos los impuestos, Cataluña aportaría una cantidad —aún por determinar— a un fondo de solidaridad interterritorial y otra, también sin cifrar, que sufragaría el coste de los servicios que el Estado le presta, como la Defensa. Ambos cálculos, dice el texto, se harán “de manera transparente y con criterios objetivos”. Mientras que la Generalitat asegura que “es condición necesaria” que la entrega a ese fondo de solidaridad “no desvirtúe el principio de ordinalidad en el resultado final”, el Ministerio de Hacienda cree que el debate todavía está abierto.
Recaudación
El otro tema que aún genera roces en el mismo seno de los socialistas y con ERC es la recaudación de impuestos. El Gobierno defiende que la apuesta de Cataluña por la autonomía fiscal y financiera “es compatible con un modelo tributario federal con mayor capacidad normativa, de gestión, recaudación, liquidación e inspección”. Aunque todas las autonomías tienen margen para, por ejemplo, crear tributos propios —siempre y cuando se trate de áreas que no cubra el Estado—, pocas han optado por el camino de su propia estructura de gestión y la de Cataluña (ATC) es de lejos la más adelantada. La ATC recauda a día de hoy 5.000 millones de euros al año por los impuestos propios y la meta es recaudar todo el IRPF en 2026 y llegar hasta los 30.000 millones. Cierta tutela por parte de la Agencia Tributaria estatal será necesaria mientras logra el músculo necesario.
El documento que bendice este lunes la Comisión Bilateral, que presidirán el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, recoge como experiencia de esta colaboración necesaria el acuerdo para el impuesto de matriculación, en el que ambas entidades han compartido el aplicativo de la Estatal.
La apuesta de Hacienda es “avanzar hacia un modelo de gestión del sistema tributario en red, con participación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y las Administraciones Tributarias autonómicas”, continúa el documento. “Los entes autonómicos podrán asumir progresivamente mayores competencias gestoras, sin perjuicio de la existencia de reglas de coordinación que aseguren que el sistema tributario se gestione de forma eficaz y eficiente y con plenas garantías en la prevención y lucha contra el fraude”, apostilla.
Este punto genera especial inquietud en ERC, que cree que se permite de facto una tutela permanente sobre la agencia catalana. De ahí que los republicanos esperan que, por ejemplo, se concreten los espacios de ayuda indispensables, como la lucha contra el fraude, pero no haya un control efectivo. Para presionar estos cambios, Junqueras anunció el pasado sábado que ERC registrará en el Congreso, por su cuenta, la proposición de ley que articularía el fondo del pacto al que se llegue en la Bilateral. A la espera de que el acuerdo no rompa la unidad, la vía es la misma. Modificar la LOFCA, la norma que regula el sistema de financiación de régimen común (Ley 22/2009) y la ley 16/2010, del régimen de cesión de tributos del Estado a Cataluña.
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