11 de noviembre de 2019. Esa es la fecha que cambió la vida de Mercedes Saiz (Madrid, 58 años), que ese día decidió denunciar a su exmarido por violencia de género. Los años de matrimonio le han dejado secuelas, entre ellas un estrés postraumático crónico con depresión recurrente por el trato vejatorio que sufrió, según relata en el madrileño barrio de la Concepción. Tras tomar la decisión, Saiz perdió su forma de ganarse la vida. “En la Navidad de 2019 solo tenía 1,50 euros en la cuenta”, precisa. Desde entonces, se ha tenido que buscar la vida y sus amigos le pagan para que les lleve en coche al trabajo, a casa, a donde le pidan. Con el dinero que gana, no puede afrontar todas las facturas y reconoce que sufre pobreza energética. La muestra más clara es que no puede mantener una temperatura adecuada en su vivienda, una situación que sufre el 17,6% de los españoles, según los datos más recientes del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
El 17,6% de los españoles no logran mantener una temperatura adecuada en sus casas, uno de los datos más elevados en la UE y que afecta especialmente a quienes viven de alquiler
11 de noviembre de 2019. Esa es la fecha que cambió la vida de Mercedes Saiz (Madrid, 58 años), que ese día decidió denunciar a su exmarido por violencia de género. Los años de matrimonio le han dejado secuelas, entre ellas un estrés postraumático crónico con depresión recurrente por el trato vejatorio que sufrió, según relata en el madrileño barrio de la Concepción. Tras tomar la decisión, Saiz perdió su forma de ganarse la vida. “En la Navidad de 2019 solo tenía 1,50 euros en la cuenta”, precisa. Desde entonces, se ha tenido que buscar la vida y sus amigos le pagan para que les lleve en coche al trabajo, a casa, a donde le pidan. Con el dinero que gana, no puede afrontar todas las facturas y reconoce que sufre pobreza energética. La muestra más clara es que no puede mantener una temperatura adecuada en su vivienda, una situación que sufre el 17,6% de los españoles, según los datos más recientes del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
El fenómeno crece con fuerza. Aunque el porcentaje cayó en 2024 respecto al anterior, la cifra prácticamente se ha triplicado respecto a 2008. Entonces afectaba al 5,9%, según las cifras recogidas por la Comisión Europea. El Gobierno aún tiene pendiente aprobar la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030 y debe esperar a que el Congreso prorrogue en enero el bono social eléctrico, medidas que los expertos aseguran que van en la buena dirección pero advierten de que queda mucho trabajo para atajar este problema.
José Carlos Romero, coordinador e investigador principal de la cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia de Comillas, afirma que en España “no se puede hablar de mejora respecto a la pobreza energética, sino más bien de enquistamiento”. Además de alertar sobre la situación de quienes no pueden pagar su factura energética, Romero pone el foco en el otro extremo de la situación: el gasto desproporcionado en energía de ciertos hogares, es decir, el porcentaje de domicilios que gasta más del doble en energía que la mediana nacional.Según los datos del Ministerio de Transición Ecológica, el 17,2% de las familias está en esta situación, una cifra que el investigador universitario califica de “muy elevada”.
Esta misma opinión la comparte Sara Casas, portavoz y especialista de medio ambiente en Cruz Roja, que traduce el porcentaje a personas al asegurar que afecta a 8,5 millones de ciudadanos. Pese a todo, la experta pide que el foco no se ponga solo en los números absolutos y en los porcentajes, sino “en las personas, especialmente en los niños y adolescentes” ya que la pobreza energética “no es solo un problema de pagar facturas” sino “un problemade bienestar que afecta al descanso, a los estudios y a la vida social».
Elisa Carbonell, coordinadora de proyectos de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN por sus siglas en inglés) en la Comunidad de Madrid, también denuncia que hay “muchas personas que no están pudiendo disfrutar de una temperatura adecuada en su casa”. Asegura que esta situación “está presente en la sociedad española desde hace muchos años”, pero que la pandemia primero, y la crisis de precios tras la invasión rusa de Ucrania después, lo han “acentuado”.
En esta misma línea, Romero matiza que los años 2022 y 2023 han sido los peores respecto a pobreza energética debido precisamente a la guerra en Ucrania. También destaca que España está en “valores muy elevados desde 2021″ y añade que estos impactos los han “sufrido más quienes viven de alquiler”. Según los datos del ministerio, relativos 2024, un 17,5% de quienes tienen un hogar en propiedad sufren este problema, mientras que en el caso de los inquilinos el porcentaje asciende al 33%.

Estas cifras “no sitúan a España en una buena posición” respecto a los países de la Unión Europea, asegura Romero, y los datos refrendan su opinión. En 2024, solo Bulgaria (19%), Grecia (19%) y Lituania (18%) tienen un mayor porcentaje de personas que declaran sufrir pobreza energética, según Eurostat. Además, está lejos de la media de la Unión Europea (9,2%) y mucho más de países como Finlandia (2,7%), Eslovenia (3,3%) o Polonia (3,4%).
Tanto Carbonell como Casas advierten de que este problema es más grande de lo que dicen las cifras por la “vergüenza” que experimentan muchas personas para reconocer que son pobres. La portavoz de Cruz Roja destaca que la mayoría “no piden ayuda porque sienten que han fracasado o temen ser juzgadas”. La coordinadora de EAPN pone el foco en la existencia de un “estigma” que provoca que esta situación se viva “desde el silencio y desde la culpa”.
Se necesitan más soluciones
Ante esta realidad, los expertos consultados coinciden en que se necesitan más medidas, no solo la estrategia del Gobierno contra la pobreza energética o el bono social eléctrico. Esta estrategia, según el Gobierno, tiene como objetivo “garantizar el acceso universal, seguro, asequible y sostenible a la energía”. Un portavoz del Ministerio de Transición Ecológica asegura por correo electrónico que este departamento “está analizando las alegaciones a la propuesta”, pero no detalla cuándo espera que sea aprobada por el Consejo de Ministros. Para complementarla, Carbonell, la experta de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, señala que “es necesario” reforzar la rehabilitación energética de los hogares.
En este mismo aspecto incide Javier Tobías, arquitecto y responsable de proyectos del área de Energía y Personas de la ONG Ecodes, que destaca que “una casa en mal estado obliga a gastar más en energía”. Advierte de que la principal barrera para acometer estas mejoras es el coste inicial, pero también denuncia otras como “la falta de información, especialmente para hogares vulnerables” y la “complejidad de las ayudas públicas”.
Para impulsar la rehabilitación energética, el experto de Ecodes pide “más flexibilidad” en la concesión de estas subvenciones y que “los importes se adelanten a los que menos recursos tienen, porque sino no podrán ni siquiera plantearse estas reformas”. Estas trabas son una de las razones que, según Tobías , explican que la tasa de renovación anual sea del 0,8%, mientras que la Unión Europea pide que sea del 2%.
Otro elemento clave que agrava la situación, según los especialistas, es la falta de coordinación entre las administraciones públicas. Romero asegura que en España “hay 17 bonos sociales térmicos“, ya que el Estado recauda el dinero pero las comunidades autónomas realizan las transferencias a los ciudadanos, lo que genera ”descoordinación” y que esta ayuda no llegue a más personas. Tobías pide lo mismo a la hora de abordar la renovación energética y pone el foco en las entidades locales, que “son las que marcan la diferencia, las que saben qué zonas necesitan más labores de rehabilitación”.
Isabel Jiménez, presidenta de la Fundación Energía Responsable, apuesta por otra solución. Pide aplicar la misma lógica de un Banco de Alimentos a la energía. Desde su organización han creado un llamado Banco de Energía, que permite canalizar donaciones en forma de kWh (kilovatios hora) de energía o monetarias de las empresas hacia las familias más vulnerables. Incide en que la colaboración público-privada “es indispensable” para resolver este problema.
A pesar de la complicada travesía por la que está pasando Saiz, la mujer afectada por la pobreza energética, dice mantener “el sentido del humor”. Afirma que cualquiera puede llegar a su situación por “perder su trabajo, por una enfermedad, por cualquier circunstancia” que cambie su vida. Por ello, anima a quienes sufran este problema a que “no se escondan, que no tengan vergüenza”.
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