Contratos por obras y servicios que se eternizaban hasta convertirse en fijos y pluses sin justificar, los privilegios de los «enchufados» en la fundación pública de la Junta de Andalucía Leer Contratos por obras y servicios que se eternizaban hasta convertirse en fijos y pluses sin justificar, los privilegios de los «enchufados» en la fundación pública de la Junta de Andalucía Leer
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil disecciona en el voluminoso atestado de más de 700 páginas que acaba de enviar al juez el modus operandi de los 85 enchufes en la polémica Faffe, la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, que sirvió casi como una agencia de colocación para familiares y todo tipo de allegados a dirigentes y cargos públicos del PSOE andaluz.
También detalla con todo lujo de detalles los múltiples privilegios que disfrutaron los enchufados en la Faffe, una fundación pública que se creó en 2003, durante la etapa de Chaves como presidente de la Junta de Andalucía. Se extinguió, pero todos los trabajadores quedaron integrados en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a partir de mayo de 2011. Como viene informando EL MUNDO, entre los 85 enchufados está Carmen Ibanco, esposa de Juan Espadas, el actual portavoz del PSOE en el Senado (y antes secretario general del PSOE-A, ex alcalde de Sevilla, ex consejero y ex otros altos cargos). También figuran el ex alcalde de Montellano, una candidata del PSOE en Alcalá de Guadaíra, el hijo del alcalde de Valverde del Camino, una sobrina de Cándido Méndez y un sindicalista de UGT, entre otros.
Precisamente una de las prebendas de los empleados de la Faffe ha sido convertirse en empleados públicos, pero sin pasar por los procesos selectivos de los funcionarios. De hecho, en muchos casos analizados por los investigadores de la Guardia Civil, el trabajador que fichaba la fundación pública contaba con un contrato por obras y servicios de unos pocos meses, que se iba renovando una y otra vez hasta terminar con un puesto indefinido en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
La norma que dio cobertura legal a este trasvase de empleados entre la Faffe y el SAE se conoce como la Ley del Enchufismo, aunque su nombre oficial es Ley de Reordenación del Sector Público andaluz. Puso en pie de guerra a los empleados públicos andaluces y hubo varios intentos de tumbarla en los tribunales, pero finalmente fue aprobada en 2011 y se consumó la integración de la abultada plantilla de la Faffe (unos 1.700 trabajadores) en el SAE.
Otro beneficio reservado para los enchufados fueron los pluses «arbitrarios» que percibían. De ellos se benefició el ex secretario de Empleo del PSOE de Córdoba, Manuel Aguilar Germán, afiliado al PSOE desde 1983 y técnico de formación de la Faffe. Su sueldo como técnico nivel E estaba estipulado en un bruto mensual de 2.178,32 euros distribuidos de la siguiente manera: salario base 1.912,89 euros y complemento salarial 265,43 euros.
Este plus estaba amparado en su contrato de la siguiente forma: «Estará vinculado al puesto de trabajo en la Dirección General Técnica y tendrá carácter no consolidable». Sin embargo, dentro del convenio colectivo de la Faffe no se encuentra contemplado este complemento salarial. Por lo tanto, el abono del mismo habría sido «arbitrario y discriminatorio» porque «no todos los técnicos nivel E de la Faffe» lo cobraban, afirma el atestado de la Guardia Civil.
Más abultado fue el plus -también «arbitrario», según los investigadores- que percibió Natalia Buzón García, actual concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla. La Faffe la contrató «sin proceso de selección alguno» para que prestase sus servicios en el Gabinete del consejero de Empleo y le otorgó un complemento mensual de 440,08 euros «no recogido en el convenio colectivo» de la fundación pública que se creó para formar a los parados andaluces. Su sueldo mensual bruto era de 2.730,16 euros.
Los empleados de la polémica fundación contaban con un ventajoso convenio colectivo. Un testigo ha contado a los investigadores de la Guardia Civil que «la gente que venía de la Faffe alardeaba de ganar más dinero que los propios funcionarios del Servicio Andaluz de Empleo».
Este diario ya publicó años atrás cómo el último convenio colectivo de la Faffe publicado en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA) preveía para sus directivos sueldos superiores al del entonces presidente de la Junta y al de los consejeros andaluces. Así, los tres tipos de «mandos», con los niveles A, B y C, contemplaban salarios mayores al del presidente del Gobierno andaluz, fijado en 68.981 euros en 2010.
El convenio de Faffe, recogido en el BOJA del 12 de febrero de 2008, reserva un salario bruto anual de 79.116 euros para el «mando» con nivel A, exactamente 10.135 euros más que la retribución que percibía entonces el presidente de la Junta de Andalucía, y también 11.225 euros más que el salario de los consejeros de la Junta. El máximo directivo de la Faffe fue Fernando Villén, ya condenado dos veces por casos de corrupción relacionados con su actividad en la fundación pública.
Fernando Villén, que fue secretario de Empleo en la Ejecutiva del PSOE andaluz, fue el máximo responsable de la Faffe desde que fue creada en 2003 hasta 2011, cuando el ente quedó extinguido. Fue condenado en septiembre de 2023 a seis años de cárcel por gastarse dinero de la Junta en prostíbulos. En pasado abril llegó la segunda condena de tres años y seis meses de prisión contratar al ex alcalde de Lebrija Antonio Torres en la Faffe, de donde cobró sin ir a trabajar.
Como las denuncias sobre los privilegios de los trabajadores de la Faffe vienen de años atrás, Enrique Cejudo, hijo del ex alcalde de Valverde del Camino y presidente de la Diputación de Huelva José Cejudo, trató de restarle importancia cuando declaró ante la Guardia Civil. Entonces, contó que fue fichado por esta fundación y que, entre los años 2009 y 2013, se desplazaba diariamente desde su pueblo, Valverde del Camino, a Sevilla en su coche particular para ir a trabajar, lo que le suponía «un gasto extra de gasolina», por el que no recibió «ningún importe extra» por parte de Faffe.
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