Las mafias encarecen hasta los 9.000 euros lo que cobran a los migrantes por llevarles de Ceuta a la Península

Trayectos de horas en pequeñas embarcaciones, por la noche, hacinados y sin chalecos salvavidas ni medidas de seguridad. Un viaje penoso y peligroso, pero también muy caro para ir desde Ceuta hasta la Península. Las mafias de tráfico ilícito de migrantes han encontrado en la entrada masiva de miles de personas a nado en Ceuta del pasado 30 y 31 de julio un filón para incrementar su ya lucrativo negocio. Agentes de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional han detenido en los últimos días a cinco presuntos integrantes de dos grupos criminales que cobraban hasta 9.000 euros ―un precio superior al habitual, según fuentes cercanas a las pesquisas― a aquellas personas en situación irregular que quieren cruzar de modo clandestino el Estrecho de Gibraltar para llegar a las costas andaluzas, según ha informado este viernes el Ministerio del Interior. Las últimas estimaciones oficiales cifran en 5.000 migrantes ―aunque otras fuentes doblan este número― los que permanecen en Ceuta de los más de 80.000 que a finales de julio entraron a nado en la ciudad autónoma. De los que quedan, más de 2.000 son menores de edad.

En uno de los operativos, los agentes detuvieron a comienzos de esta semana a dos personas en Ceuta y otras dos en La Línea de la Concepción (Cádiz), todos ellos varones y de nacionalidad española, según detallan fuentes policiales. Se les imputan delitos de organización criminal y favorecimiento de la inmigración irregular. El quinto arrestado está acusado de participar en el traslado en la noche del pasado 14 de agosto de siete personas en una barca de tan solo cinco metros de eslora y dos de manga que se quedó sin gasolina a mitad de la travesía y llegó a duras penas a una playa cercana a la misma localidad gaditana. El juez ha enviado a prisión provisional a este último por el grave riesgo para la vida al que expuso a las víctimas.

La investigación que permitió la desarticulación de la primera organización se inició el 13 de agosto tras localizar la Policía una embarcación de las conocidas como “lancha rápida” (con uno o dos motores fueraborda, menos veloces que las que usan los narcotraficantes en la misma zona) encallada en un saliente rocoso de la zona costera de Benzú, justo al otro lado de donde se encuentra el espigón de El Tarajal, donde se produjo la entrada masiva. Al parecer, a bordo iban dos personas que tras el accidente se ocultaron en la ciudad autónoma. El análisis de la lancha, que presentaba en el casco marcas y daños característicos de la navegación a velocidad elevada, reveló que había sido utilizada recientemente para trasladar migrantes, aunque los desperfectos que había sufrido al encallar la habían dejado inutilizada.

La Policía constató que la lancha pertenecía a una organización de tráfico ilegal de personas que opera desde hace tiempo entre Marruecos, la ciudad autónoma y La Línea de Concepción. La localidad gaditana era el punto desde el que partían las embarcaciones de pequeño calado que debían recoger en Ceuta migrantes en situación irregular para llevarlos a la península. Para ello, contaba en la ciudad africana con integrantes que se encargaban de captar a aquellas personas que estuvieran dispuestas a pagar importantes cantidades de dinero por cruzar el estrecho. Desde que se produjo la entrada masiva, este importe ha subido, según detallan fuentes policiales: “Hay más demanda y las mafias han subido los precios”.

Los migrantes que aceptaban eran trasladados a domicilios, garajes y otros lugares de la organización a la espera de que los llevaran en vehículos al lugar costero donde iban a ser embarcados, habitualmente zonas abruptas como Calamocarro. En estos desplazamientos, la trama tomaba medidas de seguridad, como evitar las zonas de vigilancia policial, muy reforzada en las últimas semanas por la crisis migratoria. Una vez llegaba la embarcación que había salido de la costa gaditana, los migrantes subían a bordo y se les trasladaba inmediatamente a la Península, donde a las víctimas les estaban esperando otros miembros de la organización para su posterior dispersión en tierra. Para conducir las lanchas rápidas, la trama contrataba por “elevadas” cantidades de dinero a pilotos especializados “en navegación rápida” y con experiencia en “realizar maniobras evasivas y sortear los controles policiales”, según destaca la Policía Nacional en su nota.

La segunda investigación se inició el 14 de agosto, cuando a las 4.00 llegó a la playa de El Burgo, cercana a La Línea de la Concepción, una pequeña barca en la que viajaban hacinadas siete personas. Según relataron los ocupantes a los agentes, habían iniciado el viaje antes de la medianoche y habían permanecido cerca de cinco horas en un mar cubierto por una densa niebla, con un intenso frío y con las ropas empapadas por el oleaje que entraba en la barca. La travesía, por la que cada uno había llegado a pagar 8.000 euros, se hizo aún más penosa al quedarse a la deriva tras agotar el combustible. No llevaban a bordo chalecos salvavidas pese a que casi ninguno sabía nadar. Por todo ello, el único detenido está acusado de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros agravado por el ánimo de lucro, la situación de especial vulnerabilidad de las víctimas y el peligro para la vida de estas.