Los hijos y herederos de Cayetana de Alba alegan que, aunque son propietarios «formales», la gestión solo la lleva su sobrino, Luis Martínez de Irujo, ya imputado Leer Los hijos y herederos de Cayetana de Alba alegan que, aunque son propietarios «formales», la gestión solo la lleva su sobrino, Luis Martínez de Irujo, ya imputado Leer
El presunto robo de agua del acuífero que, durante años, se ha llevado a cabo en la finca Aljóbar, propiedad de la familia Alba, se ha cobrado ya la imputación de Luis Martínez de Irujo, hijo de Alfonso Martínez de Irujo y duque de Aliaga, pero la amenaza de que les acabe salpicando aún más ha puesto en guardia a los hijos de la fallecida Cayetana Fitz James Stuart.
En un intento, a la desesperada, de que se amplíe la investigación a Alfonso, Cayetano, Fernando y Eugenia Martínez de Irujo, cuatro de los hijos de la duquesa de Alba, el abogado que defiende a la empresa familiar dueña de la finca, Eurotécnica Agraria SA, trata de convencer al juez de Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor de que ninguno de ellos tenía conocimiento ni participación alguna en la gestión de la explotación agrícola ubicada en el término municipal de Aznalcázar, que correspondía en exclusiva a Luis Martínez de Irujo, el sobrino que ya está imputado en la causa.
En un escrito al que ha tenido acceso EL MUNDO, los Alba argumentan el «total desconocimiento», a excepción del sobrino imputado, de los miembros del consejo de administración de Eurotécnica Agraria SA -los cuatro hermanos antes citados- sobre los hechos que se investigan, la extracción ilegal de agua subterránea en la finca, lo que haría «improductiva», señalan, su citación y su declaración.
El escrito resalta que desde el año 2016 la gestión recae exclusivamente sobre Luis Martínez de Irujo, como representante de su padre, Alfonso Martínez de Irujo, en virtud de los acuerdos suscritos entre los socios y hermanos. No niegan que todos son accionistas de Eurotécnicas y, por lo tanto, propietarios de la finca, pero precisan que hace nuevo años acordaron un reparto de las fincas familiares en lo que se refiere a su gestión, explotación, deudas o beneficios. Y Aljóbar, insisten, le correspondió a Alfonso, que delegó la gestión, a su vez, en su hijo Luis.
Eso significa, apuntan, que también recae sobre este último las responsabilidades derivadas, con lo que los otros hermanos quedarían exentos.
Insiste el letrado en que «no hay indicio alguno de responsabilidad que justifique citar como investigados a los restantes miembros del consejo de administración que no participaban en la gestión de la finca Aljóbar» y que, más aún, ni siquiera, apostilla, tenían atribuciones para tomar decisiones o podían obtener «beneficio alguno» de la misma.
También rechaza el escrito la ampliación de la imputación a la propia sociedad Eurotécnica Agraria SA por el mismo motivo, el acuerdo entre los hermanos para el reparto de las fincas.
Responden así los hermanos a la petición de la Fiscalía para ampliar las imputaciones por un presunto delito contra el medio ambiente, destacando el «grave perjuicio para el medio natural» que ha supuesto «la extracción sistemática y de carácter industrial de agua» en la finca de los Alba «en una superficie muy extensa y mantenida durante muchos años».
La fiscal Carmen Escudero argumenta que las pesquisas que se han llevado a cabo constatan esa gravedad de la actuación de los descendientes de Cayetana de Alba, en especial las averiguaciones de los agentes del Seprona cuyos resultados plasmaron en un extenso informe remitido al juzgado en diciembre del año pasado en el que llegaron a valorar el beneficio ilegalmente obtenido por los propietarios de Aljóbar en seis millones de euros. No solo eso, sino que, además, apuntaron al daño que las extracciones de agua subterránea pudieron provocar al frágil ecosistema del cercano Parque Nacional de Doñana.
En ese documento se detalla la explotación agrícola tenía permiso para utilizar dos pozos y extraer un volumen de agua de 606.500 metros cúbicos al año para una superficie total de 222 hectáreas distribuidas en tres parcelas de Aljóbar y concluyen que con ese agua no podrían haber garantizado el cultivo de cítricos al que se ha venido dedicando la explotación.
Resalta el informe que las extracciones derivaron en una sobreexplotación del acuífero del que sacaban el agua, conectado, a su vez, al acuífero Almonte-Marismas, uno de los que nutren a Doñana y habla de «daños importantes sobre el ecosistema, que pueden llegar a ser irreversibles». En total, los expertos de la Guardia Civil estimaron que en diez años se han extraído ilegalmente entre 3,8 y 6,6 hectómetros cúbicos de agua y valoraron el daño causado entre 6,1 y 6,5 millones de euros.
Respecto al daño al acuífero, los Alba también discrepan y señalan, en su último escrito, la «inexistencia de daño alguno permanente e irreversible» en la masa de agua subterránea y reclaman la aportación de un último informe, actualizado, pedido por el juez a la CHG sobre la situación del acuífero en estos momentos e incluyendo las precipitaciones registradas.
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