Grupos ecologistas y los Estados controlados por los demócratas, con el de California en cabeza, tienen previsto luchar judicialmente contra la eliminación, anunciada este jueves por el presidente Donald Trump, de los límites a la emisión de gases de efecto invernadero, es decir, el consenso científico que vincula su generación al calentamiento global. Pero a ambos, ecologistas y demócratas, les falta suficiente fuerza ante la apisonadora de los republicanos. Mientras los grupos de defensa del medio ambiente están en la diana del negacionismo científico de Trump, los demócratas siguen, un año y medio después de las presidenciales de 2024, a la busca de un líder concreto y de la interlocución eficaz con amplias capas de la ciudadanía.
Grupos ecologistas anuncian también recursos contra la medida, que dinamita el consenso científico sobre el efecto en la salud de los gases de efecto invernadero
Grupos ecologistas y los Estados controlados por los demócratas, con el de California en cabeza, tienen previsto luchar judicialmente contra la eliminación, anunciada este jueves por el presidente Donald Trump, de los límites a la emisión de gases de efecto invernadero, es decir, el consenso científico que vincula su generación al calentamiento global. Pero ambos campos, ecologistas y demócratas, les falta suficiente fuerza ante la apisonadora de los republicanos: si los grupos de defensa del medio ambiente están en la diana del negacionismo científico de Trump, los demócratas siguen, un año y medio después de las presidenciales de 2024, a la busca de un líder concreto y de la interlocución eficaz con amplias capas de la ciudadanía.
El adalid de esta judicialización será Gavin Newsom, gobernador demócrata de California y a quien muchos ven como posible candidato a la presidencia en 2028. Tras el anuncio de la Casa Blanca, Newsom escribió el jueves en su cuenta de la red X: “La Administración de Donald Trump afirma falsamente que los gases de efecto invernadero no son una amenaza para la salud pública, infringiendo la ley para volver a doblegarse ante la industria petrolera. California luchará contra esta acción ilegal en los tribunales”.
Este viernes, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, el gobernador, que se ha enfrentado en varias ocasiones a Trump, ha vuelto a incidir en “la urgente necesidad de tomar medidas decisivas contra la crisis climática”. “Quiero dejar claro que la Administración de Donald Trump es temporal. El compromiso de California no lo es. Él se irá dentro de tres años. Nuestra determinación de hacer frente al cambio climático es duradera y seguimos siendo un socio estable y fiable en esa lucha”, ha dicho.
También reaccionó al negacionismo de Washington el expresidente demócrata Barack Obama, durante cuyo primer mandato se estableció el llamado dictamen de peligro, reflejo del consenso científico sobre el efecto dañino en la salud de seis gases de efecto invernadero emitidos por motores de combustión. “Hoy [por el jueves], la Administración de Trump ha revocado la declaración de peligro: la resolución que servía de base para limitar las emisiones de los tubos de escape y las normas sobre centrales eléctricas. Sin ella, estaremos menos seguros, menos sanos y menos capacitados para luchar contra el cambio climático, todo ello para que la industria de los combustibles fósiles pueda ganar aún más dinero”, escribió el exmandatario en X.
La prevista judicialización de la derogación de la propuesta de ley trumpista 2060-AW71, que elimina todas las limitaciones para los vehículos, desde los sedanes hasta los camiones de 18 ruedas —el sector que genera la mayor parte de las emisiones en Estados Unidos—, será una batalla ardua, previsiblemente atizada por las próximas elecciones de medio mandato, en noviembre, en las que los demócratas intentarán recortar el control republicano de las dos Cámaras del Congreso.
La judicialización, además, proyecta un horizonte de éxito discutible si, como prevén los republicanos, los recursos de apelación llegan al Tribunal Supremo, cuya mayoría conservadora fue uno de los principales legados del primer mandato de Trump. En la justicia depositan sus esperanzas algunos grupos ecologistas, que confían en que los tribunales mantendrán su trayectoria de respaldo a la autoridad de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, en sus siglas inglesas) para regular los gases de efecto invernadero mediante la Ley de Aire Limpio de 1963, antecedente de la declaración de 2009 de Obama.
Entre otros grupos, el Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales y Earthjustice han anunciado que impugnarán la revocación ante los tribunales, lo que podría desencadenar una batalla legal de varios años hasta el Supremo. “Se presentará una demanda casi de inmediato, y nos veremos en los tribunales”, dijo el jueves David Doniger, abogado del Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales.
Para el Gobierno de Donald Trump, que en diciembre ya aprobó una norma para favorecer a los coches de combustión en detrimento de los eléctricos, las normas que limitaban la contaminación suponen una carga para las empresas y obstaculizan el crecimiento económico. La Casa Blanca afirma que el hachazo supondrá un ahorro de más de un billón de dólares para las empresas, pero los críticos argumentan que ignora los costes mucho mayores del cambio climático por los fenómenos meteorológicos extremos —que están incidiendo ya en las primas de seguros, al alza en zonas del país azotadas por incendios e inundaciones periódicos—, el aumento del nivel del mar y los efectos sobre la salud relacionados con el calor.
La revocación de Trump revierte, con efecto inmediato, la promoción de los vehículos eléctricos de la era Biden, quien hizo pivotar en torno a la protección ambiental el grueso de su ambiciosa Ley de Reducción de la Inflación (IRA, en sus siglas inglesas). Pero a la vez cuestiona la autoridad de la EPA para regular los gases de efecto invernadero, consagrada por una sentencia del Supremo en 2011. Con la medida, el líder MAGA avanza de paso en su intención de desmantelar la estructura de la Administración del Estado.
Los expertos jurídicos afirman que el cambio de política podría, por ejemplo, provocar un aumento de las demandas conocidas como “acciones por alteración del orden público”, una vía que había quedado bloqueada tras una sentencia del Tribunal Supremo de 2011 que dictaminó que la regulación de los gases de efecto invernadero debía recaer en la EPA en lugar de los tribunales. El alto tribunal resolvió en esa sentencia histórica que los gases de efecto invernadero se consideran contaminantes atmosféricos en virtud de la Ley de Aire Limpio de 1963, lo que, en la práctica, obligaba a la EPA a regularlos.
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