El Partido Popular promete llegar al Gobierno bajando impuestos y manteniendo partidas de gasto como las pensiones y la defensa. Pero la ecuación presenta la incógnita de cómo cuadrar ingresos y gastos en esa ambiciosa hoja de ruta. Más aún cuando el margen ya es estrecho y el ritmo de crecimiento de la economía española tiende a la moderación por el fin de los fondos europeos, la persistencia de la inflación o el menor dinamismo de la demanda nacional. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha empezado a condicionar todas esas decisiones al estado real de las cuentas públicas. Y ha deslizado la posibilidad de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez esté ocultando parte del gasto y obligaciones presupuestarias que todavía no afloran en las cifras oficiales, y que darían pie a una suerte de déficit oculto. Por eso, apuntan en el PP, en el caso de que lleguen a La Moncloa pondrán en marcha un proceso de auditoría para arrojar luz sobre las cuentas. Esas insinuaciones han provocado “un profundo malestar” en el Gobierno y, especialmente, en el Ministerio de Hacienda, indica un portavoz.
La formación de Alberto Núñez Feijóo sugiere que hay trampas y un déficit oculto, pero varios expertos señalan que es muy difícil cualquier manipulación contable
El Partido Popular promete llegar al Gobierno bajando impuestos y manteniendo partidas de gasto como las pensiones y la defensa. Pero la ecuación presenta la incógnita de cómo cuadrar ingresos y gastos en esa ambiciosa hoja de ruta. Más aún cuando el margen ya es estrecho y el ritmo de crecimiento de la economía española tiende a la moderación por el fin de los fondos europeos, la persistencia de la inflación o el menor dinamismo de la demanda nacional. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha empezado a condicionar todas esas decisiones al estado real de las cuentas públicas. Y ha deslizado la posibilidad de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez esté ocultando parte del gasto y obligaciones presupuestarias que todavía no afloran en las cifras oficiales, y que darían pie a una suerte de déficit oculto. Por eso, apuntan en el PP, en el caso de que lleguen a La Moncloa pondrán en marcha un proceso de auditoría para arrojar luz sobre las cuentas. Esas insinuaciones han provocado “un profundo malestar” en el Gobierno y, especialmente, en el Ministerio de Hacienda, indica un portavoz.
En el ministerio consideran que poner en duda la consistencia de las cuentas públicas sin aportar pruebas supone “cuestionar la profesionalidad de la Intervención General de la Administración del Estado”, la IGAE, que es el organismo encargado de controlar la contabilidad. Varios interventores y auditores del Estado consultados corroboran ese descontento y piden que el debate político “no enturbie ni cuestione la profesionalidad” de estos altos funcionarios.
Distintas voces del PP han alimentado en los últimos días la sospecha de esos números rojos encubiertos, aunque sin concretar qué partidas estarían manipuladas ni cómo se habría producido una eventual alteración de las cifras. A preguntas de este periódico, un portavoz del PP alude a la “falta de confianza por el déficit oculto que el PSOE dejó en el año 2011″, a lo que se suman dos legislaturas gobernando “casi sin reglas” por la suspensión de las reglas fiscales, la cláusula de escape en defensa o la falta de nuevas cuentas públicas durante varios años, junto a la “colonización” de organismos reguladores y empresas.
Varios expertos consultados, sin embargo, recuerdan que en 2011 hubo un “error de previsión” por parte del Gobierno central, ya que se registró un gran desfase entre el cierre de déficit previsto y el final. Pero destacan que las irregularidades llegaron por las actuaciones de algunas autonomías gobernadas por el PP, que es donde se produjeron los desajustes, y no de la Administración General del Estado. De hecho, en aquel episodio Bruselas impuso una sanción de más de 18 millones al considerar que la Comunidad Valenciana había tergiversado sus cuentas. Además, los expertos creen que una operación de esa naturaleza a día de hoy sería extraordinariamente difícil, dada la cantidad de organismos e instituciones que intervienen en la elaboración, comprobación y fiscalización.
“Me parece poco prudente e irresponsable que un partido que aspira con mucha probabilidad a gobernar y que ya ha gobernado en el pasado especule públicamente con algo tan serio. Hay una reputación de país en juego”, advierte Daniel Fuentes, profesor de la Universidad de Alcalá y exasesor en La Moncloa ya con Pedro Sánchez como presidente. Su argumento es que las cuentas públicas no dependen exclusivamente del Gobierno ni de un único organismo que pueda alterar las cifras sin que nadie más lo advierta. Hay varios niveles de control, tanto durante la elaboración de la contabilidad como una vez que esta se cierra.
La primera pieza es la IGAE, cuyos técnicos se encargan de elaborar y supervisar la contabilidad de la Administración pública. Pero el proceso no termina ahí. Como explica Diego Martínez, catedrático en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla e investigador en Fedea, la información debe encajar también con los trabajos del Instituto Nacional de Estadística, el Banco de España y Eurostat, que participan en distintos grupos técnicos encargados de contrastar los procedimientos y las cifras de contabilidad. Es una supervisión transversal, que examina cómo se contabilizan las distintas operaciones. Pero también secuencial, porque una vez que la IGAE rinde la Cuenta General del Estado, esta pasa al Tribunal de Cuentas, que realiza una fiscalización externa, y también es examinada por la Autoridad Fiscal (Airef). Por último, la información se remite a las autoridades europeas.
“Es difícil que haya una coordinación conspiranoica entre la IGAE, el INE, el Banco de España y la Airef, vigilando y cumpliendo los requisitos de Eurostat”, resume Martínez. El Tribunal de Cuentas puede solicitar aclaraciones y formular observaciones. La Autoridad Fiscal, por su parte, añade otro nivel de supervisión. Para que pudiera existir una manipulación sistemática del gasto que desembocase en un déficit oculto, tendría que pasar inadvertida en todos esos controles y entre organismos con competencias y procedimientos distintos.
Fuentes recuerda, además, que la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado no significa que el Gobierno haya podido disponer libremente de los créditos. Las ampliaciones presupuestarias han tenido que pasar por el Congreso y existe también una Oficina Presupuestaria en las Cortes que realiza un seguimiento de esos movimientos. “Resulta un poco atrevido entrar a sembrar dudas”, apunta.
Parcheo presupuestario
Que resulte muy difícil ocultar un déficit no significa, sin embargo, que la gestión presupuestaria del Ejecutivo esté libre de críticas. Y es precisamente en este terreno donde los expertos sí encuentran motivos para la discusión. España lleva cuatro años sin aprobar nuevos Presupuestos y ello ha obligado a recurrir a numerosas modificaciones y ampliaciones de crédito, además de movimientos entre partidas para adaptar las cuentas a las necesidades de cada ejercicio. El resultado es una estructura cada vez más compleja y difícil de seguir.
“Es probable que haya habido enjuagues entre unas partidas y otras. Eso pasa siempre y seguramente ahora, con varias prórrogas seguidas, más. La trazabilidad de esos movimientos dará pie a la controversia política”, prevé Fuentes. A su juicio, la falta de nuevos Presupuestos puede justificar un examen detallado de cómo se han distribuido los recursos y de qué compromisos se han ido adquiriendo, una crítica que en muchas ocasiones será “legítima”. Pero eso no equivale a que se haya ocultado gasto ni a que las cifras del déficit sean falsas.
Martínez coincide en que la complejidad de los procedimientos puede alimentar la confusión. “Hay dificultad técnica para entender las modificaciones presupuestarias. La documentación que va publicando la IGAE es complicada, densa y tiene muchos ajustes. Puede haber cierta frustración por la comprensión técnica de lo que ocurre, que no es fácil para nadie”. También señala que algunos ajustes, al amparo del artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, pueden generar compromisos que se extienden a ejercicios posteriores. Es el caso de determinadas actuaciones en defensa o infraestructuras, que añaden complejidad al seguimiento del gasto futuro.
A ello se suma la diferencia entre la contabilidad presupuestaria y la nacional. La primera registra los créditos y las operaciones de los distintos organismos, mientras que la segunda aplica los criterios europeos para calcular el déficit, con ajustes por transferencias internas, previsiones de ingresos y gastos que se imputan en distintos momentos. Es decir, hay operaciones que pueden modificar las cifras a medida que se completa la información, pero son procedimientos conocidos, legales y sometidos a control.
Fuentes también advierte de que no se puede deducir la existencia de irregularidades de las diferencias entre la evolución del déficit y la de la deuda. Esta última depende, además de los desfases entre ingresos y gastos, del calendario de emisiones del Tesoro, los tipos de interés, el crecimiento económico y la inflación. También intervienen operaciones financieras que aumentan la deuda sin computar como déficit. Por tanto, ambas magnitudes no tienen por qué evolucionar al mismo ritmo.
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