Manchester City: jaque mate a la autorregulación

El caso del Manchester City ha dejado al descubierto un problema de gobernanza del fútbol. Según la información publicada por la Premier League el pasado 29 de septiembre, una comisión independiente ha declarado al club culpable de todas las acusaciones de infracción grave de sus normas financieras y de la mayoría de las relativas a su falta de colaboración con la investigación. La sanción no se conoce todavía todavía y el club recurrió este jueves, pero ya no se discute si el City incumplió las reglas, sino si el sistema que debía hacerlas cumplir funciona.

Los hechos abarcan de la temporada 2009-10 a la 2017-18. La comisión concluye que el club firmó contratos simulados con patrocinadores para inflar sus ingresos, presentó cuentas que ocultaban su verdadera situación y superó con creces los límites de gasto de la Premier y de la UEFA. Entre la primera infracción y el veredicto han pasado casi 17 años.

Ese es el primer problema. Una sanción que llega casi una generación después no restablece la competición que alteró. Los títulos pueden retirarse sobre el papel, pero lo ganado en esa década no se devuelve: fichajes, premios, contratos comerciales y aficionados. En 2020, el TAS consideró prescritas parte de las conductas del City juzgadas por la UEFA. Aquel precedente mostró que, en este terreno, el tiempo juega a favor de quien incumple.

El segundo problema es de medios. Una liga es una asociación de derecho privado. No puede registrar servidores, requerir información a bancos ni obligar a declarar a terceros fuera de su jurisdicción. Depende en gran medida de la documentación que el propio investigado quiera entregar. Frente a estructuras de propiedad con ramificaciones internacionales y respaldo estatal, esa asimetría resulta casi insalvable.

El tercero es estructural: la Premier es juez y parte. Aunque el juicio y la sanción correspondan a una comisión independiente, es la Premier quien decide si investiga, cuándo acusa y con qué recursos. Conviene recordar que el detonante del caso fueron las filtraciones de Football Leaks, no sus controles internos. Ahora tendrá que gestionar la sanción a uno de los clubes que más valor aportan a sus derechos audiovisuales, mientras responde ante los otros 19 socios, varios de los cuales ya se han reservado el derecho a reclamar compensaciones.

España ofrece un contraste útil. LaLiga aplica un control previo: cada club tiene un límite de coste de plantilla calculado sobre sus ingresos, y si lo supera no puede inscribir jugadores. El modelo tiene críticos, que lo consideran rígido o cuestionan el uso de las llamadas palancas. Pero contribuyó a acabar con las situaciones de insolvencia o de impagos a futbolistas de hace una década y, sobre todo, evita el problema que hoy tiene la Premier: el gasto no autorizado no llega a producirse.

No es fácil que una liga castigue a uno de sus mayores activos, porque la sanción afecta a toda la competición. Italia lo comprobó con el Calciopoli, destapado por escuchas judiciales, que el Calcio tardó años en superar. En España, el caso Negreira mostró los límites de la vía deportiva: la infracción había prescrito y el asunto acabó en los tribunales ordinarios. La tendencia apunta, por tanto, hacia la ley común. El Reino Unido aprobó en 2025 un regulador independiente con potestades legales, pese a las advertencias sobre injerencia estatal que tradicionalmente han esgrimido FIFA y UEFA, que también son juez y parte. Y nadie puede arbitrar con garantías un partido en el que también juega.

Durante años, el sistema aplazó el conflicto con sus clubes más poderosos, y hoy se cumple la advertencia atribuida a Maquiavelo: “Quien tolera el desorden para evitar la guerra tiene primero el desorden y después la guerra”. Evitar que se repita exige cambiar de raíz la gobernanza del fútbol.

Marian Otamendi es CEO de World Football Summit.