El Senado ha vivido este miércoles un debate peculiar, un clásico entre Barcelona y Madrid que no ha sido futbolístico pero que sí ha confrontado dos modelos, en este caso sobre cómo afrontar la emergencia en los precios de la vivienda en las dos ciudades más importantes del país. Lo han protagonizado sus dos alcaldes. El regidor de Madrid, José Luis Martínez Almeida, del PP, ha rechazado sin ambages aplicar los topes a los precios del alquiler que permite la ley estatal de vivienda, cuyos efectos ha descalificado como muy “negativos”. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, del PSC, ha aportado datos oficiales para demostrar que la ley y sus topes han funcionado en su ciudad y han bajado los precios un 4,9%, dejando en los bolsillos de las familias 220 euros más al mes.
Los alcaldes de ambas ciudades presentan sus medidas en el Senado. Collboni defiende que los topes al alquiler han bajado un 4,9% los precios mientras Almeida pide construir más
El Senado ha vivido este miércoles un debate peculiar, un clásico entre Barcelona y Madrid que no ha sido futbolístico pero que sí ha confrontado dos modelos, en este caso sobre cómo afrontar la emergencia en los precios de la vivienda en las dos ciudades más importantes del país. Lo han protagonizado sus dos alcaldes. El regidor de Madrid, José Luis Martínez Almeida, del PP, ha rechazado sin ambages aplicar los topes a los precios del alquiler que permite la ley estatal de vivienda, cuyos efectos ha descalificado como muy “negativos”. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, del PSC, ha aportado datos oficiales para demostrar que la ley y sus topes han funcionado en su ciudad y han bajado los precios un 4,9%, dejando en los bolsillos de las familias 220 euros más al mes.
El debate en la Comisión de Vivienda del Senado se presentaba en teoría como un nuevo duelo, en este caso político y de gestión, con el trasfondo del grave problema del precio de las casas, sobre todo para alquilar. La situación trasciende los casos de Madrid y Barcelona hasta convertirse en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos de todo el país. Las medidas aplicadas y la manera de actuar de los alcaldes de esas dos grandes ciudades, sobre todo con relación a la ley estatal de vivienda aprobada en el Congreso en 2023, ha sido el nexo conductor de toda la discusión, que realidad se ha organizado como una sucesión de exposiciones porque los dos regidores no se han encontrado en ningún momento.
El primero en contar sus teorías sobre la vivienda y cómo luchar contra su escalada de precios ha sido el alcalde de Madrid, quien ha iniciado su exposición arremetiendo contra la “francamente negativa y nefasta” sucesión de intentos de legislar y regular desde el Gobierno central. Cada orador ha utilizado sus propios datos y estadísticas para argumentar en su favor, como los portavoces de los distintos partidos. Collboni ha esgrimido que los suyos eran oficiales, aportados por el portal de la Generalitat. Madrid se ha basado más en las cifras de portales privados del sector.
José Luis Martínez Almeida no ha sido nada autocrítico, ha eludido el hecho de que las principales competencias urbanísticas y en materia de vivienda dependen de la Comunidad de Madrid de la popular Isabel Díaz Ayuso, que el PP lleva décadas al mando de ambas Administraciones, y ha presentado algunos datos para presumir de que nadie ha hecho más por la construcción de casas asequibles que en su etapa. El alcalde madrileño ha asegurado así que con el suelo que ha calificado en su mandato podrían darse mañana mismo hasta 60.000 licencias para ser construidas, que ha permitido el trasvase de 3.000 viviendas procedentes de edificios de oficinas y que la Empresa Municipal de Vivienda (EMV) es la mayor del sector en toda Europa y dispone ya de 10.000 casas.
En ese contexto, Almeida ha aprovechado para ofrecer el ejemplo de la EMV al Gobierno central de Pedro Sánchez, para que arranque la fórmula nacional que se pretende con Casa 47. En ese punto, ha lanzado varios dardos contra la reciente promesa del presidente en el acto programado este pasado lunes para intentar retomar en Madrid la Operación Campamento, que prevé 10.700 viviendas y que lleva varias décadas parada. Almeida se ha quejado de que no fue invitado a ese acto y ha enviado este miércoles al concejal de ese barrio a comprobar si estaban en marcha allí las excavadoras. El edil le ha asegurado que en Campamento estaba todo parado.
El alcalde de Madrid no lo ha expresado así, y ha rechazado “las comparaciones odiosas”, pero en su modelo de ciudad ha compaginado facilitar más suelo disponible, flexibilizar más los plazos para ejecutar viviendas y no perjudicar a los pequeños propietarios. El portal idealista estima que en el último ejercicio los precios en Madrid han subido un 9,7%.
Los grupos que han intervenido cuestionaron en general la visión tan optimista de Almeida y los partidos de izquierdas han lamentado su oposición casi visceral a las opciones que le podría dar la aplicación de la ley de vivienda. Al regidor de Barcelona las formaciones de la derecha, PP y Vox, le han negado la viabilidad de sus estadísticas.
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, se ha presentado en el Senado con datos oficiales, gráficos y diapositivas para mostrar que en su caso los topes a los precios de los alquileres que permite la ley han dado resultados. Collboni no niega la gravedad del problema, y hasta ha aceptado que la solución final pasa por construir más y facilitar más suelo, pero “en el entretanto” ha reafirmado que la ley de vivienda ofrece opciones “paliativas”.
Collboni ha inundado de datos la comparecencia, pero se podrían resumir en dos. Desde la entrada en vigor de esos topes a los alquileres, Barcelona ha bajado un 4,9% los precios y ha ahorrado a los inquilinos una media de 220 euros a los afectados con respecto a si no se hubiese introducido esa medida. El precio medio de los alquileres habría bajado ahora a 1.135 euros al mes.
El regidor barcelonés ha aceptado el escenario de “emergencia habitacional” de su ciudad y de otras, con subidas de los alquileres del 78% entre 2014 y 2024 y del 56% en la compra. El alcalde ha ilustrado así que en el año 2000 el ingreso medio en Barcelona se calculaba en 1.678 euros y se tenían que destinar 408 euros (23%) al alquiler, y ha razonado que esos niveles se han elevado desde entonces hasta niveles insostenibles para muchos hogares. El político catalán ha aderezado esos datos con la repercusión de otra de las medidas más contundentes adoptadas en su mandato: la prohibición de los 10.000 pisos turísticos existentes para seguir operando a partir de noviembre de 2028.
Almeida y Collboni han coincidido en la importancia del reto, en que no hay soluciones mágicas a corto plazo, en que debe permitirse construir más y hacerse con menos trabas. El alcalde madrileño ha desconfiado totalmente de las leyes estatales, como los partidos de la derecha, denostando todo lo que parta del Gobierno de Pedro Sánchez. El barcelonés ha agradecido la legislación estatal “para parar el golpe y ganar tiempo” hasta lograr llegar al objetivo de contar en Barcelona con un parque público del 15% de las viviendas, que pueda influir más en el mercado.
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