Los países del Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— están decididos a avanzar en la ratificación del acuerdo comercial con la UE pese al revés propinado por el Parlamento Europeo, que el miércoles frenó el pacto con su decisión de enviarlo al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Las cuatro capitales latinoamericanas han recibido la maniobra con cautela, pero también confían en que el acuerdo finalmente se aprobará. “No visualizo que esto vaya a ser un inconveniente”, dijo el jefe de Estado paraguayo, Santiago Peña, a periodistas locales al ser cuestionado sobre la decisión de la Eurocámara.
Bruselas esperará hasta que el primer país sudamericano apruebe el acuerdo para tomar la decisión
Los países del Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— están decididos a avanzar en la ratificación del acuerdo comercial con la UE pese al revés propinado por el Parlamento Europeo, que el miércoles frenó el pacto con su decisión de enviarlo al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Las cuatro capitales latinoamericanas han recibido la maniobra con cautela, pero también confían en que el acuerdo finalmente se aprobará. “No visualizo que esto vaya a ser un inconveniente”, dijo el jefe de Estado paraguayo, Santiago Peña, a periodistas locales al ser cuestionado sobre la decisión de la Eurocámara.
Peña indicó que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ya había anticipado que, en caso de que el acuerdo fuese remitido a la justicia, la UE disponía de herramientas legales para implementar el pacto. “Si la Unión Europea pone ya en ejecución el acuerdo, aunque sea de manera transitoria, en los países del Mercosur, en la medida en que vayan aprobando, ya se va a ir aplicando”, agregó.
La cuestión es cuándo activará Von der Leyen esas herramientas, concretamente, la potestad de decidir la aplicación provisional del acuerdo. Fuentes comunitarias apuntan que el momento de tomar la decisión de que el pacto entre en vigor de forma provisional llegará cuando el primer país de Mercosur lo ratifique, algo que puede demorarse un mes o dos.
Los países sudamericanos son partidarios de que entre en vigor lo antes posible. Paraguay lo presentará la semana que viene ante la Comisión Permanente del Congreso y Argentina lo debatirá en sesiones extraordinarias en el Parlamento a partir de febrero. En Brasil y en Uruguay también se mantiene la voluntad de ratificar un texto que abre un mercado de 450 millones de potenciales consumidores para las empresas del Mercosur y augura mayores inversiones conjuntas. Desde el otro lado, el mercado que se abre ronda los 300 millones.
También hay urgencia en algunas capitales europeas. Alemania ya ha incrementado la presión para que se aplique de forma provisional. Y, de nuevo, lo ha hecho por boca de su portavoz más autorizado, el canciller alemán, Friedrich Merz: “Lamento que el Parlamento Europeo haya puesto otro obstáculo al Mercosur. Pero tengan la seguridad de que no nos detendrán. El acuerdo con el Mercosur es justo y equilibrado. No hay alternativa si queremos un mayor crecimiento en Europa”, dijo desde el Foro Económico de Davos.
Su posición es la misma que mantienen las grandes empresas europeas, que este jueves han hablado a través del lobby que las representa en Bruselas, la Mesa Europea para la Industria. “Los acontecimientos recientes confirman que la velocidad es esencial para que Europa se adapte a las duras realidades geopolíticas”, explica su secretario general, Anthony Gooch, “la aplicación provisional del acuerdo debe avanzar con urgencia, según lo dispuesto en los Tratados de la UE y utilizado para la aplicación de acuerdos anteriores”.
Pero en la Comisión se anda con mucha cautela. No se trata de un problema legal, puesto que es algo previsto en este tipo de tratados —ya sucedió con el de Canadá— y, además, los Estados ya dieron su visto bueno a que se activara esta posibilidad cuando aprobaron que Von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, volaran a Paraguay para asistir a la firma del acuerdo. Bruselas está además convencida de que legalmente no hay ningún resquicio que pueda llevar a los jueces de Luxemburgo a poner trabas al texto.
Fuentes comunitarias reconocen que se trata sobre todo de un problema político y que el mayor obstáculo es la Eurocámara, donde ya antes de la votación del miércoles para enviar el tratado al TJUE se sabía que los apoyos al pacto son más que ajustados. Tanto, que nadie quiere dar un paso que pueda molestar a los defensores del tratado en el hemiciclo, muchos de los cuales ya han dejado claro que no quieren que la Comisión pase por encima del Parlamento en una cuestión tan importante.
Por ello, Bruselas no quiere precipitarse. Subraya que hay todavía algo de tiempo: el momento de tomar la decisión de que el pacto entre en vigor de forma provisional llegará cuando el primer país de Mercosur lo ratifique, algo que puede demorarse al menos un mes o dos. Un periodo que Von der Leyen —apoyada también por Costa— quiere aprovechar para “escuchar” todas las posiciones y todos los grupos políticos del Parlamento Europeo, de forma similar a como ya hizo hace un año cuando buscaba apoyos para su reelección al frente del Ejecutivo europeo. Es una labor que ya había comenzado — tanto Von der Leyen como Costa estuvieron ya celebrando reuniones a puerta cerrada durante el pleno de esta semana en Estrasburgo— y que piensan continuar para cerrar los máximos apoyos posibles.
La tarea no parece sencilla. Las posiciones a favor o en contra del tratado no son en este caso solo de afiliación política, sino también nacionales: los eurodiputados franceses de todo signo, igual que los polacos, apoyaron la moción de los grupos de la Izquierda y los Verdes para enviar el acuerdo al TJUE (también había una segunda moción, de la extrema derecha, que fue rechazada).
A este complicado tablero amenaza con añadirse una pieza más: pese a que el Partido Popular Europeo (PPE) ha sido enfático en pedir que la Comisión inicie la aplicación provisional saltándose al Parlamento Europeo, parece que no tiene siquiera asegurados todos los apoyos con los que hasta ahora contaba: casi por sorpresa, el PP español ha mostrado este jueves dudas sobre el acuerdo, pese a que el día anterior votó en la Eurocámara contra la petición de llevar el acuerdo al TJUE. En contra de lo que ha defendido buena parte de su familia política europea, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha solicitado “formalmente al Gobierno de España y a la Comisión la no entrada en vigor de Mercosur hasta que haya plena certeza de que se aprobarán las garantías que necesita el campo español”.
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