La crisis de inestabilidad política que atraviesa Francia ha privado al mundo de una imagen tan simbólica como excepcional: la patronal protestando en la calle. Los empresarios estaban dispuestos a manifestarse en protesta por la conocida como tasa Zucman, un nuevo impuesto que se ha colado en el debate presupuestario y ya ha provocado las primeras fricciones entre la izquierda y la derecha. Se trata de un gravamen sobre los grandes patrimonios ―más de 100 millones de euros―, cuyo diseño se ha inspirado en la propuesta que lanzó en 2024 el reputado economista francés Gabriel Zucman.
La ‘tasa Zucman’ para gravar el 2% de la riqueza de los millonarios divide a Francia e intensifica los debates globales sobre la imposición patrimonial
La crisis de inestabilidad política que atraviesa Francia ha privado al mundo de una imagen tan simbólica como excepcional: la patronal protestando en la calle. Los empresarios estaban dispuestos a manifestarse en protesta por la conocida como tasa Zucman, un nuevo impuesto que se ha colado en el debate presupuestario y ya ha provocado las primeras fricciones entre la izquierda y la derecha. Se trata de ungravamen sobre los grandes patrimonios ―más de 100 millones de euros―, cuyo diseño se ha inspirado en la propuesta que lanzó en 2024 el reputado economista francés Gabriel Zucman.
La movilización de los patronos se canceló al coincidir con los días en que el país se asomó al abismo de un vacío de gobierno, pero el asunto ha seguido discutiéndose en la Asamblea Nacional, donde los socialistas reclaman que se grave la riqueza de los ricos como condición para mantener el Gobierno a flote. El episodio refleja un debate que se intensifica en Europa y que persigue que los ultrarricos contribuyan más en unos sistemas fiscales que, con mil agujeros y lagunas, parecen diseñados a su medida.
“Europa no puede construir un sistema fiscal sostenible si sus ciudadanos más ricos contribuyen menos, en términos relativos, que los trabajadores comunes”, sostiene Giulia Varaschin, asesora política en el Observatorio Fiscal de la UE, que dirige el propio Zucman. La tasa, añade, engordaría los ingresos en unos 20.000 millones de euros anuales solo en Francia y “realinearía el sistema fiscal con los fundamentos constitucionales y morales de que todos contribuyen según sus medios”.
La réplica viene de Cristina Enache, economista en la Tax Foundation Europe, quien asegura que estas figuras reducen salarios e inversión y destruyen empleos, además de tener un impacto redistributivo “muy limitado” y generar fuga de capitales hacia jurisdicciones más laxas en términos fiscales.
Algo falla en el sistema tributario. Hay una profunda brecha entre el músculo económico y financiero de los multimillonarios y el peso real de sus impuestos en las arcas públicas. Un estudio de la Universidad de California en Berkeley, publicado recientemente por la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos (NBER, por sus siglas en inglés), ha analizado con datos administrativos cómo tributan los 400 estadounidenses más ricos. En ese trabajo académico aparece de nuevo una firma conocida, la del propio Zucman. Y muestra datos tan reveladores como incómodos: el tipo efectivo medio de estas grandes fortunas es del 23,8%, muy por debajo del 30% que soporta la población media, y del 45% que recae sobre los trabajadores más cualificados.
El documento señala que lo que ocurre en EE UU no es una excepción, sino parte de una tendencia extensible a regiones como Europa. En Francia, Países Bajos, Suecia o Noruega, los ultrarricos ―en el análisis se fijaron en los que superan los 1.000 millones de euros― soportan tasas efectivas a veces inferiores al 20%.
El informe no ofrece cifras para España, que no destaca por ser una de las jurisdicciones con más milmillonarios ―algo más de 30, sobre un universo de casi 2.800 en todo el mundo―. Sin embargo, los datos disponibles a nivel nacional reflejan un dibujo similar. Varios estudios académicos de instituciones como Fedea o el Instituto de Estudios Fiscales muestran que el 1% más acaudalado del país ―que incluye a las grandísimas fortunas y a ricos de menor magnitud― soporta un tipo medio efectivo sobre el total de impuestos menor al de las franjas más pobres de la población.
Por ello, el grupo de economistas encabezado por Zucman reclama la puesta en marcha de una tasa para un grupo que no deja de crecer en número y en riqueza acumulada, y que ya amontona el 13,5% del PIB mundial, según los datos del Observatorio Fiscal de la UE. Si la tasa a los ricos prosperase y pagasen cada año al menos un 2% de su patrimonio ―que en conjunto roza los 14 billones de dólares―, los países tendrían unos 250.000 millones de dólares (unos 215.000 millones de euros) en ingresos adicionales.
Aunque con un gravamen efectivo muy inferior al 2%, España ya cuenta con el impuesto de patrimonio ―en las comunidades que lo tienen bonificado opera el de grandes fortunas―. En las elecciones de Noruega, celebradas en septiembre, la discusión de la imposición patrimonial estuvo presente. El Reino Unido también mantiene sus debates y otros países, aprovechando las recientes discusiones en el seno del G-20, han puesto sobre la mesa el asunto. En Francia han ido algo más allá y los Ecologistas y la coalición de izquierdas han aterrizado una propuesta que afectaría a casi 2.000 altos contribuyentes. Bernard Arnault, presidente del grupo de lujo LVMH, ha declarado que estas ideas son propias de “militantes de extrema izquierda” deseosos de “destruir la economía liberal”. Para Varaschin, sin estas correcciones “se vuelve difícil pedir al resto de la sociedad que asuma cargas más pesadas mediante mayores impuestos y recortes de bienestar”.
Recetas opuestas
El fenómeno de la baja tributación de los más pudientes no responde tanto a prácticas de evasión o fraude como a la estructura que rige en todos estos países. El denominador común es que los impuestos están diseñados en torno al trabajo y a unas formas tradicionales de obtención de renta, por lo que se muestran menos eficaces a la hora de gravar la riqueza proveniente de vehículos empresariales, financieros e inversores (acciones, dividendos, intereses, plusvalías…), que son los que engordan a las grandes fortunas. Cómo meter mano a esta situación ―y la idoneidad de hacerlo― es lo que divide a los expertos.
Unos creen que es difícil concretar los activos sujetos al impuesto y que estos gravámenes provocarían la deslocalización masiva, penalizando la inversión y, por ello, el empleo. Otros defienden que una respuesta coordinada entre varios países, junto a un diseño blindado y bien estructurado, puede capturar esa riqueza y ayudar a los gobiernos a reducir las desigualdades y sanear sus cuentas públicas.
Los esquemas por los que se rigen los sistemas fiscales, opina José María Durán, profesor en la Universidad de Barcelona e investigador del Instituto de Economía de Barcelona, son los que dificultan aplicar de manera efectiva impuestos de este tipo. “El problema no es tanto la idea de gravar a los más ricos, sino cómo hacerlo sin crear distorsiones ni duplicidades”, señala. Durán se muestra prudente ante el entusiasmo que ha despertado la tasa Zucman en ciertos sectores políticos. “En los impuestos los detalles son fundamentales”, recuerda. “Sabemos lo que es la imposición al patrimonio, pero hay que concretar qué se grava y qué no, además de las exenciones contempladas, como las de las empresas familiares. Todo eso condiciona el efecto final del impuesto”.
Durán insiste en aspectos como la valoración de los bienes. “No es lo mismo una acción cotizada que una que no lo está, ni un inmueble nuevo frente a otro antiguo, ni utilizar el precio de mercado u otro indicador”. El investigador señala, además, que el patrimonio, a diferencia de la renta, “se grava con independencia de si un año hay beneficios o pérdidas”, lo que puede ser “muy distorsionador”. También plantea qué hacer con las empresas familiares y con los patrimonios repartidos en varios países. “Sin cooperación entre administraciones tributarias, todo se escapará. Quien más tiene también tiene más capacidad para deslocalizarse”, advierte.
El investigador saca a la palestra al pequeño grupo de millonarios ―sobre todo estadounidenses y europeos― que se ha mostrado públicamente a favor del gravamen, pero cree que “son muy pocos” y que la mayor parte de ellos moverían ficha para no pagar.
Hay quien se muestra más tajante. Gregorio Ordóñez, director del Instituto de Estudios Económicos —el centro de estudios de la patronal española— asegura que la imposición patrimonial “es la figura que más distorsión genera en términos de actividad económica y deslocalización”. Recuerda que muchos países europeos la han ido eliminando a lo largo de los años “precisamente por ese motivo”. Por un lado, afirma, reduce el ahorro y la inversión al aumentar el coste del capital. Por el otro, “los sistemas económicos modernos son interdependientes: si penalizas a unos, terminas afectando a todos”.
En su opinión, es injusto incluir en este debate el patrimonio productivo (las empresas), ya que el capital ya está gravado “de forma directa e indirecta, a través del IRPF, del impuesto de sociedades o de tributos locales”. Y añade que, si solo unos pocos países aplican la tasa, los demás se convertirían en polos de atracción para las grandes fortunas. “La experiencia demuestra que gravar a estos perfiles no tiene efectos positivos. Se deslocalizan, y los incentivos para seguir creando riqueza se reducen”, concluye Ordóñez.
También lo cree así Enache: “Un impuesto a la riqueza reduce los salarios, destruye empleos y disminuye el stock de capital. Todos los grupos de ingresos resultan perjudicados debido a la menor actividad económica”. Además, agrega, un acuerdo global o europeo “es altamente improbable”, ya que un número crítico de países tendría que firmarlo, incluyendo Suiza, “lo que hace que esta propuesta sea inviable.”
Excluir los activos profesionales, sin embargo, neutralizaría los efectos de la reforma, sostiene Varaschin. Estos representan alrededor del 90% de la riqueza de los multimillonarios, por lo que su exclusión abriría una “enorme laguna, fomentando la reclasificación de activos y reduciendo los ingresos potenciales en hasta 40 veces”. La analista tampoco cree en los desincentivos derivados para la actividad empresarial. De hecho, “un sistema fiscal justo, junto con servicios públicos fuertes e inversión en investigación, da una mejor base para la innovación que un entorno de bajos impuestos marcado por la inestabilidad”, concluye.
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