El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha dicho en el Congreso Federal de su sindicato que el PP apoyará la última parte de la reforma de pensiones, cuya aprobación parecía en el aire por el rechazo de algunos de los socios habituales del Gobierno, como ERC, Bildu, BNG y Podemos. “Quiero agradecerle al Partido Popular que, más allá de otras cuestiones, se haya comprometido a efectivamente dar soporte al último acuerdo de pensiones”, ha indicado el líder sindical, ante un auditorio en el que se encontraba el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. El grupo parlamentario popular cargó contra esta norma en el Congreso en septiembre, poco antes de que el Ejecutivo, sindicatos y patronal escenificaran su pacto en La Moncloa. Este periódico se ha puesto en contacto con la formación política para confirmar el anuncio de Álvarez, pero no ha recibido respuesta.
Los populares criticaron el acuerdo en septiembre, cuando la ministra de Seguridad Social presentó la iniciativa en el Congreso. Los nacionalistas de izquierdas rechazan la norma
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha dicho en el Congreso Federal de su sindicato que el PP apoyará la última parte de la reforma de pensiones, cuya aprobación parecía en el aire por el rechazo de algunos de los socios habituales del Gobierno, como ERC, Bildu, BNG y Podemos. “Quiero agradecerle al Partido Popular que, más allá de otras cuestiones, se haya comprometido a efectivamente dar soporte al último acuerdo de pensiones”, ha indicado el líder sindical, ante un auditorio en el que se encontraba el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. El grupo parlamentario popular cargó contra esta norma en el Congreso en septiembre, poco antes de que el Ejecutivo, sindicatos y patronal escenificaran su pacto en La Moncloa. Este periódico se ha puesto en contacto con la formación política para confirmar el anuncio de Álvarez, pero no ha recibido respuesta.
“No les anticipamos mucho éxito parlamentario porque sus socios no han manifestado exceso de entusiasmo en las medidas”, dijo la diputada del PP María Mercedes Fernández en la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, celebrada el 12 de septiembre. “Usted dijo que se trata de una gran reforma. Nosotros creemos que es una reforma muy parcial”, añadió Fernández. La diputada popular indicó que los coeficientes reductores para la jubilación anticipada que propone el Ejecutivo adolecen de “rigor” y “equidad”. “Celebramos los acuerdos sociales entre los sindicatos más representativos y el sector empresarial, pero creemos que debe más información al Parlamento”, añadió la diputada.
Hay partes del acuerdo (suscrito a finales de julio) que no necesitan de apoyo parlamentario para salir adelante, ya que son desarrollos reglamentarios, como los nuevos coeficientes reductores para ocupaciones penosas. Tampoco depende del voto favorable del Congreso el nuevo papel que la reforma plantea para las mutuas, que ganarán protagonismo en el tratamiento de dolencias traumatológicas para desatascar las listas de espera, siempre y cuando el paciente consienta. Este nuevo escenario depende del desarrollo de convenios autonómicos (ya en marcha), así que tampoco podría vetarlo el Parlamento. La formación de la comisión tripartita de seguimiento del nuevo desempeño de las mutuas, así como los cambios en la jubilación activa y la parcial, sí exigen cambios legislativos que necesitan la luz verde de la mayoría del Congreso. En la reunión parlamentaria del pasado septiembre, el PNV se manifestó a favor del acuerdo, mientras que Junts no desveló el sentido de su voto.
El PP no apoyó las anteriores reformas de pensiones planteadas por el Gobierno de Pedro Sánchez. Votó en contra de la que José Luis Escrivá llevó al Congreso en 2021, que eliminaba el factor de sostenibilidad y vinculaba las revalorizaciones al avance de la inflación. Los populares también votaron en contra de la segunda parte de la reforma en marzo de 2023, la que potenciaba los ingresos del sistema.
Rechazo de los nacionalistas de izquierdas
De confirmarse el apoyo del PP, contrastaría con el rechazo de los socios habituales del Ejecutivo. “Se supedita la discusión sobre políticas laborales al diálogo social, con la coletilla de que no se puede tocar ni una coma. Vemos la intención de hurtar al legislativo el derecho de discutir, plantear enmiendas. ¿No podemos opinar del modelo laboral y de pensiones?”, denunció en septiembre el diputado de ERC Jordi Salvador. El hecho de que la norma llegue cerrada, sin discusiones previas con los partidos, también enfadó a los parlamentarios de Bildu. “Si están calculando para hacernos presión para votar a favor, han calculado mal”, indica el diputado vasco Iñaki Ruiz de Pinedo. En la misma línea, Néstor Rego (BNG), criticó que “se sacralice lo que se acuerde en el diálogo social; se traslada la capacidad legislativa fuera del Congreso”.
Más allá de cómo ha informado o negociado el Gobierno, estos partidos están en contra de casi toda la reforma, tanto de la que depende del voto favorable del Congreso como de la reglamentaria. “El tema más sangrante es el de las mutuas. Hace falta una revisión holística del sistema, que venimos arrastrando desde la etapa preconstitucional. Sabemos lo que son las mutuas”, criticó Salvador, con un discurso parecido al de Rego: “Es gravísimo trasladar a las mutuas las pruebas diagnósticas en casos de traumatismos. Esto es financiar a la sanidad privada en detrimento de la pública. La ministra dijo que serviría para que los trabajadores se recuperen más rápido y mejor. Más rápido seguro, pero mejor no lo sabemos. Seguro que todo lo contrario”.
Los tres partidos nacionalistas de izquierdas también expresan su posición negativa en los cambios en la jubilación parcial y activa. “Se continúa con política de incentivos a la jubilación demorada. Nos parece un contrasentido y va contra la idea de que hay que trabajar menos para vivir mejor”, denunció el diputado gallego.
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