Perelló censura el «déficit de jueces» y los «problemas» para implantar la ley de eficiencia de Bolaños

Hace una semana, el Gobierno anunció la creación de 500 plazas judiciales para tratar de aplacar así la litigiosidad inabarcable, ante lo que algunos togados tildan de infradotación clamorosa de personal. Pero este martes, la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha señalado que la medida no será suficiente, ya que « no aborda ni resuelve el problema de fondo » porque, pese al mayor número de plazas, «no se incrementa el número real de jueces disponibles». Es decir, «las vacantes seguirán creciendo y las dilaciones se irán incrementado ». Por este motivo, ante un desafío estructural, ha reclamado la convocatoria urgente de pruebas selectivas.Unas palabras de Perelló durante la entrega de despachos a la 74º promoción de la Carrera Judicial en Barcelona, presidida por el Rey, a la que también ha acudido el ministro de la Presidencia, Justicia, y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Ante quien la presidenta del CGPJ ha criticado el « grave déficit de jueces » en España; que se encuentra muy por debajo de la media europea. Algo que se traduce no sólo en una sobrecarga de trabajo para los propios togados, sino también en dilaciones en la respuesta judicial. Así, desde el Auditorio del Fòrum, la también presidenta del Supremo ha reprochado que la previsión de jueces no puede depender de «avatares futuros e inciertos », sino que se trata de una necesidad inaplazable «que se sigue agravando día a día». Así, ante Bolaños, ha recordado que el Poder Judicial carece de competencias y presupuesto para aumentar el número de togados, y tampoco puede dotar a los que ya ejercen su labor de más medios. Por eso ha reclamado una planificación realista, inversión, presupuestos y cooperación institucional.En esa misma línea, ha mostrado su « preocupación» ante la implantación de la nueva ley de los tribunales de instancia , implementada por el Ministerio de Justicia, cuya tercera y última fase entró en vigor este pasado enero. «Los jueces somos los primeros interesados en que la oficina judicial se modernice y sea eficiente», ha apuntado, para precisar que, a diferencia de lo que se está haciendo, « estas reformas han de hacerse de forma ordenada, organizada y con el tiempo necesario », ya que este cambio está generando problemas en muchos juzgados. Desde la adecuación de espacios a la coordinación entre profesionales, entre otros, generando algunas situaciones «caóticas» . «Injerencias»Además, en su discurso, la presidenta del CGPJ también ha reclamado respeto a las decisiones y la independencia de los integrantes de la Carrera Judicial, «que no puede ser menoscabada mediante presiones ni injerencias, por muy sutiles que estas pretendan ser », ha deslizado. Así, Perelló censurado el intento de socavar la necesaria confianza de los ciudadanos en los tribunales, que «todos los poderes públicos deben promover». «El juez no es un actor político, ni un mero ejecutor de decisiones ajenas, sino un garante público de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos», ha subrayado. Hace una semana, el Gobierno anunció la creación de 500 plazas judiciales para tratar de aplacar así la litigiosidad inabarcable, ante lo que algunos togados tildan de infradotación clamorosa de personal. Pero este martes, la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha señalado que la medida no será suficiente, ya que « no aborda ni resuelve el problema de fondo » porque, pese al mayor número de plazas, «no se incrementa el número real de jueces disponibles». Es decir, «las vacantes seguirán creciendo y las dilaciones se irán incrementado ». Por este motivo, ante un desafío estructural, ha reclamado la convocatoria urgente de pruebas selectivas.Unas palabras de Perelló durante la entrega de despachos a la 74º promoción de la Carrera Judicial en Barcelona, presidida por el Rey, a la que también ha acudido el ministro de la Presidencia, Justicia, y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Ante quien la presidenta del CGPJ ha criticado el « grave déficit de jueces » en España; que se encuentra muy por debajo de la media europea. Algo que se traduce no sólo en una sobrecarga de trabajo para los propios togados, sino también en dilaciones en la respuesta judicial. Así, desde el Auditorio del Fòrum, la también presidenta del Supremo ha reprochado que la previsión de jueces no puede depender de «avatares futuros e inciertos », sino que se trata de una necesidad inaplazable «que se sigue agravando día a día». Así, ante Bolaños, ha recordado que el Poder Judicial carece de competencias y presupuesto para aumentar el número de togados, y tampoco puede dotar a los que ya ejercen su labor de más medios. Por eso ha reclamado una planificación realista, inversión, presupuestos y cooperación institucional.En esa misma línea, ha mostrado su « preocupación» ante la implantación de la nueva ley de los tribunales de instancia , implementada por el Ministerio de Justicia, cuya tercera y última fase entró en vigor este pasado enero. «Los jueces somos los primeros interesados en que la oficina judicial se modernice y sea eficiente», ha apuntado, para precisar que, a diferencia de lo que se está haciendo, « estas reformas han de hacerse de forma ordenada, organizada y con el tiempo necesario », ya que este cambio está generando problemas en muchos juzgados. Desde la adecuación de espacios a la coordinación entre profesionales, entre otros, generando algunas situaciones «caóticas» . «Injerencias»Además, en su discurso, la presidenta del CGPJ también ha reclamado respeto a las decisiones y la independencia de los integrantes de la Carrera Judicial, «que no puede ser menoscabada mediante presiones ni injerencias, por muy sutiles que estas pretendan ser », ha deslizado. Así, Perelló censurado el intento de socavar la necesaria confianza de los ciudadanos en los tribunales, que «todos los poderes públicos deben promover». «El juez no es un actor político, ni un mero ejecutor de decisiones ajenas, sino un garante público de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos», ha subrayado.  image

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