Son incoloros, inodoros e insípidos. Y también enormemente tóxicos. Los químicos eternos (PFAS o forever chemicals) nos rodean desde hace décadas y aun a día de hoy no existe una normativa que los regule de manera concluyente. La razón es que los productores, la industria química, han estado escondiendo durante décadas los impactos en los ecosistemas en los que se vierten, y en la salud de las personas que viven cerca de las empresas donde se fabrican, evadiendo así toda responsabilidad.
Desde utensilios de cocina hasta productos electrónicos contienen sustancias que apenas se descomponen, invadiendo ecosistemas y acumulándose en los cuerpos humanos
Son incoloros, inodoros e insípidos. Y también enormemente tóxicos. Los químicos eternos (PFAS o forever chemicals) nos rodean desde hace décadas y aun a día de hoy no existe una normativa que los regule de manera concluyente. La razón es que los productores, la industria química, han estado escondiendo durante décadas los impactos en los ecosistemas en los que se vierten, y en la salud de las personas que viven cerca de las empresas donde se fabrican, evadiendo así toda responsabilidad.
El resultado de este silencio cómplice son miles de hectáreas de agua y tierra contaminadas, y decenas de comunidades cercanas a las plantas de fabricación. En nuestro trabajo recientemente publicado, que utiliza datos del Atlas Global de Justicia Ambiental (EJAtlas), documentamos las historias de más de 25 comunidades afectadas por la contaminación por PFAS.
Este grupo de sustancias químicamente sintetizadas, conocidas como perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS), son extremadamente duraderas, lo que las hace atractivas para una amplia gama de industrias, desde envases hasta textiles, y desde utensilios de cocina hasta productos electrónicos. Pero esa misma durabilidad es la raíz del daño. Una vez liberados, los químicos permanentes apenas se descomponen, abriéndose camino a través de los ecosistemas y acumulándose en los cuerpos, a los que llegan a través de los alimentos, el agua del grifo e incluso el aire.
Ingerirlos de forma reiterada implica un mayor riesgo de desarrollar trastornos neurológicos, problemas de crecimiento, cáncer y otras afectaciones al sistema inmunitario. Los primeros en saberlo fueron las poblaciones cercanas a las plantas de producción, pero la falta de pruebas y la reiterada negación por parte de las empresas fabricantes hicieron que sus testimonios acabaran en un cajón. Y, cuando se han empezado a tomar cartas en el asunto, la estrategia de las empresas ha sido cambiar un químico dañino por otro, aprovechando la diversidad química de los PFAS y manteniéndose así un paso por delante de los reguladores, retrasando la rendición de cuentas hasta el infinito.
Más allá de las graves consecuencias para la salud y el impacto ambiental de las comunidades afectadas, lo grave es que estas personas quedan atrapadas en lo que llamamos en nuestro análisis la “trampa de contaminación”, que ocurre cuando el valor de las viviendas se desploma por la degradación ambiental de un territorio, haciendo inviable marcharse. Y, por tanto, se quedan.
Pero las comunidades no son meras víctimas pasivas. Desde los primeros signos de contaminación, han estado resistiendo y su conocimiento encarnado —los primeros síntomas que notaron, los patrones de enfermedad, los cambios en su entorno— sirvió como alertas tempranas críticas de una crisis invisible en desarrollo (como se describe con fuerza en la película Aguas Oscuras). Gracias a sus testimonios, investigadores, periodistas y reguladores se pusieron a investigar, incluso mientras las empresas intentaban desviar la atención del daño que estaban infligiendo.
Las historias de las comunidades afectadas por la contaminación por químicos permanentes revelan que cuando la contaminación es invisible, aquellos que la experimentan directamente son los primeros canarios en la mina.Ignorar sus advertencias, mientras se confía en que la industria actúa en el interés público, conduce a un daño irreparable. Así, las intervenciones oportunas dependen de tomar en serio estos relatos de primera mano.
Ahora, con una normativa más estricta en Europa y Norteamérica, el problema no desaparece, sino que se traslada de continente. Por ejemplo, en 2024, una empresa india comenzó a fabricar PFAS utilizando patentes y maquinaria de una planta italiana obligada a cerrar tras un importante escándalo de contaminación. El modus operandi es familiar: trasladar la producción y los riesgos a nuevas fronteras, aprovechando las regulaciones mínimas.
La contaminación es especialmente alarmante en el sur global, donde la gente depende directamente de su entorno inmediato para necesidades básicas, agricultura, pesca y recolección de agua. Históricamente, estas regiones han sido tratadas como zonas de sacrificio, esto es, la industria ha elegido instalarse allí donde encuentra menos oposición, trasladando el coste de la degradación ambiental a comunidades empobrecidas y racializadas, que acaban soportando de forma desproporcionada sus consecuencias.
Es por eso que los grupos de justicia ambiental y los defensores de la salud pública piden una restricción universal de los PFAS como una sola clase de sustancias químicas y que los fabricantes sean sometidos a los mismos estándares a nivel mundial que aquellos responsables de desastres químicos en el norte global. Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Noruega y Suecia ya han presentado una propuesta para tal restricción universal a la Agencia Europea de Sustancias Químicas. Como era de esperar, las empresas se están resistiendo (de nuevo), utilizando las mismas tácticas que han empleado durante décadas para sembrar dudas y retrasar la acción.
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