Tras el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos, Repsol mantiene “la máxima prudencia” ante una situación que está abierta en canal y cuya fuente de información son las declaraciones (a veces cambiantes) de su presidente, Donald Trump. Este ha dejado claro, eso sí, cuál es el objetivo del golpe que ha asestado al país con las mayores reservas de hidrocarburos del mundo: que las petroleras norteamericanas se beneficien y tengan un acceso total a las mismas.
La petrolera española negocia con EE UU el cobro de la deuda por las sanciones a los activos de operadoras extranjeras decretados por Washington en marzo
Tras el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos, Repsol mantiene “la máxima prudencia” ante una situación que está abierta en canal y cuya fuente de información son las declaraciones (a veces cambiantes) de su presidente, Donald Trump. Este ha dejado claro, eso sí, cuál es el objetivo del golpe que ha asestado al país con las mayores reservas de hidrocarburos del mundo: que las petroleras norteamericanas se beneficien y tengan un acceso total a las mismas.
El problema, en este punto, es que aún no ha explicado cómo y cuándo lo hará y qué ocurrirá con las empresas europeas que trabajan en el país (las principales, Repsol y la italiana ENI) que, junto a la estatal venezolana, PDVSA, explotan uno de los mayores yacimientos de gas natural del mundo, La Perla. Las tres comparten para su explotación una sociedad mixta, que controla esta última, con más de un 35% del capital. El descubrimiento de La Perla, que hizo la propia Repsol en 2009, fue la excusa para que el expresidente venezolano Hugo Chávez realizara una primera (y sonora) visita a Madrid, donde fue recibido por el Rey Juan Carlos y el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Precisamente, el 85% de lo que Repsol produce en Venezuela es gas, que se destina a demanda interna (a varias centrales de ciclo combinado en el Oeste del país) y que, pese a la incertidumbre generada por Estados Unidos, se mantiene con normalidad, indican fuentes próximas a Repsol. Según expertos consultados, un desembarco en tropel de petroleras estadounidenses en un mercado en el que solo está presente Chevron (tras el permiso que le otorgó el propio Maduro durante el mandato de Joe Biden), no parece previsible.
Tampoco que se vayan a hacer con el monopolio porque el margen de capacidad de producción es muy alto: como es conocido, la máxima producción de crudo del país se alcanzó a finales del siglo pasado, 3,2 millones de barriles equivalentes de petróleo (bpe) al día, cuando en estos momentos la producción es de algo más de 800.000 barriles diarios (en el mundo se producen 104 millones de bpe al día). Sin contar el coste de poner a punto la industria venezolana que, según datos que han circulado estos días, costaría 100.000 millones de dólares en 10 años. Además, el propio Trump, en una de sus continuas declaraciones, se ha mostrado dispuesto a reunirse con las petroleras extranjeras.
Estados Unidos produce un petróleo muy ligero y, hasta la imposición de sanciones a Venezuela, lo mezclaba con el crudo de este país latinoamericano (tan denso que es conocido como el chapapote venezolano), por lo que lo tuvo que sustituir por el ruso. Pero tras las sanciones impuestas a Rusia, a raíz de la invasión de Ucrania en 2022, Estados Unidos volvió a poner los ojos en Venezuela.
El papel de Repsol
Según fuentes del mercado, el grupo que dirige Josu Jon Imaz tiene una ventaja y un serio problema. Por un lado, no es fácil que se les rescindan las concesiones, la más importante, la que mantiene con ENI en un país que conoce muy bien; pero, por otro, corre el riesgo de no recuperar la deuda que arrastra desde que, el pasado mes de marzo, Donald Trump decidiera imponer sanciones a los activos de las compañías que operaban en el país. Esto ha afectado a la energética española, que cobra su producción de gas en barcos de petróleo venezolano que no han podido salir. Según fuentes cercanas a la compañía, Repsol tiene provisionada esta deuda en sus cuentas, donde figura una “exposición patrimonial” de 330 millones de euros. En medio de la ilegalidad impuesta por Estados Unidos, cobrar una deuda, aunque sea en especie, se adivina casi imposible, amén de determinar el precio a cobrar por unos barriles de forma aplazada.
En Repsol reconocen que desde el establecimiento de estas sanciones (que se unen a las financieras, según las cuales, el dinero se libra en Venezuela pero no llega al destinatario y permanece en un limbo) han mantenido negociaciones a tres bandas: con el Gobierno de Maduro y el de Trump, y que ahora su negociación se limitará a Estados Unidos. Quizás algo positivo para la empresa española, “en medio del surrealismo de la situación”, como la describen las mismas fuentes, es que la hasta ahora vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, siga como presidenta del país, pues es bien conocida de la compañía española, pues fue ministra de Energía del país, aunque se desconoce hasta dónde llegará “el vasallaje”, como lo denominan algunos analistas.
Las petroleras extranjeras aún recuerdan la experiencia vivida en su día en Libia o Irak, donde tras las intervenciones de Estados Unidos para derrocar a los regímenes de Muamar al Gadafi y Sadam Hussein, los norteamericanos los dejaron a su suerte. Repsol contaba con importantes concesiones en Libia, donde la inestabilidad política generada tras el derrocamiento del dictador le impidió recuperar sus anteriores niveles de producción.
Una incógnita es qué pasará con PDVSA, una compañía estatal que, como ocurre con las que existen en todos los países productores de petróleo, tiene el cometido de cobrar el canon correspondiente a las petroleras extranjeras que explotan los recursos naturales. Algo que se hace a través de empresas mixtas controladas por las públicas incumbentes. En Rusia este papel lo desempeña Gazprom; en Brasil, Petrobras; en México, Pemex; en Argentina, YPF; en Arabia Saudí, Aramco y en Argelia, Sonatrach. A todas ellas se suman los dos grandes colosos chinos Sinopec y Petrochina.
Ninguna trabaja fuera de sus propios países, algo que sí hacen las europeas y estadounidenses. Se da la circunstancia de que Estados Unidos es el único país del mundo en el que los propietarios de un terreno lo son también del subsuelo; en el resto, los recursos minerales son de los Estados.
En el caso de Venezuela, hasta la llegada al poder de Hugo Chávez no se estableció el sistema de empresas mixtas: las extranjeras (Repsol recaló en este país a principios de la década de los 90) vendían toda la producción a PDVSA a un precio que se determinaba en función de los costes. El primer Gobierno bolivariano de Hugo Chávez optó por crear sociedades compartidas, bajo control de la petrolera pública, para la explotación de los proyectos. En países petroleros de segundo nivel y necesitados de exploración, las participaciones estatales en estas sociedades mixtas pueden ser menores.
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