El Ministerio de Trabajo y los sindicatos UGT y CC OO han sellado este lunes la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026. El acuerdo, en los términos que se cerraron el pasado 29 de enero, contempla elevar el suelo retributivo a 1.221 euros brutos en 14 pagas, un 3,1% más que en 2025. La firma protocolaria del pacto, celebrada en la sede ministerial y protagonizada por Yolanda Díaz, Pepe Álvarez y Unai Sordo, ha contado en esta ocasión con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un gesto con especial carga política. La única vez que el jefe del Ejecutivo había participado en el acto para refrendar la subida del SMI fue en 2020, precisamente la última vez que la patronal también participó en el acuerdo. El contexto no podría ser más diferente: este lunes, Sánchez ha embestido con fuerza contra los empresarios por no respaldar el nuevo aumento, que se oficializará este martes en el Consejo de Ministros.
Los empresarios se oponen al acuerdo suscrito este lunes, que eleva el suelo retributivo un 3,1%, hasta 1.221 euros. La ministra de Trabajo agradece al presidente “estar siempre en el lado correcto de la historia”
El Ministerio de Trabajo y los sindicatos UGT y CC OO han sellado este lunes la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026. El acuerdo, en los términos que se cerraron el pasado 29 de enero, contempla elevar el suelo retributivo a 1.221 euros brutos en 14 pagas, un 3,1% más que en 2025. La firma protocolaria del pacto, celebrada en la sede ministerial y protagonizada por Yolanda Díaz, Pepe Álvarez y Unai Sordo, ha contado en esta ocasión con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un gesto con especial carga política. La única vez que el jefe del Ejecutivo había participado en el acto para refrendar la subida del SMI fue en 2020, precisamente la última vez que la patronal también participó en el acuerdo. El contexto no podría ser más diferente: este lunes, Sánchez ha embestido con fuerza contra los empresarios por no respaldar este nuevo aumento, que se oficializará este martes en el Consejo de Ministros.
“La patronal ha decidido no estar aquí”, ha asegurado el presidente del Gobierno. “Es la que ha decidido borrarse de este acuerdo. Lo que no es admisible es que en un contexto de bonanza económica se mire con lupa el salario de quienes cobran el mínimo mientras hay beneficios millonarios”, ha añadido. Y en un discurso muy crítico con las patronales, Sánchez ha insistido: “Cuando toca apretarse el cinturón nos lo apretamos todos y cuando toca repartir, lo hacemos todos. Que nadie nos diga que no podemos subir los salarios cuando los beneficios crecen. El Gobierno lo está haciéndolo con lo que está en su mano, el SMI y Función Pública. Le pido a la patronal que cumpla su parte, que paguen más. Que vayamos a la subida de sueldos allí donde aún no la hay”.
Hasta ahora, lo habitual era que el presidente del Gobierno participase en la firma de los acuerdos que estaban avalados por todo el diálogo social, tanto por patronales como por sindicatos. Ese fue el caso de la última reforma de pensiones, que se selló en La Moncloa en septiembre de 2024.
Por su parte, Díaz ha subrayado en su discurso que Sánchez “siempre ha estado donde tenía que estar, en el lado correcto de la historia”. “Con acuerdos y desacuerdos, hemos tenido discusiones potentes e intensas”, ha indicado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, antes de recalcar que el Gobierno pretende seguir adelante con su agenda reformista: “Nos queda mucho por hacer. Vamos a aprobar el nuevo registro horario, la reducción de jornada, a evitar las horas extra impagadas, a proteger frente al despido injusto, a regular las plataformas que quieren volver al siglo XIX…”.
En un momento en que su liderazgo político es cuestionado por distintas voces de la izquierda, Díaz ha reivindicado la mejora del mercado laboral desde que dirige Trabajo y la “necesidad” de seguir en la misma línea. “Cuando las fuerzas de la reacción creen que ha llegado su momento, digo que este Gobierno va a seguir avanzando. La mejor herramienta contra la desesperanza son los derechos, como siempre ha pasado en la historia del movimiento obrero”.
Sin necesidad del aval parlamentario
La subida anual del salario mínimo es una de las fechas marcadas en rojo en el calendario del Gobierno, ya que es una de las políticas económicas de mayor trascendencia que no exige convalidación parlamentaria. Así, la mayoría de derechas en el Congreso no puede frenar esta iniciativa, como sí hizo con la reducción de jornada y como se prevé con otros proyectos del departamento de Díaz, como la reforma de la indemnización por despido.
La cita ha gozado de más proyección que en incrementos previos, con la presencia de representantes de varias asociaciones profesionales y civiles, así como la plana mayor de los sindicatos. También han acudido la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la ministra de Educación, Milagros Tolón; el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy; la ministra de Seguridad Social y portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz; y la presidenta del Congreso, Francina Armengol.
Con esta subida, el salario mínimo interprofesional continúa su escalada de los últimos años. Desde 2018, cuando Pedro Sánchez accedió al Ejecutivo mediante la moción de censura a Mariano Rajoy, el SMI ha crecido un 66% contando este nuevo incremento. De 736 a 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas. En el mismo periodo los precios han crecido un 23%, lo que implica una ganancia de poder adquisitivo del suelo salarial de unos 40 puntos. Según cálculos de CC OO, esta subida (retroactiva desde el 1 de enero) beneficiará a 1,66 millones de personas asalariadas, el 9% del total. El Gobierno estima un impacto mucho mayor, de 2,5 millones de beneficiarios.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha subrayado que el incremento beneficia especialmente a “mujeres, jóvenes y a los territorios con más dificultades, donde los salarios son más bajos”. Como Sánchez, ha cargado contra la patronal por no subir más el resto de retribuciones: “Si estuviera aquí, tendría que explicar por qué el SMI se está comiendo buena parte de los convenios colectivos”.
Su homólogo en CC OO, Unai Sordo, ha destacado que las subidas del SMI sirven para “evitar situaciones de precariedad escandalosa que se pueden generalizar en las sociedades contemporáneas, a no ser que desde el sindicalismo y la política se les haga frente”. “Si hace siete años le preguntamos a cualquier economista mainstream qué habría ocurrido si subimos el salario mínimo en estas magnitudes habrían dicho que el desempleo se iba a disparar», ha añadido Sordo. A lomos de un ciclo económico expansivo en los últimos años, España ahora registra un récord histórico de trabajadores y la menor tasa de paro desde 2008 (aunque sigue siendo la tasa más alta de la Unión Europea).
Absorción de pluses
El acuerdo para subir el salario mínimo también fortalece un compromiso del Gobierno con los sindicatos que va con retraso: el de evitar por decreto que las empresas puedan absorber la subida del SMI con la eliminación de pluses salariales. Las centrales ya firmaron el anterior incremento condicionándolo a ello, pero el Ejecutivo insiste en que esta vez sí emprenderán este cambio y que lo harán por decreto, sin necesidad de que lo avale el Parlamento. Este decreto no se aprueba este martes en el Consejo de Ministros.
La patronal, que rechaza rotundamente esta posibilidad, cree que esa modificación invadiría el rango legislativo y que exige un proyecto de ley. De ahí que haya anunciado su intención de ir a los tribunales si el Gobierno cumple esta promesa a los sindicatos.
El acuerdo sellado por Trabajo y las centrales establece el compromiso de que el Gobierno apruebe “nuevas reglas de absorción y compensación con pleno respeto a la negociación colectiva”. El texto establece que se excluirán los complementos “que se devenguen por las condiciones en que se preste la actividad; la residencia, los ligados a características intrínsecas de la persona trabajadora; los de cantidad o calidad de trabajo o aquellos cuyo carácter no compensable esté previsto en los convenios colectivos aplicables”.
CEOE y Cepyme también rechazan el incremento, al igual que la fórmula que planteó Hacienda para intentar atraerles. Consistía en una deducción fiscal creciente a las empresas que contratasen por encima del salario mínimo, denostada por las formas (llegó a la prensa a la vez que a los agentes sociales) y por el contenido (fue catalogada por CEOE como “trilera” e “intervencionista”). Ese rechazo patronal, antes de la última reunión para abordar el incremento del SMI, así como el hecho de que la propuesta tampoco gustase a Trabajo, hizo que la idea ni siquiera se plantease en la mesa de negociación.
Por otro lado, un año más el SMI queda exento de pagar IRPF. Este año, al contrario que los anteriores, no se ha reproducido el habitual combate entre Trabajo y Hacienda a cuenta de este asunto. Es más, el ministerio de Díaz había preparado el terreno para que, este año sí, el suelo salarial tributase, al pedir a los expertos que recomiendan la subida que proyectasen un escenario con tributación y otro sin ella. Sin embargo, al contrario de lo que venía reclamando en los últimos años, esta vez María Jesús Montero se posicionó a favor de renovar la exención mediante una bonificación, una posición coincidente con la de Trabajo. Esta exención será aprobada en el Consejo de Ministros de este martes.
Economía en EL PAÍS
