Nueva cesión del Gobierno de Pedro Sánchez a Junts en materia lingüística. Esta vez, la concesión se ha producido durante la tramitación en el Congreso del Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela y que afectará a todas las empresas de más de 250 trabajadores o que facturen más de 50 millones en toda España, que deberán atender en las lenguas cooficiales autonómicas -cuando el bien o el servicio se adquiera en una comunidad bilingüe- aunque estas firmas estén radicadas fuera de las regiones con más de una lengua oficial, según ha informado Junts en un comunicado este martes.Noticia Relacionada Deberán avisar con tiempo estandar No Consumo quiere acabar con la renovación automática de las suscripciones a apps Xavier Vilaltella La medida, que irá dentro de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, obligará a las empresas a informar con quince días de antelaciónEl partido que preside Carles Puigdemont ha indicado que, en la negociación con el Ejecutivo para que los siete diputados de Junts den su apoyo a la norma que regulará los servicios de atención al cliente de las grandes empresas y operadores de servicios básicos de interés general, el acuerdo con los socialistas incluye que todos los ciudadanos de Cataluña sean atendidos en catalán por parte de las grandes empresas y evitar, además, «la invasión de competencias propias de la Generalitat de Cataluña».Desde Junts se ha informado del redactado final del acuerdo, que se materializará, en el tema lingüístico, a través de una disposición adicional de la norma, así como de diversas enmiendas que se aprobarán en la ponencia que se desarrollará en la Cámara Baja, y se ha asegurado que todas las empresas estarán obligadas a formar a los trabajadores «en catalán» y el resto de lenguas autonómicas para que estos puedan atender a los clientes en estas lenguas, indistintamente del lugar en el que se encuentre la sede de la corporación.Noticia Relacionada estandar Si Sánchez vetó hacer oficial el catalán en 2022 por impedirlo los tratados Daniel TerceroAdemás, el Ejecutivo ha acordado con Junts que «las comunicaciones escritas y verbales de la empresa con el cliente también se adaptarán a la lengua elegida por este al iniciar el contacto», una decisión que, paradójicamente, muchas empresas no cumplen en Cataluña si el cliente solicita la comunicación en español, ni tampoco las instituciones públicas locales y autonómicas. Esta nueva cesión es para Junts «un cambio de paradigma» pues supone que el consumidor será atendido en catalán sin necesidad de solicitarlo.Según la formación de Puigdemont, expresidente de la Generalitat que sigue fugado de la Justicia española desde 2017, la norma afectará a cualquier empresa de más de 250 trabajadores o que facturen al año más de 50 millones de euros, principalmente, a compañías eléctricas, compañías de suministro de gas, compañías de suministro de agua, compañías telefónicas, compañías aeronáuticas, compañías ferroviarias, compañías de transporte por bus, servicios postales, servicios de comunicación audiovisual de pago (plataformas), entidades bancarias y servicios financieros, empresas de seguros, y empresas que presten servicios públicos.Para hoy se había convocado la ponencia de esta ley en el Congreso, pero fue desconvocada y, por lo tanto, hay que poner nueva fecha para empezar a analizar las enmiendas registradas por los grupos parlamentarios. La iniciativa de la norma la lidera el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy (Sumar), que pretende regular el servicio de atención al cliente en toda España. Nueva cesión del Gobierno de Pedro Sánchez a Junts en materia lingüística. Esta vez, la concesión se ha producido durante la tramitación en el Congreso del Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela y que afectará a todas las empresas de más de 250 trabajadores o que facturen más de 50 millones en toda España, que deberán atender en las lenguas cooficiales autonómicas -cuando el bien o el servicio se adquiera en una comunidad bilingüe- aunque estas firmas estén radicadas fuera de las regiones con más de una lengua oficial, según ha informado Junts en un comunicado este martes.Noticia Relacionada Deberán avisar con tiempo estandar No Consumo quiere acabar con la renovación automática de las suscripciones a apps Xavier Vilaltella La medida, que irá dentro de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, obligará a las empresas a informar con quince días de antelaciónEl partido que preside Carles Puigdemont ha indicado que, en la negociación con el Ejecutivo para que los siete diputados de Junts den su apoyo a la norma que regulará los servicios de atención al cliente de las grandes empresas y operadores de servicios básicos de interés general, el acuerdo con los socialistas incluye que todos los ciudadanos de Cataluña sean atendidos en catalán por parte de las grandes empresas y evitar, además, «la invasión de competencias propias de la Generalitat de Cataluña».Desde Junts se ha informado del redactado final del acuerdo, que se materializará, en el tema lingüístico, a través de una disposición adicional de la norma, así como de diversas enmiendas que se aprobarán en la ponencia que se desarrollará en la Cámara Baja, y se ha asegurado que todas las empresas estarán obligadas a formar a los trabajadores «en catalán» y el resto de lenguas autonómicas para que estos puedan atender a los clientes en estas lenguas, indistintamente del lugar en el que se encuentre la sede de la corporación.Noticia Relacionada estandar Si Sánchez vetó hacer oficial el catalán en 2022 por impedirlo los tratados Daniel TerceroAdemás, el Ejecutivo ha acordado con Junts que «las comunicaciones escritas y verbales de la empresa con el cliente también se adaptarán a la lengua elegida por este al iniciar el contacto», una decisión que, paradójicamente, muchas empresas no cumplen en Cataluña si el cliente solicita la comunicación en español, ni tampoco las instituciones públicas locales y autonómicas. Esta nueva cesión es para Junts «un cambio de paradigma» pues supone que el consumidor será atendido en catalán sin necesidad de solicitarlo.Según la formación de Puigdemont, expresidente de la Generalitat que sigue fugado de la Justicia española desde 2017, la norma afectará a cualquier empresa de más de 250 trabajadores o que facturen al año más de 50 millones de euros, principalmente, a compañías eléctricas, compañías de suministro de gas, compañías de suministro de agua, compañías telefónicas, compañías aeronáuticas, compañías ferroviarias, compañías de transporte por bus, servicios postales, servicios de comunicación audiovisual de pago (plataformas), entidades bancarias y servicios financieros, empresas de seguros, y empresas que presten servicios públicos.Para hoy se había convocado la ponencia de esta ley en el Congreso, pero fue desconvocada y, por lo tanto, hay que poner nueva fecha para empezar a analizar las enmiendas registradas por los grupos parlamentarios. La iniciativa de la norma la lidera el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy (Sumar), que pretende regular el servicio de atención al cliente en toda España.
Nueva cesión del Gobierno de Pedro Sánchez a Junts en materia lingüística. Esta vez, la concesión se ha producido durante la tramitación en el Congreso del Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela y … que afectará a todas las empresas de más de 250 trabajadores o que facturen más de 50 millones en toda España, que deberán atender en las lenguas cooficiales autonómicas aunque estas firmas estén radicadas fuera de las regiones bilingües, según ha informado Junts en un comunicado este martes.
El partido que preside Carles Puigdemont ha indicado que, en la negociación con el Ejecutivo para que los siete diputados de Junts den su apoyo a la norma que regulará los servicios de atención al cliente de las grandes empresas y operadores de servicios básicos de interés general, el acuerdo con los socialistas incluye que todos los ciudadanos de Cataluña sean atendidos en catalán por parte de las grandes empresas y evitar, además, «la invasión de competencias propias de la Generalitat de Cataluña».
Desde Junts se ha informado del redactado final del acuerdo, que se materializará, en el tema lingüístico, a través de una disposición adicional de la norma, así como de diversas enmiendas que se aprobarán en la ponencia que se desarrollará en la Cámara Baja, y se ha asegurado que todas las empresas estarán obligadas a formar a los trabajadores «en catalán» y el resto de lenguas autonómicas para que estos puedan atender a los clientes en estas lenguas, indistintamente del lugar en el que se encuentre la sede de la corporación.
Además, el Ejecutivo ha acordado con Junts que «las comunicaciones escritas y verbales de la empresa con el cliente también se adaptarán a la lengua elegida por este al iniciar el contacto», una decisión que, paradójicamente, muchas empresas no cumplen en Cataluña si el cliente solicita la comunicación en español, ni tampoco las instituciones públicas locales y autonómicas. Esta nueva cesión es para Junts «un cambio de paradigma» pues supone que el consumidor será atendido en catalán sin necesidad de solicitarlo.
Según la formación de Puigdemont, expresidente de la Generalitat que sigue fugado de la Justicia española desde 2017, la norma afectará a cualquier empresa de más de 250 trabajadores o que facturen al año más de 50 millones de euros, principalmente, a compañías eléctricas, compañías de suministro de gas, compañías de suministro de agua, compañías telefónicas, compañías aeronáuticas, compañías ferroviarias, compañías de transporte por bus, servicios postales, servicios de comunicación audiovisual de pago (plataformas), entidades bancarias y servicios financieros, empresas de seguros, y empresas que presten servicios públicos.
Para hoy se había convocado la ponencia de esta ley en el Congreso, pero fue desconvocada y, por lo tanto, hay que poner nueva fecha para empezar a analizar las enmiendas registradas por los grupos parlamentarios. La iniciativa de la norma la lidera el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy (Sumar), que pretende regular el servicio de atención al cliente en toda España.
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