Societat Civil Catalana denuncia a la cúpula de TV3 por irregularidades contables en la gestión

Societat Civil Catalana (SCC) ha presentado una denuncia ante los juzgados contra los responsables de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), el ente público de la Generalitat que gestiona y controla TV3 y Catalunya Ràdio, por unas irregularidades contables que, según la entidad y el equipo de letrados que lleva el caso, podrían constituir varios delitos, entre los que estarían el de malversación y prevaricación. La denuncia, dada a conocer este martes, se basa en la actuación de los responsables de la CCMA los años 2021 y 2022.Noticia Relacionada estandar No SCC cree que el TJUE deliberará definitivamente sobre la amnistía a final de año o inicios de 2026 ABC La decisión afectaría a la demanda presentada ante el Tribunal de Cuentas por malversaciónA partir del informe 2/2025 de la Sindicatura de Cuentas, SCC ha presentado una demanda a los responsables de la CCMA por, presuntamente, haber llevado a cabo una gestión ilícita de los recursos públicos. Según ha dicho el letrado Juan Chapapría, en una rueda de prensa en Barcelona, «las irregularidades en la CCMA son muy graves» e incluyen el «desvío de fondos»; y Mario de Diego, abogado del mismo equipo, ha añadido que lo que se señala en el informe de la Sindicatura de Cuentas y se recoge en la denuncia podría ser únicamente «la punta del iceberg».De Diego ha concretado que las irregularidades en la CCMA «son conductas que se han perpetuado en el tiempo» y ha señalado algunos ejemplos: gastos e ingresos en capítulos que no corresponden, pólizas de seguro para directivos utilizando procedimientos sin amparo en la legalidad, contratos del personal directivo por el procedimiento de la libre elección, sobresueldos de directivos, falta de auditoría y retribuciones variables por encima de los límites permitidos. Por su parte, Elda Mata, presidenta de SCC, que ha definido TV3 como la «joya de la corona» de los independentistas, ha recordado que «la vocación» de la televisión autonómica pública es servir «a ideologías sectarias» y no ser un servicio para todos los catalanes. Mata ha justificado el paso dado por la entidad porque, tras el informe de la Sindicatura de Cuentas, «no se ha reaccionado ni política ni legalmente para poner fin a una situación tan perjudicial para el ciudadano».Para la entidad cívica constitucionalista, las irregularidades de la CCMA podrían «no ser casos aislados, sino parte de un patrón sistemático de gestión irregular con relevante impacto económico y posible trascendencia penal» y, según fuentes de la asociación consultadas por este diario, es pronto para cuantificar las posibles irregularidades. Eloy Moreno, secretario de SCC y abogado, ha señalado que desde la asociación están convencidos de que «los ciudadanos merecen que se controle el destino de los fondos públicos» y se depuren responsabilidades. Irregularidades, según la Sindicatura de CuentasEn cuanto a las deficiencias detectadas por la Sindicatura de Cuentas, en su informe 2/2025, consultado por ABC, la cúpula del ente público habría actuado como «poder adjudicador no administración pública», a pesar de que para la institución fiscalizadora, la CCMA tiene «naturaleza» de poder adjudicador de administración pública y la relación de los puestos de trabajo de la entidad «no reunía los requisitos mínimos exigibles» al no detallar «ni las características de los lugares de trabajo, ni las retribuciones complementarias, ni los sistemas de previsión de puestos de trabajo».De la misma manera, la Sindicatura de Cuentas ha observado «deficiencias en las bases de la convocatoria del procedimiento de selección de los directores» de TV3 y Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis y Sigfrid Gras, por un lado, y Saül Gordillo y Jordi Borda, respectivamente, en relación a «los méritos objeto de valoración y a la comisión de valoración». Igualmente, la CCMA abonó «el 88% y el 120% de la retribución de objetivos comerciales a algunos directivos, por encima del límite del 25% establecido en la Ley de Presupuestos de la Generalitat», en relación al cobro de retribuciones variables vinculadas al cumplimiento de objetivos definidos en 2020.La fiscalización pública, recogida en el informe 2/2025, también apunta a que en el ejercicio de 2021, «las retribuciones íntegras anuales de cuatro directivos corporativos superaron la retribución de consejero de la Generalitat, contrariamente a lo que establece la normativa» y la retribución íntegra del director de la Fundación de La Marató de TV3 de 20233 «superó la retribución de secretario general, y no consta la aprobación preceptiva por acuerdo del Govern».Entre las irregularidades también se deja constancia de que la jornada laboral de la CCMA era de 35 horas semanales en 2021 y 2022, pero «no se cumplían los requisitos legales necesarios para fijar esta jornada». Entre los nombres de la cúpula de la CCMA afectados por la denuncia de la entidad cívica figuran entre otros la actual presidenta, Rosa Romà, y Núria Llorach, Àngels Ponsa, Antoni Pemán, Carme Figueras, Armand Querol, Lluís Noguera y Rita Marzoa. Societat Civil Catalana (SCC) ha presentado una denuncia ante los juzgados contra los responsables de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), el ente público de la Generalitat que gestiona y controla TV3 y Catalunya Ràdio, por unas irregularidades contables que, según la entidad y el equipo de letrados que lleva el caso, podrían constituir varios delitos, entre los que estarían el de malversación y prevaricación. La denuncia, dada a conocer este martes, se basa en la actuación de los responsables de la CCMA los años 2021 y 2022.Noticia Relacionada estandar No SCC cree que el TJUE deliberará definitivamente sobre la amnistía a final de año o inicios de 2026 ABC La decisión afectaría a la demanda presentada ante el Tribunal de Cuentas por malversaciónA partir del informe 2/2025 de la Sindicatura de Cuentas, SCC ha presentado una demanda a los responsables de la CCMA por, presuntamente, haber llevado a cabo una gestión ilícita de los recursos públicos. Según ha dicho el letrado Juan Chapapría, en una rueda de prensa en Barcelona, «las irregularidades en la CCMA son muy graves» e incluyen el «desvío de fondos»; y Mario de Diego, abogado del mismo equipo, ha añadido que lo que se señala en el informe de la Sindicatura de Cuentas y se recoge en la denuncia podría ser únicamente «la punta del iceberg».De Diego ha concretado que las irregularidades en la CCMA «son conductas que se han perpetuado en el tiempo» y ha señalado algunos ejemplos: gastos e ingresos en capítulos que no corresponden, pólizas de seguro para directivos utilizando procedimientos sin amparo en la legalidad, contratos del personal directivo por el procedimiento de la libre elección, sobresueldos de directivos, falta de auditoría y retribuciones variables por encima de los límites permitidos. Por su parte, Elda Mata, presidenta de SCC, que ha definido TV3 como la «joya de la corona» de los independentistas, ha recordado que «la vocación» de la televisión autonómica pública es servir «a ideologías sectarias» y no ser un servicio para todos los catalanes. Mata ha justificado el paso dado por la entidad porque, tras el informe de la Sindicatura de Cuentas, «no se ha reaccionado ni política ni legalmente para poner fin a una situación tan perjudicial para el ciudadano».Para la entidad cívica constitucionalista, las irregularidades de la CCMA podrían «no ser casos aislados, sino parte de un patrón sistemático de gestión irregular con relevante impacto económico y posible trascendencia penal» y, según fuentes de la asociación consultadas por este diario, es pronto para cuantificar las posibles irregularidades. Eloy Moreno, secretario de SCC y abogado, ha señalado que desde la asociación están convencidos de que «los ciudadanos merecen que se controle el destino de los fondos públicos» y se depuren responsabilidades. Irregularidades, según la Sindicatura de CuentasEn cuanto a las deficiencias detectadas por la Sindicatura de Cuentas, en su informe 2/2025, consultado por ABC, la cúpula del ente público habría actuado como «poder adjudicador no administración pública», a pesar de que para la institución fiscalizadora, la CCMA tiene «naturaleza» de poder adjudicador de administración pública y la relación de los puestos de trabajo de la entidad «no reunía los requisitos mínimos exigibles» al no detallar «ni las características de los lugares de trabajo, ni las retribuciones complementarias, ni los sistemas de previsión de puestos de trabajo».De la misma manera, la Sindicatura de Cuentas ha observado «deficiencias en las bases de la convocatoria del procedimiento de selección de los directores» de TV3 y Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis y Sigfrid Gras, por un lado, y Saül Gordillo y Jordi Borda, respectivamente, en relación a «los méritos objeto de valoración y a la comisión de valoración». Igualmente, la CCMA abonó «el 88% y el 120% de la retribución de objetivos comerciales a algunos directivos, por encima del límite del 25% establecido en la Ley de Presupuestos de la Generalitat», en relación al cobro de retribuciones variables vinculadas al cumplimiento de objetivos definidos en 2020.La fiscalización pública, recogida en el informe 2/2025, también apunta a que en el ejercicio de 2021, «las retribuciones íntegras anuales de cuatro directivos corporativos superaron la retribución de consejero de la Generalitat, contrariamente a lo que establece la normativa» y la retribución íntegra del director de la Fundación de La Marató de TV3 de 20233 «superó la retribución de secretario general, y no consta la aprobación preceptiva por acuerdo del Govern».Entre las irregularidades también se deja constancia de que la jornada laboral de la CCMA era de 35 horas semanales en 2021 y 2022, pero «no se cumplían los requisitos legales necesarios para fijar esta jornada». Entre los nombres de la cúpula de la CCMA afectados por la denuncia de la entidad cívica figuran entre otros la actual presidenta, Rosa Romà, y Núria Llorach, Àngels Ponsa, Antoni Pemán, Carme Figueras, Armand Querol, Lluís Noguera y Rita Marzoa.  

La entidad acusa a los directivos de la CCMA de posible desvío de fondos públicos con repercusión penal

Elda Mata, presidenta de Societat Civil Catalana David Ramírez

Societat Civil Catalana (SCC) ha presentado una denuncia ante los juzgados contra los responsables de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), el ente público de la Generalitat que gestiona y controla TV3 y Catalunya Ràdio, por unas irregularidades contables que, según la … entidad y el equipo de letrados que lleva el caso, podrían constituir varios delitos, entre los que estarían el de malversación y prevaricación. La denuncia, dada a conocer este martes, se basa en la actuación de los responsables de la CCMA los años 2021 y 2022.

A partir del informe 2/2025 de la Sindicatura de Cuentas, SCC ha presentado una demanda a los responsables de la CCMA por, presuntamente, haber llevado a cabo una gestión ilícita de los recursos públicos. Según ha dicho el letrado Juan Chapapría, en una rueda de prensa en Barcelona, «las irregularidades en la CCMA son muy graves» e incluyen el «desvío de fondos»; y Mario de Diego, abogado del mismo equipo, ha añadido que lo que se señala en el informe de la Sindicatura de Cuentas y se recoge en la denuncia podría ser únicamente «la punta del iceberg».

De Diego ha concretado que las irregularidades en la CCMA «son conductas que se han perpetuado en el tiempo» y ha señalado algunos ejemplos: gastos e ingresos en capítulos que no corresponden, pólizas de seguro para directivos utilizando procedimientos sin amparo en la legalidad, contratos del personal directivo por el procedimiento de la libre elección, sobresueldos de directivos, falta de auditoría y retribuciones variables por encima de los límites permitidos.

Por su parte, Elda Mata, presidenta de SCC, que ha definido TV3 como la «joya de la corona» de los independentistas, ha recordado que «la vocación» de la televisión autonómica pública es servir «a ideologías sectarias» y no ser un servicio para todos los catalanes. Mata ha justificado el paso dado por la entidad porque, tras el informe de la Sindicatura de Cuentas, «no se ha reaccionado ni política ni legalmente para poner fin a una situación tan perjudicial para el ciudadano».

Para la entidad cívica constitucionalista, las irregularidades de la CCMA podrían «no ser casos aislados, sino parte de un patrón sistemático de gestión irregular con relevante impacto económico y posible trascendencia penal». Y Eloy Moreno, secretario de SCC y abogado, ha señalado que desde la asociación están convencidos de que «los ciudadanos merecen que se controle el destino de los fondos públicos» y se depuren responsabilidades.

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