Soluciones ómnibus

Seguir la política española del día a día se está convirtiendo cada vez más en una tarea a tiempo completo. Ahora mismo, por ejemplo, cualquier ciudadano que quiera estar informado sobre ella se ve obligado a seguir cada novedad del frente judicial que afecta a los casos de corrupción, a la vez que ha de dedicar un tiempo no menor en tratar de digerir las continuas informaciones que aparecen sobre las causas de la tragedia ferroviaria. Y como trate de fijarse en lo que afecta al Parlamento, el esfuerzo no es menos oneroso: ahí le espera el complejo mundo de los decretos ómnibus, aquellos que abarcan varias áreas temáticas dentro de un mismo instrumento legislativo. Como hemos visto con el último de ellos, aquel en el que se mezclaba la subida de las pensiones con el escudo social y otras medidas varias, lejos de servir para que pudieran aprobarse todas, el resultado ha sido el contrario. Se rechazó en bloque, cuando si se hubieran presentado por separado lo más posible es que la mayoría de ellas hubieran encontrado el consenso necesario.

Lo peor de todo no es ya solo que esta forma de legislar impide concentrar la discusión pública sobre cada uno de los campos específicos sujetos a regulación, algo imprescindible para conocer la opinión de cada grupo político concreto o las posibles alternativas que ofrecen; lo peor es que hay que volver a empezar con las negociaciones tema a tema y grupo a grupo, con lo cual todo el esfuerzo anterior queda como un esfuerzo inútil. Sobre el trasfondo del periodo electoral en el que estamos ―la próxima estación es Aragón―, donde todo es aprovechable para elevar la temperatura de la confrontación, el incentivo para llegar a acuerdos es además cada vez menor.

La consecuencia más relevante de todo este marasmo en el que ha caído la política española no es solo de índole cognitiva, de dificultad para orientarse sobre lo que ocurre y exigir después a cada cual las responsabilidades que sean menester; la imagen que se transmite, propia de la ingobernabilidad, es que la política no está a la altura de lo que cabe exigir de ella, que sea eficaz para resolver demandas específicas. Sobre el trasfondo del accidente del AVE, un verdadero golpe para nuestra autoestima como país, el espectáculo de las continuas trifulcas sobre la mayoría de los temas nos aboca a la melancolía colectiva. O, lo que es peor, nos puede conducir a abrazarnos al radicalismo populista, única opción política que crece careciendo de propuestas que no sean el rechazo del sistema como un todo. O sea, el recurso a la solución a través de la destrucción.

La erosión de la confianza en los sistemas democráticos deriva del inmenso contraste entre lo que prometen sus actores políticos y lo que luego son capaces de llevar a la práctica. Bajo condiciones de política normal, gozando de una gobernabilidad más o menos eficaz, tiende a disminuir la distancia entre una y otra dimensión. El problema es cuando las expectativas creadas contrastan con lo que la gente acaba percibiendo como conseguido y se carece de los medios políticos necesarios para atajar el malestar derivado de su frustración. Creo que eso es exactamente lo que ahora mismo ocurre en España: un Gobierno con apoyos políticos heterogéneos, cada cual con su propia agenda, y arrastrado a perpetuas negociaciones al límite, y una oposición manchada por su potencial dependencia de la ultraderecha. Unos con la vista puesta en resistir y aferrarse al poder; otros obsesionados por alcanzarlo. Y nosotros, ¿dónde quedamos? Como árbitros de esta disputa, sí, pero, sobre todo, a la espera de solución eficaz de sus problemas. Soluciones ómnibus. En su traducción correcta: “Para todos”. El interés general de toda la vida.