El endurecimiento del debate pone a prueba al sector moderado del partido que representa el presidente andaluz Leer El endurecimiento del debate pone a prueba al sector moderado del partido que representa el presidente andaluz Leer
La semana más bronca que se recuerda en la política española, con un elevadísimo nivel de confrontación entre el PP y el Gobierno de Sánchez, arrancó en Andalucía con un importante acuerdo para Sevilla, presentado a dúo entre la consejera andaluza de Cultura, Patricia del Pozo (PP), y el ministro Ernest Urtasun (Sumar). Ambos sellaron el pacto para la ampliación del Museo de Bellas Artes, una necesidad aplazada durante varios lustros que contará con financiación del Estado para la rehabilitación de dos edificios que son propiedad de la Junta de Andalucía. Y ambos destacaron el buen resultado de la colaboración en lo que consideran «un proyecto de país» con independencia del «signo político» de los gobiernos.
Posteriormente, la semana fue subiendo de tono hasta el máximo alcanzado durante el debate sobre corrupción en el Congreso de los Diputados, que tuvo una suerte de réplica en el Parlamento andaluz, donde la bronca también se elevó en decibelios y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, acabó renunciando a concluir una intervención por los improperios y el griterío que le llegaba desde las filas de los diputados socialistas.
El giro que Alberto Núñez Feijóo ha dado a su estrategia de oposición ha tenido, por tanto, su efecto también en el PP andaluz, que no ha dudado en echar a los pies de los diputados socialistas toda la basura que acapara la conversación política en las últimas semanas: prostitución, pucherazos y corrupción. El PSOE-A se defiende como puede recordando al PP sus propias miserias y «su doble vara de medir» en materia de Igualdad, con apelaciones al caso Nevenka o a los supuestos acosos del alcalde de Algeciras a las mujeres de su equipo. Con esta altura del debate, difícilmente se puede seguir afirmando que el Parlamento andaluz es el oasis de las buenas maneras del que hasta hace bien poco se presumía en las crónicas por comparación con la política hiperventilada de Madrid.
El PP está convencido de que el PSOE está al borde de la implosión y no parece dispuesto a aflojar en la presión. La estrategia es compartida en Andalucía, donde la elevación de la crispación se ha hecho notoria esta semana, si bien tanto el PSOE como el PP se acusan mutuamente de ello. «Les dije que Montero había dado órdenes de embarrar el debate en Andalucía y de reventar las sesiones parlamentarias. Y aquí lo tienen», afirmó Moreno mientras el presidente de la Cámara amenazaba de expulsión a la diputada socialista por Cádiz Rocío Arrabal.
Pero también el PP ha participado en ese recalentamiento del debate. La intervención de su portavoz en el Parlamento andaluz, Toni Martín, señalando al Gobierno que frecuenta «los bares de carreteras con letreros luminosos» terminó el pasado jueves de incendiar la atmósfera hasta la renuncia del presidente a seguir en el pleno.
Esa escalada verbal casa mal, sin embargo, con el clima templado que Juanma Moreno pretendía mantener durante toda la legislatura en consonancia con el perfil centrista y moderado que -está convencido- es la base de su éxito electoral. La fórmula de la «vía andaluza» era la de la moderación en las formas y la capacidad de diálogo y de llegar a acuerdos con otras administraciones sin reparar en el color político. Pero esa receta acusa hoy el desgaste de la confrontación.
Desde el pacto con Doñana, Juanma Moreno ha hecho gestos constantes para alejarse del discurso frentista del PP de Díaz Ayuso. A diferencia de su homóloga de la Comunidad de Madrid, el presidente de la Junta huye de las palabras gruesas y de las referencias personales a sus adversarios, aunque es obvio que deja en manos de sus lugartenientes el ejercicio de los ataques inmisericordes.
En el PP andaluz hay, sin embargo, dirigentes que consideran que mantener la vía abierta de los pactos con Pedro Sánchez es darle un «balón de oxígeno» a su Gobierno, justo ahora que su debilidad se refleja incluso en las encuestas del CIS. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, no ha ocultado esta semana su malestar por el acuerdo entre la Junta y el Gobierno sobre el Museo de Bellas Artes, acusando al ministro de «vender humo», dado que su Gobierno carece de presupuestos para programar nuevas inversiones. Sanz considera un «parche» la solución adoptada, que ignora otras propuestas puestas sobre el mesa por el Ayuntamiento.
El dardo dirigido formalmente al Ejecutivo central tiene un segundo destinatario en la consejera de Cultura, obviamente, que es la otra parte contratante del acuerdo. Y, aunque el Gobierno andaluz no ha querido entrar a responder al alcalde en público, a nadie se le escapa que la reacción de Sanz abre una grieta en un PP-A en el que, hasta la fecha, se seguían a pies juntillas las estrategias marcadas por Juanma Moreno.
También el Gobierno central parece decidido a desmarcarse de los proyectos conjuntos porque, consideran, acaban alimentando el perfil pactista y dialogante de Juanma Moreno. Sobre todo desde que Pedro Sánchez decidió enviar a su ministra de Hacienda y vicepresidenta primera a tomar las riendas del PSOE andaluz e intentar socavar la mayoría absoluta del PP-A. Su intento de patrimonializar la demolición del Algarrobico ha sido un ejemplo de ello, tras dinamitar los consensos alcanzados con la Junta. Aunque, de momento, la apuesta ha resultado fallida y en el Algarrobico no se ha movido un ladrillo, dejando en entredicho, una vez más, la palabra de Montero que en febrero prometió que la piqueta derribaría el hotel en cinco meses.
El Bellas Artes de Sevilla ha sobrevivido, de chiripa, a ese clima de confrontación creciente. «Tal vez porque el ministro Urtasun es de Sumar», apuntan desde el PP-A. A menos de un año para las elecciones autonómicas, el clima se hace cada día menos propicio para el acuerdo.
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