«Sistema de castas», «palabrería», «chantaje», «decepcionante», pocas veces el tradicional desfile de consejeros autonómicos tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera fue tan duro y tan unánime. Uno tras otro la consejera de la Comunidad de Madrid, el consejero de Murcia, el de Castilla La Mancha, el de Galicia, la de Extremadura, del PP, del PSOE, han manifestado su rechazo frontal a la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica presentado por el Gobierno, negociado de forma exclusiva con la Generalitat y pactado con ERC. Solo la consejera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alicia Romero, ha valorado el esfuerzo realizado por el Gobierno para presentar una propuesta concreta tras 17 años de espera y ha mostrado su apoyo a la propuesta. El repudio casi total de los gobiernos autonómicos a la propuesta del Ministerio de Hacienda augura un camino aún más complicado del que ya se preveía para la norma, amenazada con recursos de constitucionalidad por los gobiernos autonómicos del PP. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trató de despachar el asunto durante su reunión de este miércoles con las comunidades autónomas recordando que la adscripción a este modelo será voluntaria y que toda aquella región -de momento 14 de 15- que no quiera sumarse al mismo puede quedarse en el sistema actual. «Aquí no es obliga a nadie a adscribirse al modelo. Si quieren seguir en el anterior no hay ningún problema porque podemos avanzar en paralelo porque ya lo tenemos previsto», ha dicho Montero en la rueda de prensa posterior a la reunión.El argumento ha sido muy mal recibido por los consejeros autonómicos, especialmente por el socialista de Castilla-La Mancha que ha tachado la maniobra de chantaje y ha afeado a la ministra que condicione la mejora de financiación que plantea el sistema a aceptar un sistema planteado a su juicio para contentar a los nacionalistas. Las autonomías del Partido Popular han avanzado que explorarán todas las vías jurídicas disponibles para obligar a la ministra de Hacienda a «volver a la casilla de salida» y reiniciar la negociación de la reforma del sistema desde una perspectiva multilateral y no creando una especie de «sistema de castas», como lo ha calificado la consejera de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, que ha sido la más firme en asegurar que no se van a adscribir a este sistema. «Sistema de castas», «palabrería», «chantaje», «decepcionante», pocas veces el tradicional desfile de consejeros autonómicos tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera fue tan duro y tan unánime. Uno tras otro la consejera de la Comunidad de Madrid, el consejero de Murcia, el de Castilla La Mancha, el de Galicia, la de Extremadura, del PP, del PSOE, han manifestado su rechazo frontal a la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica presentado por el Gobierno, negociado de forma exclusiva con la Generalitat y pactado con ERC. Solo la consejera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alicia Romero, ha valorado el esfuerzo realizado por el Gobierno para presentar una propuesta concreta tras 17 años de espera y ha mostrado su apoyo a la propuesta. El repudio casi total de los gobiernos autonómicos a la propuesta del Ministerio de Hacienda augura un camino aún más complicado del que ya se preveía para la norma, amenazada con recursos de constitucionalidad por los gobiernos autonómicos del PP. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trató de despachar el asunto durante su reunión de este miércoles con las comunidades autónomas recordando que la adscripción a este modelo será voluntaria y que toda aquella región -de momento 14 de 15- que no quiera sumarse al mismo puede quedarse en el sistema actual. «Aquí no es obliga a nadie a adscribirse al modelo. Si quieren seguir en el anterior no hay ningún problema porque podemos avanzar en paralelo porque ya lo tenemos previsto», ha dicho Montero en la rueda de prensa posterior a la reunión.El argumento ha sido muy mal recibido por los consejeros autonómicos, especialmente por el socialista de Castilla-La Mancha que ha tachado la maniobra de chantaje y ha afeado a la ministra que condicione la mejora de financiación que plantea el sistema a aceptar un sistema planteado a su juicio para contentar a los nacionalistas. Las autonomías del Partido Popular han avanzado que explorarán todas las vías jurídicas disponibles para obligar a la ministra de Hacienda a «volver a la casilla de salida» y reiniciar la negociación de la reforma del sistema desde una perspectiva multilateral y no creando una especie de «sistema de castas», como lo ha calificado la consejera de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, que ha sido la más firme en asegurar que no se van a adscribir a este sistema. «Sistema de castas», «palabrería», «chantaje», «decepcionante», pocas veces el tradicional desfile de consejeros autonómicos tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera fue tan duro y tan unánime. Uno tras otro la consejera de la Comunidad de Madrid, el consejero de Murcia, el de Castilla La Mancha, el de Galicia, la de Extremadura, del PP, del PSOE, han manifestado su rechazo frontal a la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica presentado por el Gobierno, negociado de forma exclusiva con la Generalitat y pactado con ERC. Solo la consejera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alicia Romero, ha valorado el esfuerzo realizado por el Gobierno para presentar una propuesta concreta tras 17 años de espera y ha mostrado su apoyo a la propuesta. El repudio casi total de los gobiernos autonómicos a la propuesta del Ministerio de Hacienda augura un camino aún más complicado del que ya se preveía para la norma, amenazada con recursos de constitucionalidad por los gobiernos autonómicos del PP. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trató de despachar el asunto durante su reunión de este miércoles con las comunidades autónomas recordando que la adscripción a este modelo será voluntaria y que toda aquella región -de momento 14 de 15- que no quiera sumarse al mismo puede quedarse en el sistema actual. «Aquí no es obliga a nadie a adscribirse al modelo. Si quieren seguir en el anterior no hay ningún problema porque podemos avanzar en paralelo porque ya lo tenemos previsto», ha dicho Montero en la rueda de prensa posterior a la reunión.El argumento ha sido muy mal recibido por los consejeros autonómicos, especialmente por el socialista de Castilla-La Mancha que ha tachado la maniobra de chantaje y ha afeado a la ministra que condicione la mejora de financiación que plantea el sistema a aceptar un sistema planteado a su juicio para contentar a los nacionalistas. Las autonomías del Partido Popular han avanzado que explorarán todas las vías jurídicas disponibles para obligar a la ministra de Hacienda a «volver a la casilla de salida» y reiniciar la negociación de la reforma del sistema desde una perspectiva multilateral y no creando una especie de «sistema de castas», como lo ha calificado la consejera de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, que ha sido la más firme en asegurar que no se van a adscribir a este sistema. RSS de noticias de economia
miércoles, enero 14
