La plataforma de reparto de comida Uber Eats ha anunciado este jueves que renuncia a sus repartidores autónomos en España y que podrán seguir repartiendo para la compañía mediante subcontratas como asalariados. Es la única gran empresa del sector que seguía operando con este modelo laboral, tras el cambio que materializó Glovo en verano del año pasado. Al igual que la empresa de las mochilas amarillas, Uber Eats no da este paso por pura voluntad propia. Cambia por la presión de las administraciones públicas, a la espera de conocer el resultado de la investigación de Inspección sobre su operativa. Fuentes conocedores de las pesquisas subrayan que siguen en marcha.
Tras el cambio en Glovo, era la única gran plataforma de reparto de comida que seguía operando con empleados por cuenta propia
La plataforma de reparto de comida Uber Eats ha anunciado este jueves que renuncia a sus repartidores autónomos en España. Es la única gran empresa del sector que seguía operando con este modelo laboral, tras el cambio que materializó Glovo en verano del año pasado. Al igual que la empresa de las mochilas amarillas, Uber Eats no da este paso por pura voluntad propia. Cambia por la presión de las administraciones públicas, a la espera de conocer el resultado de la investigación de Inspección sobre su operativa.
Fuentes del Ministerio de Trabajo avanzaron que el inicio de una acción penal (como la que afecta a Glovo actualmente) era evitable si corregían su modelo a tiempo. Dieron como plazo el mes de enero y la decisión se conoce justo a mitad de mes. Así, casi un lustro después de la aprobación de la ley rider en el Consejo de Ministros los tres grandes actores de la comida a domicilio aceptan el modelo asalariado. Just Eat cumple la ley desde el principio, Glovo cambió hace medio año y ahora Uber Eats completa el círculo.
En declaraciones remitidas por la compañía, un portavoz afirma que “Uber Eats reafirma su compromiso con el cumplimiento de la Ley Rider; después de cuatro años en los que hemos acumulado una gran experiencia trabajando con empresas expertas en logística, y con el objetivo de fomentar un modelo sostenible a largo plazo, hemos tomado la decisión de dejar de colaborar con repartidores autónomos”.
“Los repartidores que todavía utilizan nuestra aplicación como autónomos podrán continuar trabajando como empleados por cuenta ajena de una de nuestras flotas colaboradoras. Manifestamos nuestro compromiso con el cumplimiento de las obligaciones que nos correspondan, así como nuestra intención de poner fin a todos los litigios pendientes y estamos a disposición de repartidores, sindicatos y el Gobierno para garantizar un proceso justo para todos”, añade la empresa.
El modelo con el que viene operando Uber Eats en España es híbrido: una parte trabaja asalariada a través de subcontratas [que en el sector se conocen como flotas] y otra lo hace por cuenta propia, como autónomos. La compañía no detalla a cuántos repartidores emplea en cada tipología, pero varias fuentes del sector indican que Uber Eats ha reducido “muchísimo” el peso de los autónomos en los últimos meses. Es decir, se estaba preparando para este cambio de modelo.
Antes de este esquema híbrido, Uber Eats ha funcionado con otros sistemas de trabajo. Al inicio, cuando Deliveroo también era parte del mercado, solo operaba con autónomos, situación que cambió en 2021. Con la aprobación de la ley rider viró hacia un modelo laboral, el que hoy mantiene para los coches VTC. No hay autónomos, pero tampoco empleados directamente por la compañía, así que operan con subcontratas. Entonces Glovo no se movió, persistió en su operativa de autónomos, lo que cambió poco después la estrategia de Uber Eats.
En agosto de 2022 anunció un nuevo giro: ante la persistencia de Glovo, Uber Eats volvía a abrir la puerta a los repartidores por cuenta propia. Pasaba a un modelo híbrido, en el que unos repartidores son asalariados vía flotas y otros son autónomos. La otra gran empresa, Just Eat, mantuvo el rumbo y persistió en su modelo de asalariados. Glovo opera plenamente con asalariados desde el 1 de julio, mientras prosigue el proceso penal contra su máximo dirigente, acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores.
Esa amenaza penal es la que, atendiendo a lo expresado por el ministerio que dirige Yolanda Díaz, puede esquivar Uber Eats con esta decisión. En diciembre del año pasado, fuentes del ministerio precisaron que Uber Eats estaba a tiempo de enmendar su actuación y evitar que acudan a la vía penal.
Es decir, la sanción administrativa de Inspección está a punto, pero la denuncia penal contra sus dirigentes se puede desactivar si cambiaban de modelo antes de que se emitiera el expediente. Esta es la posición del ministerio, pero la denuncia podría proceder de otros actores, como los trabajadores autónomos, así que no se puede descartar esta vía aunque Uber Eats rectifique a tiempo. Las mismas fuentes han defendido en todo momento que esta compañía ha colaborado con la investigación.
El plan del ministerio, de no haberse dado el giro en Uber Eats, era denunciar en base al al primer punto del artículo 311 de Código Penal. Establece castigos a “los que, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impongan a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual”, bajo la amenaza de pena de penas de prisión de seis meses a seis años y multa de seis a doce meses.
Economía en EL PAÍS
