El tribunal declara al sindicato «responsable civil subsidiario» y tendrá que hacer frente a los pagos que no puedan asumir los cinco condenados por las facturas falsas Leer El tribunal declara al sindicato «responsable civil subsidiario» y tendrá que hacer frente a los pagos que no puedan asumir los cinco condenados por las facturas falsas Leer
Condena de cárcel y sanción millonaria para la antigua cúpula de la federación andaluza de UGT por saquear subvenciones de la Junta de Andalucía, en la etapa del PSOE, destinadas a impartir cursos de formación para los parados. La Audiencia de Sevilla condenó ayer a multas que suman 225 millones de euros a cinco ex dirigentes del sindicato, entre los que está Francisco Fernández Sevilla, el ex secretario general de UGT-A que se vio forzado a dimitir cuando EL MUNDO destapó el escándalo en 2013.
A esa suma millonaria se unen los 40,6 millones de euros que los cinco condenados deben abonar a la Junta de Andalucía como indemnización por el desvío de esa cantidad de ayudas públicas. En total, son 265,6 millones. Si los condenados no abonan los 40,6 millones, el sindicato deberá hacer frente al pago de esa suma, ya que la Audiencia lo ha declarado responsable civil subsidiario. Se da la paradoja de que UGT-A tendría que pagar esa cuantía millonaria a la Junta, mientras sigue recibiendo subvenciones de la Administración andaluza.
Es llamativa también la elevada cuantía de las multas y la indemnización que han recaído en este caso de corrupción, muy superior a las subvenciones desviadas por los antiguos responsables del sindicato. En otros casos de corrupción, como la trama Gürtel, el ex tesorero del PP Luis Bárcenas fue condenado en 2018 a 33 años de cárcel y a una multa de 44 millones. En la pieza principal de los ERE, considerado uno de los mayores casos de corrupción, no se fijó ninguna multa y ninguno de los ex altos cargos ha tenido que hacer frente al pago de ninguna cantidad.
Los otros condenados en el caso UGT-A son tres ex altos cargos del sindicato: el exvicesecretario general de administración de UGT-A Federico Fresneda; la que fuera secretaria de gestión económica del sindicato María Charpín; y el entonces consejero delegado de la entidad Soralpe Enrique Goicoechea. La quinta condenada es la antigua responsable del departamento de Compras de UGT-A Dolores Sánchez. Cada uno de ellos ha sido condenado a tres años de cárcel por delitos de falsedad y fraude en la gestión de las subvenciones y una multa de 50 millones, salvo Dolores Sánchez, que, como cómplice, fue condenada a seis meses de cárcel y multa de 25 millones.
La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla justifica las penas por la «gravedad» de las conductas, la elevada cuantía de lo defraudado, el perjuicio causado a los trabajadores a cuya formación estaban destinadas las subvenciones y en general para la sociedad y la «alarma social que producen actuaciones delictivas como las ahora sentenciadas, y más cuando son ejecutadas por agentes sociales a los que, precisamente, se les conceden las subvenciones por su proclamada defensa de los intereses de los trabajadores y desempleados».
Los jueces rechazan, además, como atenuante que se haya reparado el daño, como habían alegado las defensas tras invocar el acuerdo alcanzado entre la Junta y el sindicato para devolver parte de lo defraudado a plazos durante 25 años a través de los múltiples procedimientos de reintegro abiertos por la administración autonómica. A este respecto, la sentencia apunta que ese acuerdo no implica el pago total de las ayudas desviadas y recuerda que el propio sindicato tiene impugnados muchos de esos procedimientos. El sindicato, afirma el tribunal, «no ha hecho esfuerzo alguno en reparar el daño causado al erario público en este procedimiento».
«Se ha abonado hasta este momento una exigua cantidad respecto de la indemnización solicitada por la entidad pública perjudicada […], condicionando su pago a unos plazos lejanos en el tiempo (25 años) y de futuro incierto, así como a unas decisiones cuya viabilidad se desconocen por este tribunal». Además, «el acuerdo entre la UGT-A y la Junta no contempla la responsabilidad exigible a los autores y demás responsables del delito de fraude de subvenciones, quienes no han realizado el más mínimo esfuerzo en reparar el daño causado, por lo que no cabe apreciar en ellos la atenuante solicitada».
La Audiencia absolvió en esta misma sentencia a otros nueve acusados que eran proveedores habituales del sindicato ya que, «no consta acreditado que tuvieran conocimiento del destino que iba a darse a los descuentos, comisiones o rappels que habían acordado y concedido al sindicato».
Los hechos juzgados se produjeron entre 2009 y 2013 cuando, por decisión de la dirección de UGT-A, se pusieron en marcha una serie de procedimientos contables para, a través de las facturas que se cursaban con los proveedores, conseguir una vía de financiación extraordinaria y fraudulenta para pagar los gastos de estructura del sindicatos, con cargo a esas subvenciones públicas cuyo fin era la formación de trabajadores y desempleados.
A través de esta «mecánica defraudatoria», imponían a sus proveedores unos descuentos, comisiones y rappels que no figuraban en las facturas que luego se presentaban como justificantes de las subvenciones ante la Junta de Andalucía, con lo que se obtenía un margen (la diferencia entre lo declarado y lo realmente abonado a los proveedores) que se quedaba el sindicato.
También se elaboraban facturas por conceptos genéricos con bienes que se valoraban por encima de su coste real o sencillamente no se habían adquirido. Todo ello generaba un «bote» que «pasaba a engrosar una cuenta acreedora a favor de UGT-A con dichas empresas», «con lo que se culminaba el procedimiento de distracción para fines propios del sindicato de las cantidades recibidas por la Administración, y que estaban previstas para un destino totalmente diferente de interés sociolaboral».
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