La indignación y el shock inicial ha dejado paso a una estrategia pausada. El Gobierno ya está digiriendo el duro golpe que le propinó el jueves el Tribunal Supremo, que condenó al fiscal general, Álvaro García Ortiz, y ahora se prepara para reaccionar con contundencia pero sin aspavientos. Este domingo Pedro Sánchez tendrá su primera respuesta directa, en Johannesburgo, en la rueda de prensa final tras el G20. Pero el principal movimiento no será declarar una guerra abierta con declaraciones, sino una jugada más de fondo: nombrar rápidamente un nuevo fiscal general indiscutiblemente progresista, con prestigio en la carrera, alguien que sea visto como un gesto de autoridad.
El Ejecutivo intentará relevar a García Ortiz con un nombre fuerte y cree que los jueces se desacreditan y reunifican a la izquierda. El PP ve a Sánchez acorralado y agónico
La indignación y el shock inicial ha dejado paso a una estrategia pausada. El Gobierno ya está digiriendo el duro golpe que le propinó el jueves el Tribunal Supremo, que condenó al fiscal general, Álvaro García Ortiz, y ahora se prepara para reaccionar con contundencia pero sin aspavientos. Este domingo Pedro Sánchez tendrá su primera respuesta directa, en Johannesburgo, en la rueda de prensa final tras el G20. Pero el principal movimiento no será declarar una guerra abierta con declaraciones, sino una jugada más de fondo: nombrar rápidamente un nuevo fiscal general indiscutiblemente progresista, con prestigio en la carrera, alguien que sea visto como un gesto de autoridad.
“Lo que tenemos que hacer es seguir gobernando, ejercer nuestras competencias, nombrar un nuevo fiscal, seguir adelante. Esa es la mejor respuesta”, sentencian fuentes de la cúpula del Ejecutivo. Hechos más que palabras. Para estas últimas se ha dejado que sea Óscar López, ministro y rival directo de Isabel Díaz Ayuso, quien vaya más fuerte. “Ninguna sentencia judicial, por injusta que sea, va a tapar la verdad de lo que está pasando en la Comunidad de Madrid, ninguna. Una cosa es acatar y otra cosa es callar. Nadie nos va a callar en denunciar los chanchullos de Ayuso y de su entorno, nadie”, remató el candidato madrileño socialista. La vicepresidenta Yolanda Díaz también fue directa, y acusó a una parte de los jueces de “suspender sus funciones constitucionales para intervenir en política”.
No es seguro aún, porque depende de la dimisión de García, que no se ha producido de momento, o de que se adelante la comunicación de la sentencia del Supremo, pero este martes el Consejo de Ministros está preparado por si tiene que nombrar ya al nuevo fiscal general, lo que mostraría esa normalidad y esa continuidad que Sánchez también ha querido trasladar manteniendo su agenda internacional con un G20 este fin de semana y una cumbre UE-Unión Africana el lunes en Angola. Desde allí, el presidente seguirá las decisiones por si hay que rematar el nombre del nuevo fiscal para el mismo martes o ya la próxima semana.
Sánchez se mueve tanto que muchos momentos decisivos le pillan de viaje. El jueves estaba en el helicóptero de Ceuta a Málaga cuando el Supremo condenó a García: se enteró al aterrizar. En Sudáfrica estaba también cuando tuvo su mayor crisis con Feijóo, en 2022, cuando rompieron la negociación para renovar el Consejo del Poder Judicial. La relación nunca se recuperó. Ahora es Félix Bolaños, ministro de Justicia, quien pilota la decisión y planteará al presidente las opciones para decidir el nuevo o nueva fiscal.
Ninguna de las fuentes del Ejecutivo consultadas niega la gravedad de la situación. En La Moncloa interpretan la condena, según su visión sin ninguna prueba, como una nueva y definitiva declaración de guerra del Supremo y en especial de su factótum, el juez Manuel Marchena. Un hombre al que Pedro Sánchez planteó en 2018 como candidato a presidente del Consejo General del Poder Judicial. Aquel nombre se frustró porque el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, dijo que con él el PP iba a “controlar por detrás la sala segunda del Supremo” y ahora se ha convertido, a ojos del Ejecutivo, en una especie de líder de la oposición real, la judicial, porque en La Moncloa sostienen que el PP no es capaz de desgastar al Gobierno.
En el Consejo de Ministros hay división de opiniones sobre la manera de afrontar la crisis, algunos quieren ir más duro y entrar de forma directa a la guerra con los jueces que han tomado esta decisión, otros prefieren la prudencia y actuar con hechos, no con palabras altisonantes. También se discute internamente sobre la estrategia seguida en la justicia, con un acuerdo con el PP para renovar el CGPJ que algunos sectores critican ahora mientras el presidente y Bolaños defienden con vehemencia que fue la única salida posible.
Pero por el contrario hay un consenso casi total en el análisis sobre la condena a García. Para todos los ministros consultados, de distintos sectores, no es solo un desafío y un intento claro por debilitar al Gobierno y forzar su caída. Señalan, además, que es un error estratégico enorme que reunifica a la izquierda. “Les ciega el odio. No han calculado las consecuencias. Han hundido el prestigio del Supremo, todo el mundo ha podido ver que no había pruebas. Han optado por hacer política, no justicia. Y han unido a toda la izquierda y le han dado una gran baza a Sánchez, que desde 2017, desde que luchó contra el establishment del PSOE para volver a la secretaría general, tiene el mismo relato de un hombre contra el que los poderosos juegan sucio. Es cierto y el mundo progresista lo sabe, por eso sigue teniendo tanto tirón ocho años después”, señala uno de ellos.
Otro miembro del Gobierno también piensa que les puede salir mal la jugada. “Feijóo cree que su estrategia de oposición judicial le está funcionando. Nuestros datos dicen lo contrario. El único beneficiado es Vox. Están haciendo un daño inmenso a las instituciones y ni siquiera están sacando un beneficio político de ello. Es la definición de estupidez humana de Cipolla”, señala, en referencia al historiador italiano que planteó, en sus “leyes básicas de la estupidez humana”, que una persona es estúpida si causa daño a otras personas o grupos sin obtener ganancia alguna o perjudicándose a sí misma.
En el PP, por el contrario, están convencidos de que este es un golpe casi mortal en la línea de flotación del desgaste imparable de Sánchez. Y creen que se suma a los escándalos de corrupción en una agonía final que él decidirá cuánto prolongar. Al PP no le preocupa tanto que todo esto pueda beneficiar a Vox, porque lo más importante es que la derecha sume y no pase como en 2023, cuando se quedaron a cuatro escaños de la absoluta. Ahora ellos se quedan con las encuestas que les dan más de 200 con Vox, y no les preocupa tanto el reparto en el bloque. “El PSOE ha pasado de ser el partido de Felipe González al de La Paqui. De ser el gran partido de la transición al de las chistorras. Nosotros seguiremos disfrutando del desgaste del Gobierno mientras diseñamos la España que viene”, resumen en la cúpula.
En La Moncloa no preocupa nada Feijóo, al que ven débil y dominado por una pinza entre Vox y Ayuso. Pero sí los jueces. O algunos jueces. Los más poderosos, los del Supremo, y en especial Marchena. En la visión del Ejecutivo, el que fuera durante 10 años presidente de la sala de Lo Penal y el líder de la sentencia del procés sigue mandando en la sombra. Tanto que ha logrado que el nuevo presidente de esa sala, Andrés Martínez Arrieta, se sume a una condena al fiscal general que no veía clara hace unas semanas, según diversas fuentes.
Un miembro del Gobierno habla claramente de este hombre como la figura clave. “Marchena no nos perdona la ley de amnistía. Cree que con ella hemos destruido su gran obra, la sentencia del procés. Pero han ido demasiado lejos. Es un mensaje sin marcha atrás. Vienen a por nosotros, y no disimulan. Tenemos una democracia tutelada”, se indigna.
El problema ahora es que el choque institucional va a seguir y se va a agravar. Bolaños ya apuntó, y probablemente Sánchez lo hará también, que hay otras instancias. Esto es: el Tribunal Constitucional. ¿Y qué pasará si el Constitucional, con mayoría progresista, enmienda la plana de nuevo al Supremo y da la razón al fiscal general? ¿La derecha judicial y política pedirá el mismo respeto a su decisión que reclama ahora para el Supremo?, se preguntan en el Ejecutivo. Probablemente no. Será un nuevo choque de trenes. Y los dos tribunales quedarán atacados por uno y otro lado.
Lo que está bastante claro es que ya no habrá ninguna tregua. La guerra seguirá mientras Sánchez esté en La Moncloa. Y ahora vienen los juicios contra su hermano y en el futuro contra su mujer. Y en este ambiente entre los jueces, las condenas se dan por hechas. De hecho el presidente está extremando la cautela para evitar que le puedan abrir una causa a él por algo que diga o haga. Es lo que hizo en una dura comparecencia en el Senado hace tres semanas. Sus reiterados “no me consta” no eran tanto una forma de esquivar a la oposición como una recomendación de su equipo jurídico, porque el PP estaba intentando denunciarle por falso testimonio.
La situación de tensión entre el poder ejecutivo y el judicial es extremadamente delicada y llega además con un Poder Judicial controlado por la derecha, aunque no totalmente, porque hay que pactar los nombramientos más delicados. En el Ejecutivo muchos señalan a Margarita Robles, ministra de Defensa y ex jueza del Supremo, como la artífice de distintos pactos en los últimos 30 años que han llevado a un dominio absoluto de la derecha judicial en el máximo tribunal. Aunque lo más importante para ese desequilibrio es la estrategia del PP de bloquear la renovación cuando está en la oposición para seguir nombrando jueces con la mayoría anterior y después ofrecer un pacto de 10 a 10, como el actual, que finalmente se ha convertido en una mayoría conservadora gracias a que dos progresistas han cambiado de bando.
La guerra entre el Gobierno y un sector muy poderoso de la justicia ya no parece tener marcha atrás. Todo indica que seguirá hasta el final de la legislatura. Pero el Ejecutivo ha decidido seguir adelante y está convencido de que, lejos de debilitarle, la sensación de injusticia que se ha instalado en la izquierda puede reforzar su mensaje. El tiempo dirá cuál será el efecto político de esta polémica condena al fiscal general. Pero de momento nada indica que vaya a lograr tumbar al Gobierno, como pide la oposición.
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