Considera que la resolución se adoptó en uso de la «autonomía universitaria» y de acuerdo con la valoración de los hechos realizada por la ONU Leer Considera que la resolución se adoptó en uso de la «autonomía universitaria» y de acuerdo con la valoración de los hechos realizada por la ONU Leer
La Justicia ha avalado la decisión de la Universidad de Granada (UGR) de suspender los acuerdos con centros académicos y de investigación de Israel, en señal de repulsa por la guerra en Gaza. El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Granada ha desestimado el recurso que había interpuesto la organización Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) contra esa resolución, y ha dado por buenos los argumentos de la UGR en defensa de la ruptura con las instituciones israelíes.
La sentencia, difundida este lunes por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que también fue demandada en esta causa, rechaza las alegaciones de los recurrentes, que pidieron que se anulara, entre otros puntos del acuerdo, la prohibición que afectaba a la movilidad y el intercambio de docentes, alumnos o investigadores entre la Universidad de Granada y las instituciones de Israel, dado que se podrían producir «daños irreparables» a los afectados.
Dice el fallo judicial que la autonomía universitaria, amparada en el artículo 27.10 de la Constitución, «habilita a la Universidad de Granada a adoptar decisiones en el ámbito de sus competencias, con un amplio margen de discrecionalidad (motivada) para hacer efectivos los fines y principios que le son propios» y entre los que se encuentran acciones en defensa de la paz.
Además, subraya que las motivaciones alegadas por la UGR se basan en el dictamen de «cualificadas organizaciones internacionales», que «han puesto de manifiesto la asimetría de la situación en el actual conflicto de Gaza», donde «una de las partes en conflicto está actuando de forma desproporcionada». Como ejemplo de esos pronunciamientos, cita la resolución de la Asamblea General de la ONU que exige a Israel «poner fin a su presencia ilegal en el territorio palestino ocupado» y que «cumpla sin demora todas sus obligaciones legales en virtud del derecho internacional». A este respecto, recuerda que la relatora de la ONU, Francesca Albanese, afirmó entonces que «el mundo está siendo testigo del primer genocidio mostrado en tiempo real por sus víctimas».
Por otro lado, el juez se muestra de acuerdo con la UGR en cuanto al «limitadísimo efecto de las decisiones adoptadas, su carácter provisional, su motivación en los fines expuestos en relación con la situación de conflicto asimétrico que se ha apreciado por organismos internacionales, y la necesidad de tomar algún género de medida para, siquiera sea, intentar tales propósitos, aunque evidentemente con ello no vaya a finalizar la guerra«.
Asimismo, la sentencia niega que el cese de las relaciones pueda abundar en la «estigmatización abstracta de los ciudadanos de Israel». Descarta, además, que se pueda generar una discriminación por razón de nacionalidad o credo, ya que puede afectar a israelíes, pero también a personas de otras nacionalidades como los propios alumnos y el personal de la UGR. Tampoco supone una «privación o restricción del derecho de transmisión de la enseñanza universitaria con la necesaria libertad por parte de los docentes, pues no contiene carga doctrinal alguna, ni restricción o imposición de contenidos, valores o procedimientos».
El acuerdo impugnado se adoptó en mayo de 2024, tras numerosas movilizaciones impulsadas por los alumnos de la universidad y la Red Universitaria por Palestina de Granada, que reclamaban una postura institucional frente al genocidio en Gaza.
La sentencia no es firme aún y contra ella se puede presentar un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Andalucía // elmundo
